Por Simón.
Ignorados por la prensa internacional, el parlamento colombiano está herido. Con la detención de otros cuatro congresistas la pasada semana, ya son 29 los legisladores detenidos por sus vínculos con los grupos paramilitares, y otros tantos están en "lista de espera" para rendir cuentas ante la justicia. En total 51 legisladores están involucrados.

Aunque el fenómeno ha cobrado sus principales víctimas en el Congreso, también han caído decenas de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, militares y empresarios.
Al mismo tiempo, hasta la prensa oficialista advierte el enorme control del presidente Alvaro Uribe sobre los poderes del Estado, donde el Legislativo casi no funciona, y el Judicial se renueva con los hombres que designa el presidente y que el parlamento aprueba sin discutir.

Según datos publicados en la prensa colombiana, más de una cuarta parte de los votos depositados para el Senado de la República en las elecciones de 2006 fueron obtenidos por congresistas detenidos o involucrados en la parapolítica.

Es decir, de los 8.9 millones de votos válidos, más de 2 millones 445 mil sufragios corresponden a congresistas presos o investigados o que perdieron la investidura por estar inhabilitados.

Esta situación, que habría provocado al menos elecciones anticipadas en cualquier otro país, no parece interesarle a las organizaciones internacionales siempre preocupadas de calificar las democracias en todo el mundo. Y mucho menos, claro está, al presidente Goerge Bush que dice haber invadido Irak y Afganistán para promover la democracia.

Algunas voces en el parlamento colombiano han reclamado elecciones anticipadas sin reelección. Pero los voceros del oficialismo rechazan la medida, ya que sostienen que para ello se debería reformar la Constitución.
Una reforma que no rechazan si sólo incluye la reelección de Alvaro Uribe. Por lo pronto, ya existe un equipo de campaña para recolectar firmas para apoyar la relección y un tercer mandato de Uribe.

Dinero para la campaña no le faltará. Los jefes paramilitares incluídos en el proceso de desmovilización, ya han confesado que financiaron su campaña anterioremente, y que estarán dispuesto a volver a hacerlo.
Mientras tanto, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, primo hermano del ex capo de la droga, Pablo Escobar Gaviria ataca a las ONG y acusó a las convocantes a la marcha por la paz del pasado 6 de marzo, de colaborar con las FARC. Por sus acusaciones, 6 dirigentes sindicales han sido asesinados. 22 organizaciones extranjeras, desde Amnistía Internacional a American Watch, le enviaron al presidente Uribe una protesta por el accionar de su asesor, sin recibir respuesta.