Ernesto Tamara.
Después de 15 días de paro agrario, con la amenaza de un desabastecimiento de productos básicos en la dieta de los argentinos, el gobierno inició conversaciones con los productores agropecuarios. El diálogo duró esa vez apenas unas horas. Las gremiales rurales más fuertes sólo quieren oir hablar de la eliminación del aumento a las retenciones a la soja y el girasol, y el lunes reiniciaron el paro con bloqueo de carreteras. Ese día, la presidenta Cristina Fernández anunciaba medidas para compensar a los pequeños productores y romper el frente agrario.

Argentina conocida un día como el granero del mundo -y que hoy produce alimentos para 300 millones de personas-, parece haber reco-brado esa identidad nuevamente ante el impre-sionante aumento de la producción y exporta-ción de soja. Un aumento estimulado por anterio-res gobiernos con la autorización de las semillas transgénicas y la eliminación de las agremiacio-nes progresistas en la época de la dictadura. La rentabilidad del campo se disparó y provocó una mayor concentración de la tenencia de la tierra y la extensión de las áreas productivas a la vez que fue estableciendo a la soja como mo-nocultivo.

El pasado 11 de marzo el gobierno anunció el aumento de retenciones móviles a la soja, del 35 al 44 por ciento, lo que provocó el paro del sector agropecuario con corte de rutas. El go-bierno quería promover otros cultivos, limitar a la soja, y volcar la rentabilidad del campo a otros sectores de la sociedad, aunque para algunos sólo es un problema de "caja".

Después de más de 15 días de paro, una negociación que no llegó a buen término, el go-bierno decidió dar otro paso y anunciar medidas para favorecer a los pequeños productores, y romper asi la unidad de los gremialistas, ya que en el paro está la poderosa Asociación Rural de los grandes propietarios.

El gobierno anuncia nuevas medidas
La medida anunciada este lunes por la presidenta Cristina Fernández abarca a quienes produzcan hasta 500 toneladas, que según el gobierno es el 80% de los productores de soja.

Para el gobierno, con esta devolución, los productores beneficiados "vuelven a tener la misma ganancia que antes de la aplicación del nuevo esquema" el 11 de marzo pasado.

Por su parte Cristina Fernández volvió a re-clamar el cese del corte de ruta.
"Este juego de retenciones que ha sido tan criticadas nos permite no sólo mantener el equi-librio de los precios internos y al mismo tiempo incentivar determinados cultivos", sostuvo la presidenta en su discurso en la Casa Rosada.

Antes de la intervención de Cristina Fernán-dez, el ministro de Economía Martín Lousteau dio los lineamientos del nuevo paquete. Habló de los efectos "negativos" del boom de la soja, como el encarecimiento de la tierra y la retracción en la producción de otros artículos como leche o maíz.

Además de la devolución del aumento a los pequeños productores, el ministro habló de u-na compensación a productores por el costo diferencial del flete, la reapertura del registro de exportaciones de trigo y una bonificación de tasas a la línea ya existente de créditos en el banco Nación.
También explicó que se creará la Subse-cretaría de Desarrollo Rural, orientada "a atender la situación del pequeño productor".

Sigue el paro
En tanto, poco después del anuncio, los dirigentes rurales cuestionaron los anuncios del gobierno, aunque pidieron "racionalidad" en los cortes de ruta y afirmaron que se dejará pasar a camiones con productos lácteos y ali-mentos perecederos. El líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, opinó que las nuevas medidas "no modifican en esencia lo que llevó a este conflicto, aunque sí mejoran el diagnós-tico".
El titular de Confederaciones Rurales Argen-tinas (CRA), Mario Llambías. "Prima facie, se-guimos creyendo que el Gobierno no entiende cuál es la raíz del problema", consideró. "El conflicto va mucho más allá de la soja", resumió.

Por su parte, Luciano Miguens, de la Socie-dad Rural Argentina (SRA), se quejó por la falta de diálogo. "El campo viene desde hace tiempo sin posibilidades de contacto", expresó. "El aumento de las retenciones lo conocimos por los diarios", graficó.

Algunas de estas iniciativas fueron pre-sentadas en la reunión del pasado fin de semana, pero voceros gremiales ya rechazaron volver a plantar trigo, no quieren abandonar la soja.

Alfredo De Angelis, dirigente de Federación Agraria y productor de la oriental provincia de Entre Ríos, rechazó la posibilidad de suspender la medida de fuerza hasta "ver qué nos ofrecen". La presidenta hizo un discurso "cargado de odio y revanchismo", agregó este dirigente agrario, conocido por ser también uno de los líderes ambientalistas que bloquean desde fines de 2006 un paso fronterizo con Uruguay en rechazo a la instalación de una fábrica de celulosa en ese vecino país.

El productor rechazó la amenaza de la presidenta Cristina Fernández de aplicar la ley de abastecimiento para garantizar el consumo. "Si quieren aplicar la ley de abastecimiento van a ver como se les prende fuego el país porque nosotros no vamos a aflojar", sostuvo.

El domingo, en Buenos Aires, dirigentes de Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas se reunieron para dar una respuesta a los reclamos contra los cortes de ruta. Allí negociaron el comunicado que luego fueron consensuando telefónicamente con miembros de Coninagro y Federación Agraria. En el texto expresaron su "vocación de diálogo", "agrade-cieron el masivo apoyo de los productores, la ciudadanía y los pueblos del interior" e instaron a "respetar el espíritu de la medida de fuerza original". El único gesto hacia el gobierno, ade-más de la autoproclamada voluntad de diálogo, fue cuando pidieron "la normal circulación de productos lácteos y sus derivados y flexibilizar el tránsito de otros productos perecederos, como frutas y hortalizas en las rutas del país".

Todavía falta ver como se realizará esta fle-xibilización y hasta que punto las cuatro orga-nizaciones rurales siguen unidas una vez que el gobierno anuncie su paquete de medidas para compensar a pequeños y medianos produc-tores.

Rechazo al bloqueo de los trabajadores rurales
El Movimiento Nacional Campesino Indí-gena (MNCI) remarca que el modelo agrope-cuario actual, basado en la exportación y la producción intensiva, produce mayor concen-tración. El último censo agropecuario señala que el 10 por ciento de las denominadas "explo-taciones agropecuarias" más grandes concen-tran el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.

"Repudiamos el lockout agropecuario, que expresa la ambición egoísta de los agronegocios, modelo que devastó y saqueó los bienes natu-rales, que ganaron millones de dólares y ahora quieren más. Y por sobre todo, repudiamos el modelo de agronegocios actual, que es la cues-tión de fondo y que atenta contra la vida cam-pesina indígena", afirman en un comunicado.

Coinciden con las retenciones aplicadas por el gobierno, pero la consideran una medida insuficiente para frenar el avance sojero. "El gobierno durante años ha fomentado los agro-negocios. Y casi no existen políticas destinadas a las comunidades campesinas indígenas", recuerdan.

"Está claro que no somos parte de ese 'cam-po' con soja, superávit y dirigentes ricachones nucleados en entidades tradicionales que nunca han metido las manos en la tierra y que explotan a nuestros compañeros. Ellos reclaman por sus retenciones, nosotros denunciamos el saqueo de este modelo agropecuario de mono-cultivo, donde el peso de sostenerlo recae so-bre las comunidades campesinas e indígenas, malvendiendo su producción o siendo mano de obra explotada de estos señores", denuncian.

Diferencias en la izquierda
El paro agrario, promovido fundamental-mente por los terratenientes, pero que convocó también a productores agrarios medianos y pe-queños, fue interpretado de diferentes maneras por la izquierda argentina y sectores progre-sistas.

Para algunos era una justa rebelión de sec-tores "explotados" por un gobierno que sólo quiere "hacer caja", mientras que para otros era la movilización de la vieja oligarquía agroexpor-tadora que se niega a volcar en la sociedad los extraordinarios beneficios que viene recibiendo del boom exportador de la soja.
Caricarutizando la situación se puede ad-vertir una disputa entre sectores netamente agropecuarios, que quieren mantener en su sector las rentas obtenidas, y otro sector que apuesta al desarrollismo, la industrialización y el mantenimiento de servicios sociales, finan-ciándolos con la renta del agro. Una disputa que ha partido Argentina en casi todo el siglo XX y que ha sostenido gobiernos como los peronistas o las dictaduras militares. Una dis-puta que no cuestiona el modelo capitalista ni el modelo agroexportador del monocultivo de la soja transgénica.

La mayoría coincide en criticar al modelo agroexportador basado en el mono cultivo de la soja. Un modelo concentrador de la tierra y que arrancó con la dictadura militar y se impulsó con el gobierno de Carlos Menem.
"El paro agrario se ha transformado también en una trinchera política de la oposición de derecha que pretende la liberalización de la e-conomía, propugna por el retiro de cualquier regulación sobre los precios y los costos de producción y exige vía libre a los grandes gru-pos capitalistas del campo. Los Macri, Carrió, López Murphy y compañía son los abogados de una regresión política y social cuyo objetivo es el retorno al período previo al 2001" sostiene un sector.

Otros ven en cambio que dentro de la movi-lización existen sectores diversos y que hay que apoyar a los pequeños productores suma-dos al paro.

" Considerar la lucha agraria, sin tener en cuenta las contradicciones que la surcan, y a-grupar a los trabajadores y a los pequeños pro-ductores del campo con las grandes entidades oligárquicas, es renunciar a un aspecto central de la crisis en la que se desenvuelve el proceso de rebelión que recorre el campo" sostienen otros.

Sin embargo todos coiciden en que el mo-delo sojero no sirve.

Por efecto del aumento del 70% de los pre-cios de la soja desde el mes de octubre, incluso los pequeños productores, con la aplicación de las polémicas retenciones móviles, ven incre-mentar sus ingresos de 231,4 dólares la tonelada en octubre a 282 dólares. Hoy el campo acumula superganancias que no se encuentran en nin-guna otra rama de la producción. Esa situación impar es la que permitió batir nuevos records año tras año. En la cosecha 2006-2007 se su-peraron los 85 millones de toneladas. La última campaña llegó a 95 millones de toneladas y para la actual se esperan 100 millones.

En las empresas agropecuarias trabajan más de 300 mil trabajadores asalariados rurales en blanco con un sueldo miserable de 1200 pesos (400 dólares) promedio y más de 700 mil tra-bajadores en negro que generan una cuota de ganancia mayor a las empresas agrícolas. Esta situación se ve favorecida por el modelo sojero que elimina puestos de trabajo y la riqueza agrícola de las regiones del interior.

De piquetes y piquetes
El paro y bloqueo de carreteras han provo-cado desabastecimiento en las grandes ciu-dades donde comienza a faltar carne, leche y otros derivados. En algunos escuelas de Bue-nos Aires ya no se sirve carne en los comedores, mientras que toneladas de alimentos, verduras, leche fresca, es volcada en los caminos al no poder pasar por los bloqueos de ruta.

El ministro de Justicia Aníbal Fernández a-seguró que el gobierno tomará todas las medidas necesarias, hasta la detención de personas, para habilitar el tránsito de vehículos en las rutas cortadas.

Un operativo de Gendarmería abrió el paso en el arroyo El Sauce, en la provincia de Entre Ríos, y a escasos kilómetros de donde se en-cuentra otro piquete que desde hace 16 meses tiene bloqueado el pasaje de vehículos desde y hacia Uruguay, en protesta por la planta de celulosa de Botnia en las orillas del río Uruguay.
Aníbal Fernández, aseguró en declaraciones radiales que los camiones internacionales "van a pasar" por Arroyo El Sauce y advirtió que si se impide su circulación harán "todas las detenciones que fueran necesarias".
"Queremos ser muy cuidadosos y respetuo-sos de las expresiones de todos, pero no hay nadie que se pueda arrogar el derecho de cortar una ruta o de decidir qué tiene que hacer con esto", dijo Fernández.