Escribe Ernesto Tamara.

Tras el procesamiento de la diputada Yidis Medina por el delito de cohecho, la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Corte Constitucional que revise el Acto Legislativo que permitió la reelección presidencial y dejó al presidente Alvaro Uribe casi al margen de la legalidad. En tanto, el presidente Uribe pretende convocar a un plebiscito para habilitar la repitición de las elecciones del 2006.

La ex congresista fue condenada a 47 meses y 26 días de arresto domiciliario y a pagar una multa superior a 22 millones de pesos ( más de 100 mil dólares) por haber recibido prebendas burocráticas por su voto a favor del proyecto de reelección presidencial, cuando era representante a la Cámara.

Los magistrados, además, comunicaron que habían enviado una copia de la sentencia a la Procuraduría y a la Corte Constitucional al considerar que la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe "fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder". La sentencia indica que verificó las pruebas de que Medina no votó libremente el proyecto de ley.

"De lo expuesto se concluye que el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal, razón que lleva a la Corte a ordenar la remisión de copia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación para los fines que estimen pertinentes", indicó la sentencia. Es decir, que según este fallo la reelección de Uribe fue ilegal al ser producto de un acto de corrupción.

Ahora falta ver si la Corte Constitucional llega a la misma conclusión. Si la Corte Constitucional declara inconstitucional la reforma para la reelección sancionada gracias a un hecho delictivo, todos los actos legales surgidos en base a esa ilegalidad, también serían ilegales, y con ellos las elecciones del 2006. Entonces la misma Corte tendría que indicar los caminos a seguir.

"Yidisgate"
La ex congresista Yidis Medina, reveló públicamente que vendió su voto por la reelección, desatando lo que la prensa denominó el "Yidisgate". Medina, quien estaba en contra de la reforma, votó a favor, y el proyecto de reelección fue aprobado por 18 votos contra 16 en 2004, abriendo el camino para el plenario del congreso, dominado por el oficialismo. Además de Medina hay otros funcionarios investigados.

La Procuraduría General elevó cargos contra el ex ministro y embajador Sabas Pretelt de la Vega; el ministro de la Protección Social, Diego Palacio; el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, Jorge Noguera; el ex superintentende de Notariado y Registro, José Felix Lafourie y el ex jefe de asuntos políticos del Ministerio del Interior, Hernando Angarita.

Según la Procuraduría, todos ellos ejercieron las potestades que sus empleos les daban "para una finalidad distinta" e influyeron en Yidis Medina durante el proceso en el que se aprobó la reelección en el Congreso
Pretelt y otros funcionarios niegan los señalamientos y aseguran que fue Medina quien los contactó para ofrecer su voto a cambio de prebendas, y que como no las consiguió denunció el caso.

Tres investigaciones a la legalidad de la reelección
Además del reciente planteo de la Corte Suprema de Justicia, la legalidad de la reelección del presidente está también a investigación en el Congreso. El pasado 3 de junio, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes anunció la apertura de investigación preliminar al presidente Uribe por el supuesto delito de cohecho.

El mandatario fue denunciado por el senador Luis Carlos Avellaneda y varios congresistas del Polo Democrático, el pasado 29 de abril. Al dar las prebendas, supuestamente el mandatario se habría beneficiado porque consiguió la modificación de la Constitución que permitió su reelección, sostiene la denuncia.
Una tercera investigación ya está en proceso en la Corte Constitucional después de una denuncia presentada por una ONG el pasado 17 de junio.

La organización presentó una solicitud de revisión y nulidad de la sentencia de 2005 que declaró constitucional a reelección, con dos argumentos principales: que el Congreso que aprobó la reelección estaba infiltrado por los 'paras' en una alta proporción y, sobre todo, por las revelaciones hechas por la recién condenada ex congresista Yidis Medina, que asegura que vendió su voto por la reelección.

Cuando sólo existía el reclamo de la ONG, la mayoría de los analistas políticos y constitucionales, no creían posible que la Corte revisara su sentencia de declarar constitucional la reelección. Según los especialistas, en 10 mil casos tratados, la Corte jamás revisó sus fallos en sus 17 años de existencia. Sin embargo ahora deberá tener en cuenta el fallo y pedido de la Corte Suprema de Justicia tras la sentencia contra Yidis Medina.
Uribe ataca la Corte Suprema de Justicia.

Apenas conocida la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar la consulta a la Corte Constitucional sobre la legalidad de la reelección, el presidente Uribe lanzó una ofensiva descalificadora contra los jueces.
Uribe sostuvo que el delito de cohecho no existió, que la congresista Medina mintió varias veces, que intentó chantaje a ministros y hasta a uno de sus hijos y que su versión carece de veracidad. Además denunció que la Corte selecciona sus casos y es negligente para investigar, por ejemplo, los supuestos vínculos de la guerrilla izquierdista con los parlamentarios.

Sostuvo que el fallo es "un abuso de poder" y tiene como objetivo "desvirtuar la transparencia democrática".
Molesto, Uribe se preguntó por qué la Corte no ha indagado por una declaración del máximo jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, según la cual su organización también había infiltrado instituciones como la Corte Suprema.

En varias oportunidades el Presidente ha señalado la falta de credibilidad de la ex parlamentaria que ha cambiado sus versiones, como cuando negó haber llamado al hijo del presidente a presionarlo con favores, y luego de que se hiciera público el récord de sus llamadas, tuvo que admitir que en realidad sí lo había llamado. Lo que no se explica es por qué el Presidente no denunció entonces a Yidis, si esta en realidad lo estaba presionando sin razón alguna.

Por este incidente, la Prouraduría le abrió una investigación al Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, por la presunta violación a la reserva sumarial. Palacio reveló números de teléfonos, desde donde supuestamente Medina llamó a un hijo del Presidente a presionarlo.

Según diversas imputaciones recogidas por el procurador Edgardo Maya, Palacios incurrió en una irregularidad por haber revelado detalles del expediente que lo vincula con el presunto delito de cohecho. La irregularidad más clara ocurrió cuando Palacio hizo públicos los números celulares donde se confirmaba que Yidis Medina sí había llamado a Tomás Uribe, el hijo del Presidente.

No es la primera vez que Uribe interviene en el Poder Judicial y viola la independencia de poderes. Ya a fines del pasado año se conoció que cuando la justicia convocó a su primo, el senador Mario Uribe a prestar declaraciones por su vinculación con los grupos paramilitares, el presidente llamó desde Estados Unidos -donde se encontraba de visita- a un ministro de la Corte Suprema para interesarse por el caso. Uribe negó después haber efectuado esta llamada, pero el ministro de la Corte la había grabado, dejandolo en evidencia. Mario Uribe está detenido después de intentar buscar asilo político en la embajada de Costa Rica en Bogotá.

El discurso de Uribe
El vienes en la noche Uribe se dirigió al país para cuestionar el fallo. Su discurso completo fue: "Compatriotas, las decisiones anunciadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, me obligan a expresar al país lo siguiente:

1. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se basa en la autoincriminación por el delito de cohecho, de una persona de claros antecedentes delictivos, para presionar indebidamente, mediante abuso de poder y usurpación de competencias, a otros órganos de administración de justicia, a fin de acusar a funcionarios honestos como parte del supuesto cohecho. También con el propósito de desvirtuar la transparencia democrática en la aprobación del Acto Legislativo de reelección presidencial, al acusar esta decisión de desviación de poder.

2. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha desestimado elementos probatorios que le han sido presentados, conocidos por la opinión pública, para demostrar que el delito de cohecho no se dio, y que la persona autoincriminada cometió otros delitos, como la periódica extorsión a funcionarios públicos, tal cual lo concluiría cualquier observador objetivo.

3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha llegado al extremo de presionar al Presidente de la República, a través de carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas. Esa carta fue ampliamente difundida por los medios de comunicación.

4. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplica justicia selectiva. Proceder que atemoriza a su juez constitucional, que es el Congreso de la República.

5. He ejercido la Presidencia de la República con amor a Colombia, con el único propósito de servir bien al interés general. He querido luchar por un país seguro, próspero y equitativo. La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial.

6. En consecuencia, el camino correcto debe ser la regla democrática. Convocaré al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo, que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006, con idénticas o mayores restricciones para el Presidente, que aquellas que en su momento impuso la Ley de Garantías".

Denuncias contra Corte
Tras los cuestionamientos de Uribe a la integridad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia basada en las declaraciones de Mancuso sobre la infiltración paramilitar en ese órgano, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara por los presuntos nexos entre los magistrados y el narcotraficante Giorgio Sale.

Restrepo le solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que esa investigue penalmente a los magistrados de la Corte Suprema por sus vínculos -ya reconocidos- con Giorgio Sale, preso en Italia por narcotráfico y socio del ex paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado el 13 de mayo a Estados Unidos.
Restrepo también pidió que se indague la cercanía de miembros de ese alto tribunal con Ascencio Reyes Serrano, dueño de una agencia de viajes con nexos comerciales con José María Ortiz, señalado narcotraficante, también extraditado a Estados Unidos

Según el Comisionado de Paz, hay testimonios que señalan que fue Reyes quien relacionó a Giorgio Sale con la Corte Suprema. Aseguró que en un fallo 'histórico', la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema absolvió del cargo de lavado de activos a los ciudadanos italianos Brígida Troiano, Roberto Di Giovandoménico y Davide Di Britetto, "reconocidos hombres al servicio de Giorgio Sale", a quienes se les encontraron más de 398 mil dólares camuflados en abrigos y chalecos. Y agregó que 10 meses después, por hechos idénticos, un ciudadano colombiano fue condenado por lavado de activos.

En su denuncia, Restrepo también llama la atención en el hecho de que Mancuso aseguró a medios de comunicación que su organización criminal había infiltrado varias instancias del poder, incluida la Corte Suprema.

Horas antes, el propio presidente Uribe había hecho mención del caso, justificando con él su afirmación de que la Corte era selectiva a la hora de investigar, pues este episodio aún no ha sido indagado.
El mismo viernes, el ministro de Protección Social, Diego Palacios, radicó ante la misma instancia una la petición para que se abra una investigación por falsas imputaciones contra los magistrados en el proceso que se adelantó contra la ex congresista Yidis Medina.

Para la Sala Penal de la Corte es claro que la ex congresista recibió dádivas a cambio de su voto a favor del acto legislativo que permitía la reelección presidencial. No obstante, tanto el ministro Palacio como el presidente Uribe han dicho que Medina extorsionó a varios funcionarios del gobierno y que eso no constituye un cohecho.

Repetir las elecciones del 2006
El presidente Uribe quiere convocar a un plebiscito para que lo autoricen a repetir las elecciones del 2006, aunque el período de gobierno concluirá de todas maneras en el 2010.

La jugada de Uribe, es una aceptación indirecta de la ilegalidad de su elección, pero al mismo tiempo que desconoce el veridicto y legitima los casi 3 años que ya lleva en el poder ilegalmente, establece el peligroso antecedente de eludir los fallos judiciales con dudosas consultas ciudadanas, politizando la justicia.

El nuevo ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, fue encargado por el presidente como ministro delegatario y se le asignó la misión de preparar, de manera inmediata, la pregunta que se hará a los colombianos, a través del referendo. En tanto, el Congreso no discutirá la propuesta de Uribe hasta mediados de julio.
La presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, reveló que ya conversó con el presidente Uribe y que le manifestó que la convocatoria extraordinaria para tratar la iniciativa presidencial, no podrá realizarse hasta cerca del 20 de julio, día en el cual inician las sesiones ordinarias. Un Congreso que tiene muy baja estima popular, y casi una cuarta parte de sus miembros suspendidos o presos por sus vínculos y acuerdos con los grupos paramilitares.

25% congresistas presos o suspendidos
Según un estudio realizado por el centro de investigación Congreso Visible y citado por la revista Semana, en 2006 salieron elegidos 268 congresistas, pero por la crisis que forzó la salida de muchos y también por el viejo carrusel creado por los mismos congresistas para turnarse la curul entre varios, se sentaron en las curules 317 congresistas durante estos dos años de ejercicio. El 19 por ciento de los parlamentarios (52) cedieron la curul y de éstos, dos de cada tres, estaban siendo investigados por la Corte y de la Fiscalía.

Para muchos esta es la peor crisis de la democracia colombiana, peor que el denominado Proceso 8.000 cuando decenas de congresistas terminaron condenados por recibir dinero del Cartel de Cali para financiar sus campañas electorales en 1994.

Esta vez no sólo recibieron dinero para sus campañas, sino que esta vez los paramilitares asociados a la droga, presionaron, asesinaron, y obligaron a votar por los políticos con los que tenían acuerdos, y a su vez los paramilitares recibían recursos de los gobiernos locales que controlaban sus asociados.

De los 268 miembros del Congreso, dos años después de su elección más de la mitad de han sido nombrados en el proceso de investigación de la parapolítica y 31 tuvieron que ser reemplazados debido a que las acusaciones penales en su contra los enviaron a prisión.

El 92 por ciento de los reemplazos motivados por la parapolítica corresponden a fuerzas políticas que conforman la alianza uribista.