Aunque muchos gobiernos latinoamericanos no quieren reconocerlo, tras la Cumbre del Grupo de Río realizada en Santo Domingo el pasado fin de semana, quedó claro que la resolución del conflicto armado en Colombia, sólo puede tener una solución política, y que además es ya un peligroso problema continental.

El ataque militar ordenado porAlvaro Uribe a territorio ecuatoriano puso en la agenda latinoamericana el verdadero rostro del conflicto colombiano y la urgente necesidad de que todos los actores políticos regionales comiencen a debatir de qué manera deben contribuir a pacificar la guerra interna que desangra a este pueblo.
Por ahora sólo Venezuela y Ecuador han sostenido abiertamente que el conflicto colombiano no tiene una solución militar. Ni el ejército ni las guerrillas están en condiciones de ganar una guerra, que tiene además causas profundas en la sociedad colombiana. El planteo de que la solución debe ser política y negociada no es una novedad y ya fue ensayada por anteriores gobiernos colombianos y actores internacionales.

El fracaso de las negociaciones establecidas por los presidente Belisario Bentancur y Andrés Pastrana, de todas maneras lograron ciertos avances. En aquel entonces, el gobierno de Colombia no estuvo solo al negociar con la guerrilla, que además no era calificada como grupo terrorista, sino que se le reconocía como grupo beligerante. .Reuniones de alto nivel entre representantes de la guerrilla y el gobierno colombiano se efectuaron dentro y fuera del territorio del país. Altos funcionarios de gobiernos europeos recibieron a representantes de la guerrilla, entre ellos a Raúl Reyes, recién asesinado, y hasta concedieron un cierto status diplomático a la vieja organización guerrillera.

Cabe recordar que a mediados de los 80, el gobierno del conservador Belisario Bentancourt inicia una negociación con los movimientos guerrilleros. En 1984, las FARC, M-19 y EPL hacen una tregua, mientras que el ELN, PRE y Quintín Lame rechazan la propuesta que según ellos lleva a la desmovilización del movimiento popular. El gobierno de Betancourt a la vez que negocia y decreta una amnistía para una cantidad de presos políticos, promueve la formación de grupos paramilitares y da comienzo la guerra sucia. A mediados de los 80, son asesinados los principales líderes de la izquierda como Jaime Pardo Leal y Leonardo Jaramillo presidentes de la Unión Patriótica y los portavoces del M-19 y del E.P.L., en aquel momento de tregua. Al mismo tiempo comienzan las masacres indiscriminadas contra sindicalistas y campesinos en zonas de conflicto.

Son estas condiciones de guerra sucia y hostigamientos militares las que llevaron al fin del proceso negociador. Después de un año de tregua, en 1985 se retoma la actividad armada. Entre 1989 y 1991 se produce un nuevo proceso de negociación que culmina con la firma de los acuerdos para el abandono de las armas del M-19, el EPL, el movimiento Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sin embargo el resto del movimiento insurgente: FARC, ELN y un sector minoritario del EPL continúan la lucha armada.
En todas estas negociaciones el mayor obstáculo ha sido siempre la violencia derechista paramilitar. Es la que exterminó al movimiento Unión Patriótica (más de 800 asesinatos entre sus líderes y dirigentes), con vínculos con el Partido Comunista y las guerrillas de las FARC, un intento de actuación política legal dentro de la frágil legalidad colombiana.

Una legalidad que por otra parte ha sido generosa con los grupos paramilitares y narcotraficantes, a estas alturas, encumbrados en el aparato del Estado a todo nivel.

Un buen ejemplo es el proceso a la llamada "parapolítica" emprendida por la Justicia colombiana con una lentitud que alarma, y que ha revelado vínculos de más de 50 legisladores con esos grupos y hasta funcionarios claves del gobierno, e incluso familiares del presidente Alvaro Uribe. Todos los días surgen declaraciones de ex jefes paramilitares que demuestran la complicidad de las autoridades del gobierno y del ejército en la formación de esos grupos irregulares y el asesinato de simpatizantes o sospechosos de simpatizar con la guerrilla o de sindicalistas o dirigentes campesinos. Los grupos paramilitares que se acogieron a la desmovilización, aunque ya se denuncia el surgimiento de nuevos grupos, han recibido garantías de no ser extraditados a Estados Unidos por sus actividades de narcotráfico, y la promesa de que podrán legalizar las fortunas malhabidas. Sólo podrán ser condenados a 8 años de cárcel, como máximo, por los crímenes cometidos, cualquiera sea su naturaleza o cantidad.

Organismos internacionales, gobiernos extranjeros, están colaborando y financiado este dudoso proceso de desmovilización de los narcotraficantes paramilitares, y sin embargo siguiendo la doctrina de guerra Bush-Uribe tienen pruritos para volver a negociar con la guerrilla.