Los gobiernos y parlamentos latinoamericanos no están solos en estas críticas, organizaciones sociales e instituciones internacionales han cuestionado también la norma que, como mínimo, contradice artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, suscripta por todos los estados miembros de la ONU.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, urgió a los parlamentarios y a la opinión pública europeos a comprender la necesidad de protección de las garantías fundamentales de los indocumentados.

Subrayó que resulta muy necesario considerar el contexto económico en el que se insertan. "Las personas cuyas vidas se ven amenazadas por la extrema pobreza, el hambre, la enfermedad y las epidemias, tienen derecho a tratar de escapar de esa situación y se les debe dar una protección", dijo la jurista canadiense.
A juicio de la titular de Derechos Humanos de la ONU, el mundo occidental ha fraccionado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en dos grupos: los civiles y políticos, y los económicos y sociales. Al cumplirse 60 años de esta Declaración, es necesario reagrupar estos derechos, dijo Arbour.

Bolivia estudiará respuestas
El gobierno boliviano analizará la magnitud de la nueva ley migratoria aprobada por la Unión Europea para aplicar las medidas adecuadas, anunció el vicecanciller Hugo Fernández.
Lo que nos toca es estudiar detenidamente la norma aprobada y veremos las medidas que se deban adoptar de acuerdo con los intereses de los inmigrantes bolivianos, declaró.

El viceministro de Relaciones Exteriores y Cultos instó a las autoridades pertinentes a valorar el asunto con detenimiento y no tomar decisiones apresuradas.

La semana pasada el presidente de Bolivia, Evo Morales, envió una carta al Parlamento del organismo europeo en la que fustigaba ese proyecto, por considerarlo una violación de los derechos humanos.

Estadísticas oficiales sostienen que mediante esa disposición podrían ser devueltos a esta nación andina cientos de miles de residentes en el viejo continente en situación irregular.

Ecuador: Nueva normativa es una barbaridad
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó que la nueva normativa de la Unión Europea para repatriar a inmigrantes indocumentados es una barbaridad y un atentado a los derechos humanos.
Representa "una verdadera vergüenza para esa Europa que antes era una Europa de luces", resaltó Correa en declaraciones a la emisora de radio Sonoraza.

Es una barbaridad que criminaliza a los inmigrantes indocumentados que residen las 27 naciones miembros de la UE, subrayó al criticar el doble discurso y la doble moral de los países desarrollados.
"¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca más la libre movilidad de mercancías, la inmediata movilidad de capitales, pero criminaliza la movilidad de seres humanos?", preguntó. El jefe de Estado manifestó su solidaridad con los miles de ecuatorianos que viven en Europa tras "la barbaridad que ha aprobado la Eurocámara para criminalizar la migración".

Adelantó que iniciará una acción a nivel regional para presentar un frente común, a nivel suramericano, con miras a hacer frente a esta agresión, que constituye un atentado a los derechos humanos.
Correa señaló que ante esta situación de los inmigrantes, su gobierno trabajará para lograr que nadie más salga de la patria.

Según fuentes oficiales, unos tres millones de ecuatorianos abandonaron este territorio de manera legal o ilegal hacia Estados Unidos y Europa en la última década.

Paraguay protestará ante el Mercosur
El gobierno paraguayo se pronunciará ante el Mercosur contra la directiva aprobada por la Unión Europea. La medida "suma un conjunto de condiciones que equipara al emigrado con un criminal. Nos preocupa muchísimo", comunicó el director general de Asuntos Especiales de la Cancillería, Víctor Hugo Peña. El funcionario precisó que la posición de este país será presentada en la próxima cumbre presidencial del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que tendrá lugar el 1 de julio en Argentina.

Añadió que recibió instrucciones del canciller, Rubén Ramírez para, en caso de que se aprobara la normativa, presentar un proyecto de declaración para que el bloque suramericano se pronuncie "con nitidez sobre este tema". Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados, aprobó una declaración por unanimidad por la que rechaza la nueva legislación europea sobre inmigrantes ilegales. Advierte que la aplicación de la normativa en el 2010 obligará a Paraguay a la nacionalización de las empresas europeas o de capital europeo que están en el país.
Los diputados Héctor Lacognata (PQ), Cándido Aguilera (ANR), Juan Manuel del Puerto (PQ) y Oscar González (PLRA) calificaron la legislación de tremendamente abusiva y atentatoria contra los derechos humanos. El texto aprobado finalmente por los diputados rechaza la aprobación de la nueva legislación europea, expresa su solidaridad con los inmigrantes del mundo y en especial con los compatriotas. Además, exhorta al Poder Ejecutivo a que, a través de la Cancillería, agote los trámites por sí o a través del Consejo del Mercado Común del Sur, para exigir una política migratoria, conforme a la Declaración Universal de los DD.HH. de la ONU.

Cuando culminaba la discusión, el diputado oficialista José Chamorro agregó un nuevo artículo, finalmente aprobado por mayoría, donde se advierte sobre la obligación de que Paraguay nacionalice empresas extranjeras que operan en el Paraguay si es que la directiva de retorno es aplicada en el 2010.

Más reclamos
El Senado de Uruguay también rechazó la norma comunitaria, anunció que llevará a las Naciones Unidas su repudio e invitó a los Parlamentos y Gobiernos latinoamericanos a "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional".

El documento del Senado uruguayo subraya que la decisión europea "constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional".

Agrega que es "una flagrante incongruencia de la UE, que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo" de los mismos.

El Ministerio de Exteriores de Brasil lamentó la determinación de la UE porque cree que siembra "una percepción negativa de la migración" y, además, va contra "una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y una más amplia y plena convivencia entre los pueblos".

El Gobierno de Argentina recordó que migrar "no es un delito", al lamentar los términos de la directiva de la UE en una nota de la Cancillería en la que además "rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal".

Destacó que establecer "restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales".

Las Madres de la Plaza de Mayo pidieron por su parte a la U.E. que reconsidere las "salvajes" y "discriminatorias" medidas aprobadas.

Al rechazo se sumaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y varias ONG latinoamericanas que calificaron la norma como un "escándalo" y una "verdadera declaración de guerra" contra los inmigrantes.

Mientras, la Asociación hispanoecuatoriana Rumiñahui tildó la directiva del retorno de "xenofóbica, ilegítima y criminal".

"La Europa de las luces se ha convertido en una Europa de las tinieblas", señaló un comunicado de la Asociación.

Por otro lado, el vicecanciller de El Salvador, Eduardo Cálix, dijo que los países centroamericanos buscarán, en el marco del Acuerdo de Asociación que negocian con la UE, un trato "preferencial" para sus inmigrantes, pese a la directriz.

"Independientemente de las normativas que en su debido momento emita el Parlamento Europeo, estamos concentrados en lograr un mejor trato, preferencial (...) para los centroamericanos", dijo Cálix, portavoz regional para el diálogo político y la cooperación en las conversaciones con la UE.

Venezuela cortaría el petróleo
El presidente venezolano Hugo Chávez advirtió que de aplicar la norma antiinmigrante, su país podría dejar de abastecer de petróleo a Europa.

Aunque el monto de petróleo entregado por Venezuela a Europa no supera los 200 mil barriles diarios, la decisión tendría un efecto sociológico, advierten especialistas.

Hugo Chávez, advirtió que cortará los suministros de petróleos a aquellos países que apliquen esa directiva y advirtió que también se podría retornar sus inversiones en Venezuela.

Chávez acusó a elementos de derecha y ultraderecha del parlamento europeo de estar detrás de la decisión y pidió a América Latina y África unir esfuerzos en defensa de la dignidad de los pueblos.
200 mil peruanos en peligro de deportación

Una nueva norma europea contra los inmigrantes amenaza a unos 200 mil peruanos que viven en ese continente, afirmó el presidente del Congreso de Perú, Luis Gonzales.
El legislador, del gobernante Partido Aprista, dijo que ese es el número de compatriotas radicados -en su mayoría en forma irregular- en Europa, sobre un total de 700 mil procedentes de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Hizo la precisión al llamar a los países andinos a fijar una posición conjunta frente a la denominada "Directiva del retorno", aprobada por el Parlamento Europeo, que dispone el regreso rápido de los inmigrantes en situación irregular, a sus países de origen, entre otras medidas represivas.
Gonzales anunció además que envió una carta al presidente del Parlamento Latinoamericano, el chileno Jorge Pizarro, para definir también una posición conjunta y buscar una reunión con el Parlamento Europeo a fin de tratar el grave problema.

Señaló que la norma europea atenta contra el derecho humanitario y afecta la unidad familiar y los derechos de los menores, todo lo cual amerita una respuesta regional inmediata.