Escribe Ernesto Tamara.
Dos días después que Kosovo declarara su independencia, la Corte Electoral del departamento de Santa Cruz, comenzó a difundir publicidad para la realización de un referéndum sobre la autonomía, en lo que sería el camino a declarar su independencia. El gobierno boliviano advirtió sobre la ilegalidad de la medida y recordó que aplicará los recursos necesarios para defender la soberanía e integridad territorial del país. "Habrá que prepararse para lo que venga" subrayó el vicepresidente Álvaro García Linera si la oposición se sigue negando al diálogo e impulsando las propuestas separatistas.

El departamento de Santa Cruz lleva la delantera en cuanto a las pretensiones separatistas en el país del altiplano y podrían contar con el aval de la embajada norteamericana, a cuyo frente se encuentra Philip Goldberg, de larga trayectoria en los Balcanes y embajador en Kosovo.

La realización de un referéndum sobre la autonomía será realizado el 4 de mayo, según las autoridades de ese departamento, que desconoce el texto de la Constitución aprobado en la Asamblea Constituyente.
Las pretenciones separatistas no están basadas en ningún reclamo de identidad cultural, idioma diferente, división étnica, o antecedentes históricos. En este caso cabe la recomendación que la fuente "garganta profunda" le diera a los periodistas que investigaron el Watergate en la era Nixon en Estados Unidos: "sigan el dinero".

Las clases dominantes, las oligarquías de estos departamentos con recursos naturales importantes, ganado, petróleo y gas, se niegan a compartir sus riquezas con los pobres del país. Así, cuando el presidente Evo Morales propuso pagar una pensión vitalicia a la vejez a los ancianos desposeídos, financiada con un impuesto directo a los hidrocarburos, los prefectos de los departamentos ricos en petróleo se opusieron y comenzaron a hablar de autonomía e independencia. Todavía tienen frenado el impuesto y la pensión a la vejez.

En cada intento de los gobiernos centrales por administrar y distribuir la riqueza generada por los recursos de esos departamentos, las oligarquías locales se resisten y vuelven a reclamar autonomía e independencia.
Tanto defienden sus intereses, que en el proyecto de autonomía que propician, sólo el prefecto (gobernador) del departamento, puede distribuir tierras, otorgar títulos, quitándole esa competencia al presidente de la república y al Congreso Nacional

Comisión especial para negociar
En un intento por frenar estos embates independentistas -basados únicamente en el control de los recursos naturales- el gobierno ofreció establecer una comisión especial para unificar los textos sobre autonomías departamentales, pero las fuerzas reaccionarias de esa rica región del país, rechazaron la iniciativa.
El vicepresidente de la república y presidente del Congreso, Álvaro García Linera, reclamó la iniciativa de ese órgano legislativo para buscar acuerdos que permitan superar la crisis política en un marco de diálogo y de respeto a la Constitución.

En ese sentido reclamó buscar un acuerdo político para unificar el nuevo texto constitucional y los estatutos autonómicos, además de consolidar en uno solo los referéndums dirimidor, autonómico y de revocatoria de mandato. Para ello propuso crear una comisión especial entre las cuatro fuerzas políticas principales para que elabore recomendaciones de corrección al nuevo texto constitucional y de los estatutos autonómicos, que deberán ser puestas a consideración de la Asamblea Constituyente para su sanción definitiva.
El llamado del vicepresidente no ha encontrado eco en la oposición que se niega a reconocer el texto aprobado por la Constituyente el 9 de diciembre de 2007 en Oruro.

El grupo opositor Poder Democrático Social (Podemos), secundado por el el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cerró filas en defensa del referéndum cruceño convocado por el prefecto Rubén Costas que intenta validar el estatuto autonómico redactado por un grupo corporativo.

El diputado y presidente de la junta autonómica de Santa Cruz, Carlos Klinsky (Podemos), desconoció la legalidad del nuevo texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente, y valoró la "legalidad y constitucionalidad" de la consulta autonómica del 4 de mayo, para validar el estatuto autonómico cruceño.
Reclamó además que el gobierno acepte "el fracaso" de la Asamblea Constituyente y que el Congreso "reencauce la legalidad" de ese proceso.

Además insistió en que ni el gobierno ni el Congreso tienen facultades para decidir si la consulta autonómica es constitucional o no, y llamó a aceptar la irreversibilidad de la consulta autonómica. También exigió que el gobierno se abstenga de confrontar la medida, o convocar a las fuerzas del orden.
En el mismo sentido se pronunciaron el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, y el titular de la comisión de Constitución, Luís Vásquez Villamor, ambos de Podemos.

Por su parte, el diputado oficialista, Gustavo Torrico, del Movimiento Al Socialismo (MAS), llamó a impedir que "pequeños sectores renuentes a perder el poder político y económico asuman atribuciones del Ejecutivo y violen la Constitución" y reclamó del Congreso definir la inconstitucionalidad del referéndum autonómico.

El diputado René Martínez (MAS) denunció la existencia de dos agendas paralelas que están polarizando al país. Señaló que una agenda, respaldada electoralmente por el pueblo, es la que busca concretar cambios estructurales en el país "a través de una revolución democrática en respeto a la Constitución y las leyes vigentes", y otra agenda, impulsada por la oligarquía que no respeta la normativa vigente, "e impulsa iniciativas de confrontación y división de la integridad del territorio nacional".

"La oposición señala que lo que no está escrito en la Constitución es permisible, y eso es un absurdo jurídico, porque de ser así vía una resolución prefectural se declararía emperador a un Prefecto y como eso no prohíbe la Constitución habría que admitirlo", subrayó.

Entorpecer las medidas sociales
El presidente Evo Morales destacó la gravedad de los planteos separatistas impulsados por grupos extremistas del departamento de Santa Cruz que anuncian que pretenden emular a Kosovo.
Morales explicó que los intentos separatistas buscan entorpecer las medidas sociales del gobierno, como la pensión vitalicia a los ancianos y el reparto de tierras.

En un acto en el municipio de El Alto para inaugurar un proyecto agrícola, Morales explicó que las autoridades departamentales de la llamada Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) quieren imponer sus estatutos autonómicos, en detrimento del diálogo nacional.

"Las autonomías -dijo- no pueden entenderse como división, con independencia de Bolivia, como separación de Bolivia y que algunos departamentos tengan competencias exclusivas por ejemplo en el tema tierras".
"Que solamente la tierra en Santa Cruz sea de propiedad del prefecto del departamento, porque sólo él puede administrar la tierra, ya es prácticamente una división", advirtió el mandatario.

Morales señaló que los estatutos autonómicos que pretenden someter a referendo en Santa Cruz, el próximo 4 de mayo, forman parte de una cadena de ilegalidades. La sola idea de que el prefecto (gobernador) tenga la potestad exclusiva de distribuir tierras en su jurisdicción, se trata de un franco atentado a la unidad nacional y la Constitución Política del Estado, remarcó.

Evo Morales recordó que un centenar de familias de los territorios de la llamada media luna, poseen 25 millones de hectáreas (según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD) mientras que dos millones de campesinos apenas poseen 5 millones de hectáreas y a duras penas subsisten en minifundios.

El jefe de Estado afirmó que cuando el poder ejecutivo pretende hacer una distribución equitativa de las parcelas, los grandes propietarios se oponen y quieren imponer una administración irracional.
El presidente boliviano rechazó también la pretención de los separatistas de fragmentar la policía, como se incluye en el estatuto autonómico del departamento Santa Cruz. En un discurso ante cadetes de la escuela de policía, al inaugurar el año escolar, reiteró que "La Policía Nacional debe tener un mando único y no se la puede dividir, se debe respetar la institucionalidad". Al mismo tiempo llamó a las fuerzas del orden a defender la unidad territorial y política del país.

"Traición a la patria"
El vicepresidente de la República, y presidente del Congreso, Álvaro García Linera, calificó como una locura y de traición a la patria la pretensión del Comité Cívico y de la Prefectura de Santa Cruz de consolidar su independencia de espaldas a la Constitución.

En sus declaraciones más duras, García Linera dijo que en caso de que no haya voluntad de diálogo, sin condicionamiento, y si la búsqueda de acuerdo no funciona, "habrá que prepararse para lo que venga".
"Jamás lo permitiremos" dijo el vicepresidente al referirse a las propuestas separatistas. "En base a la legalidad y en base a las prerrogativas que nos brinda la Constitución Política del Estado, y el compromiso moral con la patria, con su historia, sus muertos, defenderemos cada milímetro de la unidad nacional", exclamó.

Por otra parte, sectores sociales que apoyan al gobierno, rechazaron las propuestas separatistas. Dirigentes indígenas, de pensionistas y sindicales coincidieron en destacar que los estatutos autonómicos impulsados por los prefectos y los comités cívicos de la denominada "media luna" buscan acabar con la gestión del presidente Evo Morales, para privilegiar intereses políticos de pequeños sectores oligárquicos del país.

"Los estatutos son una excusa para los oligarcas que no tienen consideración de los pobres y viejos del país, sólo piensan en sus bolsillos y nosotros no vamos a permitir que esto acontezca en el país", manifestó el secretario nacional de los Jubilados Rentistas de Bolivia, Julio García Colque.

Igualmente, el presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, dijo que los estatutos autonómicos buscan generar una división en la sociedad, y con eso, hacer que el mandato del presidente Morales se acorte en beneficio de pequeños sectores privilegiados. "Los que somos pobres nos damos cuenta y sabemos de la intención de estos pequeños grupos de poder que quieren recuperar lo que han perdido, porque no se resignan a que el pueblo ahora tenga el poder", manifestó Chávez.

En tanto, el secretario de Organización de la Central Obrera de Boliviana (COB), Sócimo Paniagua, manifestó que no apoyan al gobierno, pero en cambio si apoyan los cambios estructurales que se están dando en los temas sociales, políticos y que esos aspectos son los que se deben defender. "Los trabajadores fuimos olvidados hace 23 años y ningún gobierno se acordó de nosotros y si éste quiere impulsar las cosas en favor de los trabajadores, bienvenido, y defenderemos estas políticas más allá de cualquier gobierno que esté de turno", afirmó Paniagua.

Sin embargo, la COB ha realizado paros y reclama la derogación de la ley de pensiones y solicita en un pliego petitorio, aumentos salariales de más del 10 por ciento. La posición de la central obrera ha provocado la crítica del vicepresidente de la república. García Lineras lamentó la transformación de sus dirigentes. Recordó que la COB fue vanguardia de la revolución, y que hoy pone obstáculos al proceso de cambios. El vicepresidente señaló que existe preocupación en el Poder Ejecutivo por el desvío político de algunos dirigentes de la COB, el carácter conservador de unos cuantos y el extravío del liderazgo.