Escribe Ricardo Daher

El actual gobierno de Colombia, con su política militarista para resolver el conflicto interno, es una fuente de desestabilización para los países vecinos, Venezuela, Ecuador y en menor medida en Panamá y Perú. La búsqueda de la paz en ese país beneficia directamente a los gobiernos vecinos que hoy deben volcar muchos recursos en la vigilancia de sus fronteras, la atención a los refugiados e inmigrantes, y cuidarse de la inflitración de las bandas armadas del narcotráfico.
El plan Colombia transformó a ese país en la base militar e ideológica de Estados Unidos en la región y a través de ello, según el interés político y económico, acciona contra los países vecinos de forma directa o indirecta.
La primera presión que sufren los países vecinos es la inmigración de miles de desplazados que huyen de los combates entre el ejército y la guerrilla o de la acción de los paramilitares narcotraficantes.
Una segunda consecuencia es la invasión de narcotraficantes y sus brazos armados en territorio de los países vecinos, ya sea para buscar nuevas rutas para la exportación de drogas, nuevos territorios para plantaciones ante la fumigación organizada por la DEA norteamericana que de paso arrasa otros cultivos, o simplemente siguiendo una estrategia política de controlar más territorios, desplazar o desestabilizar gobiernos que harían frente al poder de estas bandas criminales, o que sostengan una política nacionalista al menos.
No sería la primera vez que Estados Unidos se alía a las mafias para desestabilizar o atacar gobiernos considerados inamistosos.
Está plenamente documentada la alianza de Estados Unidos y la derecha italiana para impedir el acceso de los comunistas al gobierno en Italia al final de la Segunda Guerra Mundial y mucho después.
Historiadores mencionan incluso que la invasión a Europa durante ese conflicto bélico se produjo desde Africa hacia Italia fascista facilitado por un acuerdo con la mafía.
Existe también evidencias de que la mafia financió -a pedido del jefe del clan Kennedy- la campaña electoral de John Kennedy a la presidencia, aunque después rompieron relaciones ante la actividad de Robert Kennedy como Fiscal General al perseguir el delito organizado. Claro que antes celebraron otros acuerdos. Está probada la colaboración de la CIA con la mafia para intentar asesinar a Fidel Castro en Cuba.
Más cerca en el tiempo, instituciones estatales norteamericanas financiaron y negociaron con plantadores y traficantes de drogas en la península de Indochina durante la guerra en Vietnam.
También llegaron a sostener a los señores feudales de Afganistán, que cosechaban amapolas y producían heroína, durante la ocupación de la URSS en ese país, y después para derrocar a los talibanes en 2001. Tanto que hoy Afganistán ocupada tiene una producción récord de heroína, financiada y defendida militarmente por las tropas de ocupación que hacen la vista gorda -y quizás obtienen beneficios económicos- ante esa actividad.
La CIA y el Pentágono también colaboró con narcotraficantes para desestabilizar la revolución nicaragüense después de 1979. La administración del entonces presidente Ronald Reagan y el vicepresidente George Bush, creó una complicada red de tráfico de drogas, comercio de armas hacia su archienemigo Irán -con colaboración de Israel- para financiar las guerrillas contrarrevolucionarias.
Después en Panamá, sostuvo durante un tiempo al entonces presidente Manuel Antonio Noriega, pese a que conocía sus contactos con los narcotraficantes colombianos. Cuando el general nos les fue más útil, sacaron a luz sus vínculos con el narcotráfico e invadieron el país para derrocarlo.

La CIA y "los Pepes"
En estos días la revista colombiana "Semana" reveló documentos desclasificados en Estados Unidos, donde se demuestra la colaboración de la CIA, la DEA y la embajada norteamericana, con el grupo narcotraficante conocido como "los Pepes" (Perseguidos por Pablo Escobar) para ubicar y capturar a Pablo Escobar.
El entonces presidente, César Gaviria Trujillo, estaba empeñado en destruir a Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín. Para ello creó el Bloque de Búsqueda, un grupo elite de las Fuerzas Armadas. Su iniciativa contó de inmediato con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. En ese entonces, el embajador en Bogotá, Morris Busby, prometía en público que Escobar caería en cualquier momento.
Entonces se sucedían las visitas de agentes de del Departamento Antidrogas Estadounidense (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que se sumaban al Bloque de Búsqueda.
El investigador Michel Bowden, en su libro "Matando a Pablo", sugirió en varios apartes las conexiones que existieron entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Escobar.
Ahora, según los archivos desclasificados, hay fuertes evidencias en esos documentos que permiten afirmar que existió un vínculo entre la ayuda norteamericana de seguridad y una organización paramilitar terrorista de Colombia.
El Bloque de Búsqueda apoyado con agentes de la CIA y la DEA compartía información de inteligencia con el paramilitar narcotraficante y jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño. Esta colaboración estuvo en conocimiento de la embajada norteamericana y del presidente de Colombia.
El 10 de julio del pasado año, la misma revista Semana publicó una entrevista a Vicente Castaño, hermano de Carlos, donde explica las conversaciones con Estados Unidos, no sólo en la época de la persecusión a Escobar, sino en fechas recientes.
Según Vicente, antes de su asesinato, Carlos estaba negociando con Estados Unidos su rendición.
"La negociación de Carlos con Estados Unidos era muy conveniente para todos nosotros. Él nos hubiera abierto el camino que tanto hemos deseado. Lo que no compartíamos con él era los métodos, que nos tocó respetárselos por lo que era" explicó Vicente, y de inmediato añadió que los contactos con Estados Unidos comenzaron en la época de los "Pepes".
En la misma entrevista aseguró que "Carlos hablaba abiertamente de la relación con los gringos. Es más, él estuvo acompañado varios años de un respetado señor y siempre lo presentaba como un alto funcionario de la CIA".
No es de extrañar entonces que ahora respalde al gobierno de Colombia pese a las enormes evidencias y pruebas de que el presidente Alvaro Uribe estuvo vinculado al cártel de Medellín que dirigía Pablo Escobar.
Ningún gobierno del mundo se hubiera sostenido si se hubiera descubierto -como sucede en Colombia- que decenas de senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, ministros, colaboraban, hacían acuerdos o recibían financiación y respaldo electoral de los mafias paramilitares narcotraficantes.
Estos grupos ilegales recibían además financiamiento de empresas norteamericanas, las más conocidas las bananeras, para liquidar sindicalistas y "mantener la paz" entre sus empleados. Los directivos de estas empresas sólo han recibido una multa económica por sus acciones, y el gobierno de Estados Unidos ha desechado formalizar cargos en sus contras.
Para asegurar el "matrimonio" de Estados Unidos con los paramilitares colombianos y el gobierno de Colombia, cabe recordar la visita de la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice, el pasado mes de enero, a Medellín, donde se reunió con unos 20 paramilitares colombianos desmovilizados (que decían representar a 4.000) para "conocer el proceso de formación, desarrollo y desmantelamiento de esas organizaciones".
El gobierno de Estados Unidos se niega a establecer cualquier contacto con "grupos terroristas" pero no tiene ningún empacho en sentarse a conversar con los paramilitares, responsables, según la Fiscalía colombiana, de más de 9.000 asesinatos. Conversaciones celebradas antes de la desmovilización y después, con lo que le otorga un status política para el futuro.

Infiltración en Venezuela
Ahora los grupos paramilitares, beneficiados por el acuerdo de paz con el gobierno de Alvaro Uribe, se reciclan con nuevos nombres y extienden su influencia en las zonas fronterizas de los países vecinos, y en los casos de Venezuela y Ecuador, se consitituyen en fuerzas avanzadas de la desestabilización.
Los grupos paramilitares colombianos pasan la frontera para trabajar como brazo armado de los terratenientes venezolanos, involucrarse en el lucrativo negocio del contrabando (colaborando así con la desestabilización al provocar escasez de alimentos) y para abrir nuevas rutas para el tráfico de sus drogas.
Los tres estados venezolanos de la frontera, Táchira, Zulia y Mérida, están inmersos en situaciones de violencia generada por estas mafias que además se dedican al secuestro extorsivo.
El pasado fin de semana, el presidente venezolano Hugo Chávez, volvió a referirse por segunda vez, a la inflitración de grupos paramilitares colombianos.
Chávez alertó que estos grupos no sólo ingresan en la frontera, sino que llegan hasta la capital, Caracas.
"Tenemos evidencia de que el paramilitarismo está infiltrándonos, comprando una casa, un restaurantito, un sitio para vender licor, y con ello montar una fachada a la venta de drogas", resaltó Chávez durante un contacto con Venezolana de Televisión.
El mandatario manifestó que esas fuerzas incluso regalan los estupefacientes para montar una base antisocial y crear focos de violencia, generar conflictos y sembrar armas en las comunidades.
La semana anteriores, había advertido que estos planes de inflitración están sostenidos o cuentan con la complicidad del gobierno colombiano y de los Estados Unidos.
De hecho, la red de radares instalados en Colombia, supuestamente para detectar y ayudar a detener el narcotráfico, ha sido incapaz de frenar o al menos denunciar esa accción.
Los paramilitares infiltrados en Venezuela, ya cuentan con varios asesinatos de dirigentes campesinos y sindicalistas que respaldaban al gobierno de Chávez y trabajaban por la reforma agraria en las zonas fronterizas.
La acción de estos grupos está obligando al gobierno venezolano a establecer mayor vigilancia militar en la frontera, y su consiguiente gasto.
Además de la infiltración de estos grupos, Venezuela, y los países vecinos, reciben miles de colombianos que huyen de la violencia o en búsqueda de una oportunidad económica.
En Venezuela se estimaba oficialmente que en el 2005 había medio millón de colombianos en el país, aunque cifras extraoficiales llevaban la cifra al doble.
Esto representa un gasto extra a un gobierno que pretende otorgar asistencia médica y social, educación y vivienda a todos sus habitantes sin importar el origen.
Desde la llegada al gobierno de Alvaro Uribe (2002), el número de refugiados colombianos en los países vecinos ha crecido cada año.

También en Ecuador
Cálculos extraoficiales estiman que el número de colombianos refugiados en Ecuador supera las 400.000 personas. Algunas viven en pésimas condiciones en campos de refugiados casi olvidados por el mundo.
Oficialmente, poco más de 30.000 colombianos han solicitado refugio en Ecuador desde el año 2000, y sólo un tercio han sido reconocidos como tales.
Además, en estos últimos años, el gobierno ecuatoriano ha debido protestar, y ha presentado una queja ante la Corte Internacional de La Haya, después de fracasar en la OEA, por las fumigaciones que Colombia realiza en su frontera y que traspasa sus límites.
Las fumigaciones se iniciaron en el marco del Plan Colombia hace más de cinco años, y sólo se suspendieron unos meses, a fines de 2006 y principios de 2007 tras un acuerdo entre los dos países para que Colombia se abstuviera de fumigar en una franja de 10 kilómetros en el límite fronterizo. Sin embargo, a principios del pasado año las operaciones volvieron a reiniciarse en la zona.
Estados Unidos ha sido un firme partidario y promotor de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, un herbicida que se usa en Ecuador en cultivos comerciales como el banano, la caña de azúcar y las flores.
De hecho, pilotos estadounidenses civiles manejan muchos de los aviones usados por la policía colombiana en esas tareas de fumigación.
Las operaciones de fumigaciónson realizadas por la firma Dyncorp, contratada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y escoltadas por helicópteros Black Hawk, especialmente acondicionados para la guerra contrainsurgente y que también hacen parte del Plan Colombia.
Médicos y ambientalistas critican la operación ya que sostienen que se fumiga desde gran altura y el herbicida afecta también los cultivos lícitos, fuentes de agua y la salud humana. Al punto que la Federación Médica Ecuatoriana aseguró que las fumigaciones con el herbicida glifosato son "peligrosas" para los habitantes, animales y cultivos.
Además del costo en la atención a los refugiados, Ecuador debe hacer frente a las pérdidas en sus cultivos, la atención a la salud por los efectos de las fumigaciones y la vigilancia de la frontera.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa sostuvo esta semana que Colombia no protege sus fronteras al sur, lo cual obliga a su país a mantener unos ocho mil militares y tres mil policías en la zona limítrofe. Esto representa un gasto mayor a 100 millones de dólares anuales, aseveró Correa al reiterar que este territorio "limita al norte con las FARC", y no con el Estado colombiano.
Ambos países comparten unos 640 kilómetros de una frontera que se extiende desde el océano Pacífico hasta la selva amazónica.
Por si fuera poco, Ecuador está sufriendo la invasión de mercenarios enviados por los madereros colombianos que se adentran en su territorio para la tala indiscriminada de bosques.
La pasada semana, el gobierno de Ecuador nombró una comisión interministerial para esclarecer la masacre de alrededor de 15 indígenas taromenani a manos de madereros colombianos en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía.
La decisión se produjo tras la denuncia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) del asesinato de hasta 15 taromenani, uno de los tres pueblos originarios que viven en aislamiento voluntario en las provincias amazónicas de Orellana y Pastaza, en el noreste de Ecuador.
Según la denuncia, los indígenas fueron asesinados por sicarios enviados por los madereros colombianos.
Representantes de la Comisión Interministerial efectuaron un sobrevuelo en la zona de Cononaco, donde se presume que se produjo la masacre y "se constató actividad maderera", según un comunicado de la Comisión.
Influencia en Panamá
Panamá, ex territorio colombiano, es una ruta de tránsito de los narcotraficantes hacia Estados Unidos, y además refugio de fortunas que se legalizan, además de vía de escape para miles de colombianos acosados por la violencia paramilitar en la zona de Urabá. Según datos no oficiales, unos 60.000 colombianos indocumentados viven en Panamá. Muchos de ellos en condiciones muy precarias.
El país del canal es preferido por las empresas colombianas y las fortunas del narcotráfico que lavan alli sus ganancias.
Se estima que actualmente la inversión colombiana llega a los 2.000 millones de dólares.
Además, en la frontera se mueven tanto las FARC como las nuevas bandas paramilitares.
La pasada semana, el ministro de Interior de Colombia, Carlos Holguin, anunció el envio de más policías a la frontera con Panamá para combatir a los nuevos grupos de paramilitares que se han organizado en la zona.
Es casi normal que tanto las FARC como estos grupos derechistas crucen la frontera para buscar abastecimientos de todo tipo.

Colombia como base
regional norteamericana
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Charles Wilhelm en la época del inicio del Plan Colombia, fue muy claro sobre los objetivos perseguidos a la hora de justificar la multimillonaria ayuda al gobierno colombiano.
Al intervenir en el Congreso de su país para explicar el plan, Wilhelm se mostró preocupado por el desarrollo interno de Colombia y auguró que de mantenerse el mismo camino, la situación culminaría, en poco años, en un Estado controlado por los narcos. Algo que parece haber aceptado y que no preocupa a los jefes que lo sucedieron ni al presidente de su país.
Pero además añadió que estaba "cada vez más preocupado por los países vecinos"
"Por donde se lo mire, se trata de un problema regional y como tal creo debiera tener una respuesta original", explicó el jefe del Comando Sur.
"El narcotráfico y las otras actividades corruptoras que alimenta están debilitando a las democracias de la región" añadió. Estados Unidos, agregó, debería "tomar las medidas apropiadas para preservar los éxitos de Perú y Bolivia, y ser sensible a las necesidades emergentes en los países vecinos como Ecuador, Panamá, Venezuela y Brasil".
En materia de inteligencia, Wilhelm precisó que Estados Unidos "seguirá desarrollando un centro conjunto con los colombianos y una amplia serie de actividades, para mejorar nuestras capacidades de intercepción". "Un componente clave de los planes de intercepción es el desarrollo del centro avanzado de operaciones, de Manta, Ecuador".
Estados Unidos necesita esa base para sustituir las capacidades perdidas al abandonar la base aérea Howard, en Panamá, explicó el militar. La base de Manta está todavía activa aunque el gobierno de Rafael Correa ya adelantó que no renovará el permiso para su funcionamiento una vez que caduque en noviembre de 2009.
Según Wilhelm, "la importancia de Manta radica en que se trata del único sitio que nos dará el alcance operacional que necesitamos para cubrir a todo Colombia, todo Perú y las áreas cultivadas con coca de Bolivia".
Además el militar rechazó que el Congreso condicionara la ayuda militar a Colombia al respeto a los derechos humanos.
El jefe militar rechazó el "excesivo condicionamiento a la protección de los derechos humanos" que proponían algunos congresistas.
Entre 2000 y 2006, EE.UU. aportó al "Plan Colombia" cerca de 5.000 millones de dólares, a lo que se debe sumar los aportes del gobierno colombiano y de Europa, para totalizar un gasto de 13 mil millones. Cerca del 80 por ciento de estos fondos fueron destinados a programas militares, antinarcóticos y antiterrorismo y 20 por ciento en desarrollo social y alternativo, según cifras del Center For International Policy (CIP). Para este año, el presidente George Bush pidió al Congreso una partido de 1.700 millones de ayuda a Colombia.
Con la ayuda norteamericana, Colombia pasó de tener, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) un total de 250.000 hombres en armas, a 400.000 en el actual gobierno de Alvaro Uribe.

Fracaso en la lucha contra las drogas
Pese a los más de 5.000 millones de dólares invertidos en el Plan Colombia, Estados Unidos sigue perdiendo la "guerra" con los narcotraficantes.
Según las cifras de interdicción de cocaína, presentadas por el Comando Sur del ejército norteamericano, en el pasado año se decomisó menor cantidad de cocaína que en el 2006.
Según el Pentágono, Estados Unidos interceptó sólo 210 toneladas métricas de coca en el 2007, frente a las 262 que había decomisado el año anterior, la cifra más baja desde 2003.
El jefe del Comando sur, almirante Jim Stavridis, "es difícil saber lo que está pasando. Lo cierto es que como en cualquier reto defensivo u ofensivo, nos toca modificar las tácticas", dijo al explicar la mala nueva.
Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que acaba de visitar Colombia, comentó más abiertamente. "Los malos se están moviendo más rápido que nosotros".
Otra explicación es que a Estados Unidos no le interesa utilizar sus radares, satélites espías y aviones de combate y vigilancia para frenar las drogas, sino que con la excusa de que están en Colombia para eso, utilizan esos recursos en otros menesteres.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA), muy enraizada en Colombia, también presentó una mala estadística. Estimó que la producción potencial de coca en Colombia ha venido subiendo en los dos últimos años. De 430 toneladas métricas en el 2004 a casi 600 en el 2007. Y eso que fumigan hasta en Ecuador.