Escribe Simón
A riesgo de que se me tilde de antisionista, y de racista, ya que en Suecia se acostumbra a calificar de racistas a quienes critican políticas del Estado de Israel, creo que es válido denunciar la reciente decisión del Tribunal Supremo israelí que consagra la segregación en una carretera.
Los abogados de la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, representando a seis pueblos afectados por la prohibición establecida por el Ejército de ese país a que los palestinos puedan circular por la carretera 443, que une Jerusalén con una autopista que enlaza la ciudad santa con Tel Aviv, protestaron por la decisión del Tribunal Supremo que, consideran, viola las leyes internacionales.
El fallo del Tribunal permite que se mantenga la práctica de las llamadas "carreteras del apartheid" y provocará más expropiaciones de tierras palestinas para construir otra carretera en la que supuestamente sólo podrán transitar palestinos.
A principios de los 80 Israel comenzó a construir una carretera a través de Cisjordania para enlazar Jerusalem con Tel Aviv. Para ello se expropiaron predios de propiedad privada de palestinos y se anunció que la misma permanecería abierta a todos los conductores, árabes e israelíes.
Pero tras el estallido de la segunda Intifada, en septiembre de 2000, y los ataques a vehículos israelíes, el Ejército cerró el paso a los coches palestinos.
Más tarde, la Administración Civil -el organismo dirigido por militares que gestiona los territorios ocupados- ofreció 80 permisos para conductores palestinos que residen en pueblos donde viven 30.000 personas.
La Asociación para los Derechos Civiles en Israel presentó recursos en nombre de los habitantes palestinos afectados por esta discriminación, y hace sólo un par de semanas, el Tribunal Supremo falló a favor de la discriminación al aceptar que se construya otra carretera sólo para palestinos.
La medida es de gran significación, ya que los palestinos tienen cortado el tránsito en numerosos lugares, donde el ejército ha establecido que por esas rutas sólo pueden transitar los colonos judios.
Para colmo, los abogados de la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, que representa a seis pueblos a los que afecta la prohibición, aseguran que la decisión judicial viola las leyes internacionales y que los jueces han eludido pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por los demandantes. Y, para colmo, los letrados afirman que los soldados han comenzado recientemente a acosar a los seis pueblos que entablaron la demanda con patrullas en las que utilizan bombas de luz y balas de caucho. Es la represalia contra quienes se atrevieron a acudir a la justicia.
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