Gracias al debate que se produjo esta semana en el parlamento sueco en torno a la votación de una nueva ley que autoriza y legaliza el fichaje telefónico y de las comunicaciones digitales a cargo del organismo estatal de espionaje electrónico FRA, nos enteramos que sin autorización legal desde hace ya tres años nos están controlando a todos los que vivimos en Suecia y a quienes desde fuera de fronteras se han comunicado todo este tiempo con nosotros.

Cuando en los años 90 apareció internet para el uso comercial público y se extendió imparable como medio múltiple de comunicación universal, se habló de que estábamos accediendo a una nueva era de ampliación nunca vista antes, de la democracia y de la libertad de los ciudadanos.

Así fue como en el imaginario popular se quiso sembrar la idea -coincidiendo con la catastrófica desaparición de los países del socialismo europeo- de que este logro científico-técnico del capitalismo llegaba para ampliar nuestra libertad de opinar y acceder libremente al conocimiento y al bienestar. Incluso se llegó a afirmar que toda nuestra participación política y social se podría realizar a través de internet, sin tener que trasladarse del domicilio o lugares de trabajo. Todo lo podríamos hacer a través del computador: transmitir nuestras ideas, preocupaciones o sentimientos; escribir, discutir, informarnos, hablar, cantar, reír o llorar; mostrar nuestro rostro o todo el cuerpo, y así en contados segundos poder comunicarnos con quien se nos ocurra en cualquier lugar del planeta.

En Suecia, el gobierno de derecha que tiene mayoría parlamentaria, parece haber decidido hacerle un regalo de despedida al presidente Bush y a su administración (también en sintonía con la nueva legislación antiterrorista de la Unión Europea) y dotar al país de un avanzado sistema de lucha "contra el terrorismo y la criminalidad organizada". Para eso ha presentado este proyecto de ley, criticado por organizaciones de defensa de los derechos del ciudadano del país y de Europa, por reconocidos juristas, por los partidos de oposición y hasta por la propia seguridad del Estado (SÄPO) y los distribuidores de servicios telefónicos y de internet.

Pese a que el pasado martes, en una primera vuelta, no se pudo aprobar la ley por objeciones planteadas por algunos parlamentarios de la propia derecha; todo indicaría -al cierre de esta edición- que luego de algunos ajustes cosméticos la ley FRA como se le llama, con el voto en contra de la oposición y sin tomar en cuenta las fuertes protestas en todo el país, sería sancionada.

Y para colmo, además de que el gran hermano seguirá de cerca todos nuestros pasos, la ley establece que el espionaje ha de financiarse mediante un impuesto que pagaremos al consumir internet y los teléfonos celulares, calculado en unos 73 millones de coronas. Es decir, nosotros mismos pagaremos el espionaje al que estamos sometidos.

El martes, en las afueras del parlamento, los manifestantes protestaron con carteles donde comparaban este espionaje ciudadano con el que practicaban la Urss y la Stasi alemana, tan criticado antes por la derecha anticomunista. Con el agravante de que el FRA es un organismo militar, creado originalmente para espiar las comunicaciones radiales de la defensa soviética y de otros países del bloque del Este durante la guerra fría, que ahora se encargará también de ponerle el ojo a la sociedad civil.

Por eso no fue inoportuno que a los parlamentarios dispuestos a votar la ley represiva, se les haya obsequiado ejemplares de "1984" la clásica novela George Orwell, por si no la habían leído.