El Presidente Evo Morales, ante la falta de un acuerdo conciliatorio con la oposición y los comités cívicos de seis departamentos sobre la nueva Constitución Política del Estado, dijo que lo más democrático es que el pueblo decida el destino de Bolivia a través del referendo constitucional que aprobó el Congreso para el 4 de mayo.
El Congreso de Bolivia ha tomado recientemente decisiones obligadas, tanto por la presión social como por la política al aprobar la ley de convocatoria a dos referendos a efectuarse el 4 mayo para que el pueblo apruebe o rechace el proyecto de Constitución Política del Estado y diga sí el límite del latifundio es 5 mil o 10 mil hectáreas.

La medida -escriben diversos medios de la prensa reaccionaria- refleja una actitud confrontacional de parte del gobierno con sus relaciones con los departamentos de la "media luna" que podría provocar situaciones imprevisibles en las siguientes semanas o meses. No se descarta esa incertidumbre porque los estrategas de la derecha, ya está claro, con el asesoramiento entre otros de la Embajada estadounidense en Bolivia, en su pretención de crear un clima de inestabilidad política y económica en el país, en contra del gobierno del presidente Evo Morales, llevan estas relaciones a un punto de extrema tensión social. Esta situación obligó a Morales a cancelar todos los viajes al extranjero que tenía previstos para los próximos días, incluidas visitas a Noruega, Francia y Cuba.

La Iglesia Católica, en un comunicado, alertó de la "gravedad" que vive hoy el país y apeló a "dejar de lado la instrumentalización de grupos sociales para imponer por la fuerza visiones sectoriales".

El golpe del comiteismo cívico
La Prefectura del departamento de Santa Cruz, bastión de la oposición -inicialmente- había anunciado para el 4 de mayo un referendo para dotarse de un gobierno autónomo, iniciativa rechazada por diversos sectores de esa región entre los que sobresalen la Federación Departamental de Campesinos de Santa Cruz, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, Confederación Indígena de Pueblos Originarios de Bolivia, Federación Departamental de Colonizadores y gremialistas. Los cívicos insisten que la demanda autonómica es compartida por toda la población oriental, cuando es más evidente que, los sectores populares no se sienten representandos por el Comité Cívico de Santa Cruz.

Desde principios del 2007, el Comité Cívico de Santa Cruz asumió un papel político de abierta oposición al gobierno del presidente indígena Evo Morales, arrebatando inclusive el pequeño espacio que tenía el partido derechista PODEMOS, del ex presidente Jorge "Tuto" Quiroga, para evitar -durante las sesiones de la Asamblea Constituyente- la elaboración del nuevo texto Constitucional para la Refundación de Bolivia. Pero, los cruceños no están solos en esta conspiración han sido arrastrados también de la mano los comités cívicos los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, movilizados hoy contra la nueva Constitución para ratificar sus respectivas autonomías, acusando al gobierno de promover actos ilegales, por que no quieren cambios en el país. Acuden con desesperación e infructuosamente a cuanta instancias nacional e internacionales con el fin de desprestigiar al gobierno.

Esos grupos radicales y conservadores hicieron uso del poder político por más de 20 años de vida democrática en el país y ahora asumen el triste papel de víctimas, denunciando incansablemente las presuntas irregularidades en la convocatoria a los referendos dirimidor y constitucional.

Evo declara ilegales referendos autonómicos
El jueves 28 de febrero reciente el gobierno de Evo Morales decidió impulsar dos referendos constitucionales y declarar como ilegales los convocados por los departamentos de la media luna. Santa Cruz había convocado para el 4 de mayo un referendo departamental sobre autonomías. Imitando dicha actitud el departamento del Beni para el 1 de junio, sin descartar que Tarija, Pando y Chuquisaca seguirían también el ejemplo. Es una actitud mezquina, porque saben que no lograrán plasmar sus ambiciones, pero buscan con este boicot atizar un ambiente de inestabilidad política en el país para deterior la imagen de Evo Morales, y desde luego quebrar el proceso democrático del país, por la vía violenta.

Al día siguiente de la aprobación de la ley de convocatoria a dos referéndos, los dirigentes conservadores se reunieron con varios embajadores destacados en La Paz para pedir a sus gobiernos la "revisión" de sus relaciones con Bolivia.

Iniciaron además, una espiral de especulación con productos alimenticios, que sí bien es comprensible que las inundaciones en distintos puntos de la región oriental han afectado el normal abastecimiento en el mercado interno, el gobierno decidió con prontitud importar los productos que escasean.

La movilización de los sectores populares en apoyo a Evo están en todas partes. Miles de campesinos y mineros se apostaron durante tres días en las afueras del palacio legislativo, para exigir al Congreso la aprobación de los referendos constitucional y una consulta paralela para acabar con los latifundios. El presidente Morales promulgó, horas después, igualmente apoyado por concentraciones de los movimientos sociales, las tres normas legales: una modificatoria para llevar adelante simultáneamente dos referéndos, una segunda ley de convocatoria para la consulta constituyente y dirimitoria, una tercera ley interpretativa referida a la convocatoria de referendo departamental, con este último se intenta castigar la consulta autonomista de Santa Cruz.

Esta situación ha creado a las fuerzas oligárquicas del país una especie de cerco, principalmente en Santa Cruz donde se levantaron voces de rechazo a sus intenciones de llevar adelante la votación para la ratificación de sus estatutos autonómicos en claro desconocimiento de las leyes aprobadas. Este lunes marcharon masivamente los indígenas contra el "referendo autonómico oligárquico".

Pero de estas manifestaciones, no se informan en los medios de prensa ni se hacen eco de las denuncias de los dirigentes indígenas sobre la presencia en puntos cercanos a sus comunidades de grupos irregulares de choque denominados de Seguridad Ciudadana para amedrentar la población civil y a los indígenas de las zonas rurales de Santa Cruz, con la intención de imponer una consulta completamente al margen de la ley y en contra de la voluntad popular.

Frente de estas provocaciones el presidente Evo ha convocado a las organizaciones populares a ser garantes del cambio cuando afirma que Bolivia está "ingresando a una fase de refundación del país con la nueva Constitución". Posición respaldada también por las Fuerzas Armadas bolivianas con una declaración entregada a la prensa, en la que califican la actitud de los comités cívicos departamentales como una provocación a la democracia boliviana y rechaza a su vez la propuesta de crear gobiernos departamentales autónomos que definan libremente el aprovechamiento de sus recursos naturales.

No hay vuelta atrás
El nuevo texto de la Constitución Política del Estado prohibe enajenar recursos naturales . En ese contexto, se explica que sí un futuro gobierno quisiera privatizar los hidrocarburos, posibilidad prohibida por el nuevo texto constitucional, los viejos políticos tendrían que esperar al menos 15 años. La nueva Carta Magna estipula que sí se quiere cambiar la Constitución, primero debe elaborarse una ley para proponer el cambio, en la siguiente legislatura y en la tercera legislatura se ejecute el cambio. Esta medida precautela los recursos no renovables del país, la nueva Constitución no se los permite, ni aún ganando las elecciones el futuro gobernante y su partido necesitarían 15 años para volver a privatizar los recursos y eso es lo que no le agrada al sector empresarial, oligárquico ahora aglutinados como fuerza opositora organizada en comités cívicos.

Mientras que el proyecto de estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz, entre otras, otorga al prefecto la potestad de disponer los recursos naturales por encima del Estado boliviano, crea su propia administración de justicia que desconoce a la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales, asume el control total de la distribución de la tierra, y propone la creación de su propia policía.

La oposición, esgrime siempre nuevos argumentos, para frenar el avance del proceso de cambio en el país, pregona ahora una y otra vez su rechazo a las tres últimas leyes promulgadas por el jefe de Estado, pero también dicen que aceptan el referendo dirimidor, pero...sólo si es por la capitalidad plena que reclama Sucre. Convocan a sus huestes a movilizaciones en "paz" y con un respeto a la "democracia".

La ciudadanía, ante esta actitud se pregunta que sí ello implicará nuevas horas de violencia como las vividas no hace mucho, utilizando a la Juventud Cruceñista, como fuerza de choque y vandalismo para llevar a una confrontación entre hermanos, en su intención de hacer acatar la consigna de las autonomías.

"Lo más democrático es que decida el pueblo, en las urnas y a través de los referendos", dijo el presidente Morales sobre la nueva Constitución Política del Estado y el destino de Bolivia. Las leyes sobre los referendos se aprobaron por los dos tercios de los votos que exige la ley, mientras que los estatutos autonómicos, que plantean los departamentos de la medialuna fueron hechos por gente que no representa a nadie.

Quieren democracia a su antojo
Las fuerzas oligárquicas, principalmente de Santa Cruz dicen ahora que han efectuado un "análisis profundo, con todos los actores de los seis departamentos que están comprometidos con su "democracia", con "libertad", comunicando su decisión de adelantar el referendo autonómicos.

El prefecto de Santa Cruz luego de una reunión con el Concejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los políticos, prefectos y cívicos de la "media luna" confirmó la realización de sus respectivos referendos autonómicos departamentales, para no coincidir con los anunciados por el gobierno.

El comiteísmo promueve así sus actos de desacato y desconocimiento a las leyes porque no les conviene una distribución mucho más equitativa de la tierra a través de la nueva carta magna.