Por Ernesto Tamara.
La disputa con Colombia tras la agresión sufrida el sábado primero de marzo, desplazó de la atención pública los debates de la Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna que deberá estar redactada para fines de mayo. Entre los artículos sancionados por la una de las comisiones, destaca que "Ecuador es un territorio de paz, por lo que no se podrá establecer en él bases militares extranjeras o de coalición, ni instalaciones extranjeras con propósitos militares".

La Asamblea Constiuyente tiene un plazo de 180 días para funcionar y puede extender sus trabajos hasta 60 días más. En principio, la Asamblea deberá cesar sus labores el 24 de mayo, aunque es probable que se realice una prórroga. Posteriormente el texto sancionado por los constituyente debe ser ratificado por la población en un plebiscito este mismo año, en principio previsto para julio.

En los últimos 25 años se ha reformado tres veces la Constitución, en 1983, 1992 y 1996.
La mayoría de los constituyentes que respaldan al gobierno del presidente Rafael Correa, ya acordaron un borrador de capítulos temáticos para el nuevo texto y se ha avanzado en la definición del concepto de soberanía que incorporará la nueva Constitución.

La estructura propuesta por los 80 constituyentes de Alianza País consta de 8 títulos y 26 capítulos, además de un preámbulo que incluye "el país que queremos".

La etapa final de la discusión se vio empañada ante la denuncia de que legisladores del partido Sociedad Patriótica (PSP), que dirige el ex presidente Lucio Gutiérrez, intentó comprar votos de asambleístas para boicotear la mayoría oficialista e impedir la aprobación de determinados artículos.

El sector Alianza País que llevó a la presidencia a Rafael Correa, domina la Asamblea Constituyente con 80 curules en un total de 130 pero ha estado abierto a una amplia discusión de los aspectos que se incorporarán en el nuevo texto. De hecho se han tenido en cuenta propuestas de distintos sectores de la sociedad, propuestas de vecinos y de organizaciones sociales no representadas directamente en los constituyentes.
En muchas ciudades del país se celebraron asambleas de ciudadanos y representantes de organizaciones sociales para proponer ideas para la nueva carta magna.

Junto con la discusión de la plenaria de la Asamblea, los constituyentes discuten en diez mesas de trabajos aspectos particulares y van definiendo los artículos a incluir en el texto. Una vez aprobado por la comisión, el articulado es presentado en la plenaria de la Asamblea Constituyente para su aprobación.

No más bases extranjeras
El primer debate sobre el esquema que tendrá la nueva Constitución, finalizó el pasado 26 de febrero sin un acuerdo mayoritario. En esa jornada se discutió la propuesta presentada por el bloque oficialista de Alianza País, y que como explicó el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, no es un esquema cerrado sino abierto a la discusión.

En los primeros debates se registraron acaloradas discusiones de miembros de bloques opositores y de Alianza País (AP), que insistieron en la necesidad de contar con una legislación que incluya diversas formas de propiedad, entre ellas la colectiva.

Pilar Núñez, de AP, expuso las líneas maestras que guiaron el debate para elaborar la estructura, especialmente en lo referente a "el país que queremos", la relación ser humano-naturaleza, las relaciones de poder y de producción.

Además del prólogo y los siete títulos, el documento contiene también disposiciones generales, transitorias y una final.

Entre los puntos más disputados figuraron las funciones del Estado, que serían siete: Corte Constitucional, Legislativo, Ejecutivo, Jurisdiccional, Control Social y Control Administrativo, Electoral y Administración Pública.
El debate se inició después de un forcejeo político que incluyó la creación de una comisión investigadora sobre la compra de votos de asambleístas.

Mientras, en una de las mesas de trabajo se aprobó por mayoría los primeros artículos que definen la soberanía territorial.

Los cinco textos constitucionales redactados en la mesa de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración latinoamericana buscan consolidar "la unidad territorial" y frenar cualquier división del país.
Uno de los artículos, aprobado con nueve votos de un total de 13 miembros de esa comisión, prohíbe la instalación de bases militares extranjeras.

El párrafo elaborado afirma que "Ecuador es un territorio de paz, por lo que no se podrá establecer en él bases militares extranjeras o de coalición, ni instalaciones extranjeras con propósitos militares".

El asambleísta Luis Hernández, un coronel en retiro, destacó que con este texto se ratifica la salida de las tropas estadounidenses desplegadas desde 1999 en la base de Manta, ubicada en el oeste del país.
De esta forma se cierran las posibilidades a una renovación del convenio con Estados Unidos para la utilización de un sector de la instalación aérea Eloy Alfaro de Manta, prevista para noviembre del 2009.

Otra propuesta define que "el territorio de Ecuador comprende el espacio continental, lacustre y fluvial, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos; el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo continental, insular y marítimo", con su capital Quito.

El resto de los artículos se refiere a la unidad territorial y los derechos del país, y constituyen los primeros aprobados por una mesa de la Asamblea Constituyente.

Antes de incorporarse a la futura Legislación, estos textos deberán ser discutidos y sancionados en el pleno de la Constituyente una vez que la presidencia de la Asamblea los incluya en el orden del día.
Un tema en discusión en otra de las mesas de trabajo es la definición del Estado ecuatoriano como plurinacional o intercultural. Algunos sectores quieren incluir la definición como plurinacional, mientras que otros constituyentes, entre ellos muchos del oficialismo, advierten que esa definición puede alentar ideas separatistas.

El constituyente Pedro de la Cruz (AP) señaló que la Asamblea podría fomentar ideas de autonomías indígenas, que no serían aplicables y causarían divisiones.

Según explicó, unos pocos dirigentes plantean que las etnias tengan su propio gobierno, su justicia y su modelo económico. "Para un funcionamiento satisfactorio del Estado, creo que la interculturalidad es una opción viable y armónica. La plurinacionalidad divide y establece monopolios" subrayó.

Sin embargo, Mónica Chuji también del oficialista Alianza País se pronunció en otro sentido. "La interculturalidad es una forma de relacionamiento y la plurinacionalidad hace referencia al reconocimiento de la profunda diversidad política, económica, social y educativa", dijo.

Chuji coincidió con la postura de la CONAIE y de otras organizaciones indígenas, que aspiran a que en la nueva Constitución se considere la plurinacionalidad para profundizar los conceptos de reforma jurídica, política y estatal. "Con esto no decimos que se dividirá al Estado, porque esos argumentos no tienen fondo. Las naciones indígenas existen y tienen una realidad histórica".

Curiosamente, algunos sectores de la oposición coinciden con este planteo, quizás pensando en la posibilidad de apostar al separatismo en algún momento.

Precisamente el alcalde socialcristiano de Guayaquil, Jaime Nebot, opositor al presidente Rafael Correa, mantiene pretenciones separatistas, al punto que mantiene un acuerdo con los segregacionistas de Santa Cruz, en Bolivia.

El presidente Correa denunció no hace mucho que existe todo un plan de la oligarquía separatista de Guayaquil y de Santa Cruz para forjar la derrota en Ecuador de la nueva Carta Magna en el referendo y derrocar al gobierno de Evo Morales en Bolivia.

Incluso sectores de la oligarquía de Guayaquil, con el apoyo de Nebot, han anunciado la intención de promover su propia reforma constitucional local y desconocer a la Asamblea Constituyente.

Mientras tanto, la Asamblea Constituyente, que funciona al mismo tiempo como Poder Legislativo al haber sido disuelto el Congreso, busca acelerar la aprobación de los artículos en las diez mesas de trabajo y el sector de la Alianza País pretende que después el plenario apruebe la reforma por capítulos y no artículo por artículo como pretende la oposición. El presidente de la Asamblea, Alberto Acosta advirtió que se corre el riesgo de tener que extender el plazo más allá del 24 de mayo, y convocó a mantener la discusión y los debates en las mesas de trabajo y aprobar los capítulos en el plenario.

Aunque no ha trascendido el contenido de los artículos propuestos, se prevé que la futura Constitución también incorpore la figura de la reelección presidencial por un sólo período. El mismo criterio se propone para todos los cargos electivos, desde concejales, prefectos y diputados, según anticipó el presidente Rafael Correa días atrás.

El presidente ecuatoriano descartó la propuesta de constituyentes de su partido de extender el mandato presidencial a seis años. "Si ha habido un buen gobierno la gente lo va a reconocer, le va a dar un segundo período y va a poder complementar su obra, pero más (allá) de eso, como ampliar el período presidencial nos parece conveniente", manifestó Correa.

Sin embargo, los alcaldes han recibido propuestas de varias asambleas y en ellas se incluye la extensión del período presidencial de los cuatro años actuales a seis y de permitir la revocatoria de mandato de todo cargo de elección popular. La Asamblea Constituyente debe atender además la aprobación de algunas leyes importantes en estos días. Figura en la agenda el análisis de las leyes de Tránsito, de Contratación pública, Antimonopolio y de Uso de recursos del sector petrolero.