Escribe Ernesto Tamara.
El gobierno boliviano está convencido que la única salida democrática a la crisis política es someter a los gobernantes a un referéndum revocatorio de mandato, que incluya al presidente de la república y a todos los prefectos, sostuvo el portavoz oficial, Alex Contreras. Al mismo tiempo, el gobierno reclama del Congreso la convocatoria a un plebiscito sobre el artículo de la nueva Constitución que prohibe los latifundios.

El pasado 5 de diciembre de 2007, en medio del debate por los resultados de la Asamblea Constituyente y el boicot de la oposición, el presidente Evo Morales retó a los prefectos de los nueve departamentos a someter sus cargos a un referéndum revocatorio.

Tiempo después presentó un proyecto de ley para institucionalizar las consultas revocatorias de mandatos, y que después de ser aprobada en la Cámara de Diputados, espera su sanción en el Senado, donde la oposición no parece muy dispuesta a darle un trámite rápido.

"La salida patriótica para evitar enfrentamientos es el referéndum revocatorio del Presidente y de los prefectos", afirmó el portavoz de Palacio Quemado, Alex Contreras. Añadió que debe ser el pueblo soberano quien defina si está de acuerdo con la gestión del jefe de Estado y con los nueve prefectos ante un eventual fracaso del proceso de diálogo entre el Ejecutivo y los gobernadores departamentales.

El vocero presidencial criticó a los sectores opositores que se niegan al diálogo, y aseguró que están más interesados en derrocar al presidente Evo Morales que en impulsar procesos autonómicos. En este marco mencionó la resistencia a llegar a un acuerdo en la implementación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pese a que el tema se viene negociando desde los primeros días de enero.

El vicepresidente de la república, Alvaro García Linera insistió en el tema al asegurar que "el Ejecutivo está muy interesado en que se apruebe esa norma para que el soberano se pronuncie a través del voto sobre si corresponde la continuidad del presidente, del vicepresidente y de los nueve prefectos departamentales".
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Luís Vásquez Villamor del opositor Podemos, que controla la Cámara alta, rechaza el mencionado proyecto de ley y anunció la presentación de un nuevo proyecto sustitutivo.

Ante esto, García Linera instó a la oposición a aprobar lo más rápido posible la norma, así sea con modificaciones, para que posteriormente sea resuelto en una sesión conjunta de las dos cámaras. "Queremos un referéndum revocatorio, ojalá incluso antes del referéndum sobre estatutos y la nueva Constitución", subrayó el vicepresidente. Estimó que se debería realizar primero los referéndum revocatorios, para que el resultado permita encontrar un nuevo escenario político donde discutir los otros temas en disputa.
"Bolivia tiene que entrar a una serie de referéndum, el primero debería ser el revocatorio de mandato, porque va a permitir ordenar la correlación de fuerzas a nivel nacional y departamental, y sobre ese escenario los otros referéndum, el ratificatorio (de la nueva CPE) y sobre estatutos autonómicos en el marco legal", manifestó.

Limitar los latifundios
Por otra parte, el gobierno estimulado por los resultados de la concluída Asamblea Constituyente, busca agilitar la consulta popular sobre el artículo constitucional que limita los latifundios.

La semana pasada, el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, aseguró que el gobierno agilizará la realización de un referendo sobre el artículo 398 de la nueva Constitución, aprobada en Oruro el pasado mes de diciembre, en respuesta al rechazo de la oposición a negociar con el Ejecutivo algunos aspecto del mismo.
La nueva constitución tiene pendiente una consulta para dirimir la extensión máxima de los latifundios. La oposición rechaza todo el texto de la nueva Constitución y por ahora se niega a dialogar con el gobierno correcciones al mismo.

Yaksic explicó que las máximas autoridades de la llamada media luna desaprovecharon la invitación gubernamental de señalar sus observaciones al proyecto constitucional. "El presidente Evo Morales ofreció la posibilidad de realizarle ajustes a la nueva constitución, pero ante la indiferencia de los prefectos opositores, agilizaremos la realización del referendo dirimidor y el constituyente", agregó.

En este sentido, el vicepresidente de la república y presidente del Congreso, Álvaro García Linera, ordenó la remisión del pedido de consulta sobre el latifundio a la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo.
La consulta determinará si el máximo de tierras será de cinco mil o 10 mil hectáreas por propietario, y tras adicionar el resultado al texto, este será sometido a referendo constitucional.

La Asamblea Constituyente aprobó el pasado 9 de diciembre una resolución que autoriza al presidente Evo Morales convocar a un referendo dirimidor si el Congreso Nacional no lo hace. Congresistas del oficialismo y la oposición coinciden en que la Ley de Convocatoria del Referendo Dirimidor debe ser aprobada por dos tercios de los votos de los legisladores.

La Corte Nacional Electoral, encargada de la organización de esta y otras consultas previstas para el 2008, garantizó la transparencia del proceso, pero advirtió que corresponde exclusivamente al Congreso realizar las convocatorias.