Los empresarios bolivianos tienen que entender que se acabó la "jauja" del libre mercado de los años 90, y que cambiaron las reglas del juego económico, dijo el Vicepresidente Alvaro García Linera, luego de que los empresarios rechazaran el Decreto Supremo N. 29524 que determina una banda de precios para el aceite comestible.
LA PAZ. El libre mercado "ya no va más, eso pertenece al siglo pasado (&) Han cambiado las reglas del juego económico; la nueva consigna de la economía boliviana es que primero está el mercado interno y luego los mercados externos".
Los empresarios "tienen que aprender a diferenciar ganancias en el mercado interno y ganancias en el mercado externo", precisó el Vicepresidente, antes de advertir que se mantendrá la subvención al diesel siempre y cuando los agroindustriales del oriente garanticen el abastecimiento de alimentos en los mercados nacionales.
El Decreto 29524 establece que una vez que se alcance el "precio justo" del aceite y se abastezca el mercado interno, inmediatamente se levantará la prohibición de las exportaciones.
García Linera afirmó que hay voluntad de algunos empresarios que se compromete con el pueblo reduciendo el precio del aceite es sostenible y duradero y eso será apoyado.
En ese entendido, el también Segundo Mandatario afirmó que "es cuestión de horas si es que esta acción de uno o de dos productores de aceite de bajar sus precios se mantiene, nosotros tenemos instrucción del Presidente de trabajar para que se logre un acuerdo y con aquel empresario que se compromete con Bolivia tenga inmediatamente el derecho a exportar".
En el pasado mes de febrero, el Gobierno emitió el Decreto Supremo por el que prohíbe la exportación de aceite con la intención de abastecer el mercado interno.
Esta determinación ha provocado protestas y bloqueos de carreteras por parte de transportistas y empresarios del sector principalmente en Santa Cruz.
Según cálculos de los exportadores, el veto a las exportaciones ha provocado ya la pérdida de 80 millones de dólares, cantidad que podría doblarse si se suman las multas por incumplimientos de contratos.
Según las empresas, tienen sus depósitos de soya casi al límite de su capacidad y que la crisis amenazaría a 300.000 empleos y la inversión extranjera en el sector.
Según el Presidente Evo Morales, el "terrorismo cívico" en Santa Cruz impide bajar el precio del aceite. Oligopolios de la industria aceitera se resisten a regular el precio a favor del pueblo sólo para perjudicar al gobierno. "Sólo por tumbar al indio llevan su aceite para vender más barato afuera y vender más caro en Bolivia, eso es un abuso de poder de grupos de familias", reclamó Morales.
Morales advirtió que si los empresarios no abastecen el mercado interno no tendrá miedo de aplicar normas que permiten recuperar algunas fábricas de aceite para el pueblo boliviano.
Morales prometió construir un ingenio azucarero en Bermejo con una inversión de 30 millones de dólares entre el Estado y los cañeros, y propuso conformar una empresa estatal de aceite en Santa Cruz en alianza con productores de soya de Cuatro Cañadas, Berlín y otras zonas con el fin de enfrentar la guerra económica de los empresarios.
Además, el gobierno aprobó un decreto para regular la competencia y defender al consumidor de la especulación. Son responsables de hacer cumplir la norma el Instituto Boliviano de Metrología y la Superintendencia de Empresas.
El Ministerio de Producción y Microempresa elaborará el reglamento en 30 días a partir de la publicación de la norma.
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