Dos jóvenes de la Unión Cruceñista, organización radical de derecha, responsable de los ataques y amenazas a los indígenas en el departamento, fueron detenidos con un rifle con mira telescópica y 300 cartuchos en las cercanías del aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, poco antes del arribo del presidente Evo Morales.
Sin demasiadas explicaciones, el fiscal del caso liberó a los jóvenes inmediatamente.

El viceministro de Coordinación Gubernamental con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, explicó que "aparentemente estas personas tenían que trasladarse al edificio del cine Center, que es el más alto de la zona, cuya azotea ofrece una vista panorámica del aeropuerto El Trompillo".

Tanto silencio internacional ante el hecho se parece mucho a complicidad con los detenidos. Y no es casual. Existe una agenda de prensa internacional ordenada desde la Casa Blanca, para aislar, atacar y acabar con el gobierno de Evo Morales.

Según relata la investigadora norteamericana Eva Golinder, la Secretaria de Estado Condoleezza Rice se reunió con la junta editorial del diario Wall Street Journal. En ese encuentro, relata Golinder, los editores del periódico preguntaron: "¿qué pasó en la embajada de Estados Unidos en Bolivia y por qué habían llamado el embajador Philip Goldberg a consultas? ¿Cuál es el problema con la relación entre Estados Unidos y Bolivia? La secretaria de Estado respondió con una risa cínica y condescendiente, "El régimen boliviano es el problema."
La investigadora recuerda que los editores de los grandes diarios norteamericanos integran un Consejo de Política Exterior que discuten -mejor dicho acuerdan- con el secretario de Estado de turno la política editorial que le conviene a la Casa Blanca en sus relaciones exteriores.

Estados Unidos promueve y respalda financieramente a los movimientos separatistas, lo que ha llevado a Rice a declarar que: "El régimen en Bolivia tiene dificultades gobernando". Allí está el resultado de 120 millones de dólares invertidos anualmente en "sostener a las fuerzas democráticas" como les gusta definir a estos sectores separatistas y racistas.

La visión de Rice sobre "las dificultades" para gobernar de Evo Morales no sólo se reflejan en los titulares de la prensa norteamericana sino que rebotan, con la misma orientación, en las agencias de prensa internacionales y los grandes medios de comunicación.

Sin excepción, todos los grandes medios han informado sobre cada plebiscito autonomista en Bolivia subrayando el porcentaje de adhesión a la propuesta. Todos han buscado dar legitimidad a una consulta ilegal, y todos han ignorado el grado de abstención que en los hechos era un rechazo al autonomismo de estos sectores derechistas.

En la agenda mediática está presentar al gobierno de Evo Morales como incapaz para controlar la situación y con un movimiento opositor fuerte que tiene respaldo popular.

Pero la campaña contra Bolivia no es sólo mediática. Estados Unidos llamó a su embajador en La Paz, Philip Goldberg, tras el incidente protagonizado por manifestantes ante la sede de su embajada. Los manifestantes protestaban por la consesión de asilo a Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, al que actualmente se acusa de genocidio, y que la justicia había solicitado en extradición para juzgarlo.

Ahora el Departamento de Estado condiciona el retorno de su embajador a La Paz, lo que supone un congelamiento de las relaciones diplomáticas.

El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, dijo que "queremos asegurar que este momento de incertidumbre no se vuelva más peligroso. Queremos, en términos de relación bilateral, tener la oportunidad de entender bien lo que está pasando y luego sentarnos con el gobierno de Bolivia para determinar cómo podemos resolver nuestras dudas para seguir trabajando en La Paz", dijo Shannon.
La medida ha alentado a los prefectos de la oposición autonomista que no sólo insisten en concretar un proceso ilegal de partición del país, sino que ahora han anunciado que desconocerán el referendo revocatorio de los mandatos de presidente, vicepresidente y prefectos, sancionado por el parlamento y previsto para el 10 de agosto.

Después de imponer los estatutos autonomistas, los prefectos se niegan a comprobar ante las urnas si mantienen el respaldo popular que los impuso en el cargo, y de paso romper con la legalidad y unidad nacional, desacatando y provocando al gobierno.

Esta tensión de la situación política no puede apartarse de la captura de los jóvenes cruceñistas con un fusil para atentar contra Evo, ni del discurso desestabilizador que promueve Estados Unidos en la región. Los halcones de la Casa Blanca y sus acólitos incrementan sus acciones contra Bolivia.
Las fuerzas democráticas deben permanecer atentas para impedir que otro gobierno popular sea derribado.