Escribe Ernesto Tamara.

La decisión del Senado argentino de rechazar la instauración de las retenciones móviles a las exportaciones de soja, significó una victoria para los sectores terratenientes que controlan la producción y una derrota a lapropuesta oficialista de incentivar la industrialización de la producción agropecuaria, además de una derrota política del gobierno y que promueve la inestabilidad institucional

En las horas posteriores a la resolución del Senado circularon rumores, nunca desmentidos, de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había planteado renunciar, y que fue convencida de mantenerse en el gobierno para no profundizar la crisis.

Ahora se espera que el Ejecutivo adelante algunas medidas políticas y económicas que ya tenía decididas, para retomar la iniciativa, entre las que destacan aumento del gasto social en aumento de salarios y jubilaciones, y modificaciones en el gabinete de acuerdo a las actitudes de los sectores partidarios en la votación.
36 a 36 no fue un empate.

Tras la resolución del Senado, con el decisivo voto en contra del vicepresidente de la república, Julio Cobos, al desempatar una votación en 36, la presidenta Cristina Fernández resolvió no insistir con el proyecto de retenciones móviles -conocida como la Resolución 125- y volver al sistema impositivo anterior.

Desde el año 2002 existe una retención fija a las exportaciones de soja del 35%. La propuesta del gobierno fue aumentar esas retenciones a medida que el precio internacional del producto aumentaba, y al mismo tiempo disminuía en la medida que el producto se industrializaba. También se pretendía estimular la producción de otros productos agropecuarios y limitar la tendencia al monocultivo.

Los grandes productores rurales festejaron con estridencia el resultado y se apresuraron a dar por concluído el conflicto. Sin embargo, los pequeños y medianos productores que comienzan ahora a entender algunas de las ventajas propuestas por el proyecto derogado, quieren apoyo para seguir planteando otras demandas, como una reducción mayor de las retenciones. Ahora queda vigente una retención igualitaria para grandes y pequeños productores.

Los productores habían amenazado con continuar los paros y cortes de rutas en caso de que el Congreso hubiera aprobado las retenciones móviles. La presidenta había abandonado la decisión de aprobar las retenciones móviles por decreto presidencial y buscó la sanción en el Congreso para darle mayor respaldo y terminar con el conflicto. Una ilusión, no tanto por el resultado, sino por la posición de las gremiales de seguir el conflicto aunque tuviera sanción del congreso.

¿Juntos y entreverados?

Desde fuera llama la atención la unidad de las diferentes gremiales argentinas, donde aparecen unidos los terratenientes de la Asociación Rural y los pequeños y mediados productores de la Federación Agraria. Es que en Argentina se está dando un fenómeno que se extiende en la región: empresarios arriendan los campos para producir soja, y pagan según las rentas exportadoras. Así los pequeños y medianos productores entran en alianza con los grandes terratenientes para defender sus ingresos indirectos, pese a no participar de la producción ya que no manejan lo que producen en sus tierras. Por eso mismo, la propuesta del gobierno de devolver retenciones a los pequeños y medianos productores no provocó entusiasmo, ya que a la hora de exportar, no aparece el origen de la soja, ya que estos empresarios que arriendan decenas de predios, exportan todo el volumen en conjunto y no en partidas según en predio donde lo produjo. Sin embargo aún quedan algunos medianos y pequeños productores independientes.

La politóloga uruguaya Constanza Moreira recordó que "En el país (Argentina) existen 330 mil productores agropecuarios, de los cuales 70 mil son los involucrados en la protesta. Sus predios se centran en la llamada "pampa húmeda" que incluye a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y parte de Córdoba (ver Brecha, 17/7). Allí se concentra el 88% de la producción de soja y el 89% de los productores. La inmensa mayoría de los productores rurales, sin embargo, son pobres, viven en sus predios, y son los que alimentan al mercado interno. A ellos no los afectan las retenciones móviles. A quienes afectan, es a los que exportan, y a la red que está vinculada los exportadores. Especialmente afecta a los exportadores de soja".

Moreira subraya que "Según datos de Página 12 (13/7), la protesta está concentrada en los propietarios de grandes extensiones en la provincia de Buenos Aires, vinculados al modelo de agronegocios, que cobró auge desde mediados de los años 90, constituidos mayormente por familias de la aristocracia. De estos grupos, que reúnen en total más de un millón y medio de hectáreas, existen unos 3 mil propietarios con más de 2.500 hectáreas, 800 de los cuales tienen entre 2.500 y 5 mil, 240 entre 7 y 9 mil, y más de 100, entre 10 y 20 mil hectáreas. Al igual que en Paraguay, y que en Brasil hace ya tiempo, cuando el modelo se consolidó, resultó en la expulsión de los pequeños propietarios, que se vieron obligados a vender sus tierras. Los sucesivos lockouts de las entidades ruralistas no vienen a cuestionar este modelo agrícola, sino a reafirmarlo".

Curiosamente, la protesta de los grandes terratenientes -los más perjudicados por las retenciones móviles- logró el apoyo de pequeños y medianos productores, de sectores de la izquierda radical que no confían en el gobierno y que reclaman un federalismo a ultranza -que en algunos casos se puede asimilar a los reclamos autonomistas en otros países de la región- y logró dividir al gobierno, esencialmente al votar el vicepresidente contra un proyecto furiosamente defendido por la presidenta, y además, dividir a la bancada del oficialismo, ya que algunos legisladores fieles a Kirchner votaron contra las retenciones.

Algunos sectores sociales y de izquierda proclamaron neutralidad en el conflicto agrario, "ni con el gobierno ni con la olgiarquía" pintaban en los muros de las calles, otros reconocían la validez del proyecto de retenciones móviles, pero desconfiaban de que lo recaudado por ese nuevo impuesto fuera volcado al gasto social y el empleo.

La oposición política a las retenciones móviles nucleó sin fisuras a toda la derecha argentina y algunos grupos de centro izquierda o izquierda. Así, entre las figuras más radicalizadas contra la Resolución 125 estaba Elisa Carrió, ex candidata presidencial, el ex presidente peronista Eduardo Duhalde que en un momento apoyó al ex presidente Néstor Kircher y que ahora aparece conformando un núcleo dentro del peronismo para oponerse al actual gobierno. Los dirigentes peronistas y ex gobernadores, los hermanos Rodríguez Saa vinculados al ex presidente Carlos Menem, el ex gobernador de Santa Fé, también peronista de derecha, y ex corredor de Fórmula Uno, Carlos Reutemann. También estaba el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, y probable presidenciable en el futuro de la derecha, Mauricio Macri, el ex candidato derechista Ricardo López Murphy.

Para muchos analistas, la derrota del proyecto oficialista en el Senado, y la reagrupación de fuerzas de derecha, dentro y fuera del peronismo que tomaron las banderas de no a las retenciones, muestra que la derecha argentina está reacomodándose nuevamente después de la crisis de diciembre de 2001 cuando el presidente Fernando de la Rúa dejó el gobierno bajo el grito de las protestas populares de que "se vayan todos".

También la interna peronista se ha conmovido y la posición del ex presidente Néstor Kirchner de encabezar un partido unitario y disciplinado con sus posiciones, se ha desvanecido. El ex presidente Eduardo Duhalde, que había aclarado que abandonó la política partidaria activa, ha comenzado a reunirse con legisladores, sindicalistas y figuras del peronismo, en lo que parece ser el inicio de un nuevo agrupamiento político.

Como resultado de esta crisis interna y el marco externo de la lucha contra las retenciones, la central sindical peronista CGT, se dividió nuevamente, esta vez entre los sectores dirigidos por el líder camionero Carlos Moyano por un lado, y el gastronómico Barrionuevo por nuevo. El mismo Barrionuevo que siendo ministro de Trabajo de Carlos Menem dijo que tenían que dejar de robar un par de años para mejorar la situación del país.

Cobos decidió

El vicepresidente Julio Cobos, expulsado de la Unión Cívica Radical por haber aceptado integrar la fórmula con Cristina Fernández, sólo vota para desempatar en el Senado, según la constitución argentina.
Antes de que llegara el proyecto al Senado, ya Cobos había declarado discrepancias con el proyecto oficial y había recibido fuertes críticas de otros miembros del gabinete que le exigieron mantener la línea del Ejecutivo que integra.

"No estoy traicionando a la presidenta. Que envíe otro proyecto. Quiero que se alcance un consenso. La historia me juzgará", dijo un emotivo Cobos al manifestar su voto discrepante en la Cámara alta que había finalizado con un empate a 36.

Sostuvo que no se le "cruza renunciar, porque sería traicionar la voluntad popular", aunque volvió a marcar distancia del oficialismo. "Deben comprender que venimos de un espacio político distinto, yo no soy un hombre del peronismo y puedo tener opiniones divergentes", dijo el vicepresidente.
Antes del voto determinante, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, calificó de increíble que un vicepresidente vote en contra de su propio gobierno, salvo "que lo quieran debilitar, herir de muerte o empezar a aniquilar".

En ambas cámaras del Congreso, el gobierno tiene mayoría y había logrado que el pasado 5 de julio los diputados dieran media sanción a la iniciativa (129 votos a favor y 122 en contra).
Su propuesta ratifica la Resolución 125, según la cual las alícuotas a las exportaciones de granos se mantienen por encima del 40 por ciento y serán móviles en dependencia de la oscilación de precios.

Asimismo inserta varias modificaciones para crear un régimen mejorado de resarcimientos y reintegros a pequeños y medianos productores de hasta 750 toneladas anuales de los mismos productos, para aliviar así la carga impositiva.

El rechazo por parte de las cuatro principales patronales agrarias a la medida recaudatoria desató en marzo pasado una ola de paros y cortes de ruta que provocó el desabastecimiento de alimentos a la población y de insumos a la industria. Bajo este panorama, Fernández decidió el pasado 17 de junio remitirlo al Congreso como proyecto de ley.