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El Presidente debe imponer orden

 

Escribe Antonio Peredo Leigue.
La madrugada del sábado 24: grupos conducidos por matones, han logrado reunir suficiente cantidad de gente alrededor del estadio Patria de Sucre, para agredir a los policías militares que resguardan el lugar donde este domingo, el presidente Evo Morales Aima entregaría algunas obras.

Estos grupos se han dedicado, toda la noche, a impedir el ingreso de las personas que quieren estar con el presidente. El Ministerio Público no tiene ningún interés en hacer la investigación que permita acusar a los verdaderos responsables.


Madrugada del sábado 24: grupos conducidos por matones, han logrado reunir suficiente cantidad de gente alrededor del estadio Patria de Sucre, para agredir a los policías militares que resguardan el lugar donde este domingo, el presidente Evo Morales Aima entregaría algunas obras. Estos grupos se han dedicado, toda la noche, a impedir el ingreso de las personas que quieren estar con el presidente. A duras penas, los efectivos lograron convencerlos de que dejasen salir a las mujeres y los niños. Los demás, serán golpeados, pisoteados y llevados hasta la plaza principal donde serán humillados.


Uno no puede más que recordar las acciones de los españoles contra los indígenas que luchaban por la libertad. Vuelven a repetirse las escenas en que Bartolina Sisa primero y luego Gregoria Apaza, fueron paseadas desnudas para escarmiento de los indios levantiscos. Pasaron más de doscientos años y la actitud de quienes siguen creyendo que los indios son sus pongos, no ha cambiado en nada.


La imposición delictiva
Las acciones de violencia que han ocurrido en Sucre desde el año pasado, han sido promovidas y ejecutadas por los grupos de poder económico y mediático que no se resignan a perder sus privilegios. En Santa Cruz, formaron la Unión Juvenil Cruceñista y, poco después, reprodujeron su modelo en otras ciudades de Bolivia, al amparo de los mal llamados comités cívicos, pues no tienen conducta cívica, sino prepotencia de clase. Primero, en noviembre y diciembre pasados, asaltaron los locales destinados a la Asamblea Constituyente e impidieron, a sus miembros, realizar sus sesiones para concluir la aprobación del texto de la nueva Constitución Política del Estado.


Con el propósito de avanzar en ese deber que les había confiado el pueblo de Bolivia, buscaron un lugar que les brindara tranquilidad y garantías. Fue el liceo militar de La Glorieta -no un cuartel, como estigmatizan opositores envenenados con su propia palabra-, el local que les daba esas seguridades. Hasta allí llegaron los provocadores, en tanto y a la vez, promovían desórdenes en la propia ciudad. Tres personas murieron como resultado de tales desmanes que no se satisficieron con esa hazaña criminal, sino que invadieron los locales policiales, quemaron escritorios, documentos, ordenadores y el parque automotor. Tienen, además, la desvergüenza de acusar al gobierno de esos daños. En tanto, el Ministerio Público no tiene ningún interés en hacer la investigación que permita acusar a los verdaderos responsables.


El delito se posesionó de Sucre desde entonces. Faltos de pretexto, incluso cometieron robos en los domicilios de quienes los patrocinan.
Ahora han vuelto a las andadas. El llamado comité interinstitucional exigió, al Presidente de la República, que pida perdón por los muertos del año pasado. Los provocadores de esos hechos no fueron miembros de gobierno, no fueron las fuerzas del orden, no fueron militantes ni simpatizantes del MAS. Fueron los provocadores promovidos y sostenidos por los comités cívicos.


Agresión y humillación
Delincuentes armados con cuchillos, con piedras, con dinamita, con todo lo que pudieron, acosaron de tal forma, que los policías militares fueron retirados del estadio Patria, para evitar mayores desmanes.
Inútil previsión. Apedrearon a los soldados, cuando se retiraban. Luego, tomaron como rehenes a 30 campesinos. Los buscaron en sus alojamientos, los desnudaron y los llevaron hasta la plaza principal, donde los obligaron a ponerse de rodillas, mientras coreaban insultos y humillaciones.


Los dirigentes comiteístas, sin ningún rubor, vuelven a acusar al gobierno de ser causante de esta violencia. ¿De qué forma?, ¿talvez poniendo provocadores entre la gente pacífica que manifestaba su descontento?, ¿quizás infiltrándose en el llamado comité interinstitucional? Nadie puede dudar que la violencia proviene de esos grupos que se desesperan ante el avance de un pueblo que quiere el cambio. A ese pueblo, los poderosos de ayer, le han declarado la guerra. Y, en la misma actitud prepotente del corregidor Sebastián Segurola, pasean sus presas por las calles que los indios se atrevieron a pisar.
¿Para qué? Para impedir que el presidente Evo Morales vaya a Sucre. ¡Qué pena que, el presidente de Bolivia, no pueda llegar a un a ciudad boliviana!


El orden necesario
Son muchas las acciones delictivas de estos grupos. Acciones que se han producido en Santa Cruz, en Tarija, en Cobija, en Cochabamba y en Sucre. El gobierno ha querido mostrar disposición al diálogo. Pero esa disposición, ellos la consideran debilidad. Se ha sobrepasado toda medida de paciencia
Es urgente tomar medidas de control. No puede permitirse que, el país, quede en manos de estos delincuentes. Si el Ministerio Público no cumple con su función, hay que tomarle cuentas. ¡Que no se confunda tolerancia, con debilidad! ¡No se pueden permitir más desmanes como los que protagonizaron estos delincuentes en Sucre!



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