escribe Ricardo Daher

Amparada en convenios firmados con los gobiernos corruptos anteriores, la multinacional Exxon Mobil presentó demandas para congelar fondos y bienes de la estatal petrolera venezolana PDVSA al negarse a aceptar la propuesta de indemnización ofrecida por el gobierno al nacionalizar los proyectos productivos de la Franja del Orinoco. La medida tiende no sólo a frenar la política nacionalista del gobierno bolivariano al recuperar para el país la soberanía sobre sus recursos naturales, sino que además busca desestimular que otros gobiernos de la región emprendan el mismo camino.

El pasado jueves en la tarde trascendió que la empresa petrolera norteamericana Exxon Mobil obtuvo un fallo judicial en tribunales de Nueva York y Londres, por la que embarga a la estatal venezolana PDVSA por un total de 12.000 millones de dólares. Los titulares de prensa se regodearon en el monto y algunos llegaron a sugerir que el "embargo" llegaría al doble de esa suma.

Desde el gobierno de Venezuela se aclara que el embargo aprobado en la Corte de Nueva York apenas abarca unos 300 millones de dólares de la ex empresa PVDSA Cerro Negro.

El ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ra-mírez explicó que "

No hay ninguna decisión definitiva sobre nuestros bienes, sólo una medida cautelar o transitoria mientras PDVSA presenta sus alegatos en defensa de los intereses de la República" ante las cortes de Nueva York, Londres y La Haya.

Aseguró que la decisión tomada por la corte de Nueva York, se limita estrictamente a una medida cautelar sobre los fondos que tuviera PDVSA Cerro Negro, calculados en 300 millones de dólares, que temporalmente están pendientes de la decisión que se tome en ese juzgado, lo cual, aseveró el ministro "no afecta en nada el flujo de caja ni las operaciones, que están al 100%". Así mismo, Ramírez ratificó que "Cerro Negro no existe más".

"No nos vamos a alarmar, atemorizar ni retroceder en las aspiraciones de nuestro pueblo de manejar de manera soberana sus recursos", dijo.

Por otra parte, Ramírez indicó que Exxon Mobil no ha respetado los términos del arbitraje sino que tomó medidas de presión legal contra nuestra empresa nacional. Por ello, la estrategia de esta firma se centró en introducir un arbitraje contra la República ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial en agosto de 2007 y, de forma paralela, una acción judicial ante una corte de Nueva York.

En cuanto al arbitraje internacional, ya se nombraron los árbitros de ambas partes y "se espera la conformación del comité arbitral para iniciar el juicio que, estamos seguros, favorecerá los intereses de la República", precisó Ramírez.

Más feliz que nadie sobre esta mala noticia, no totalmente cierta, era la oposición venezolana que, como un antiguo ex ministro de Economía del Uruguay, decía que él no era pro yanqui, sino que era yanqui.

En las notas de prensa, divulgadas por la petrolera norteamericana, se decía que se habían obtenido órdenes suplementarias de los tribunales de Holanda y de las Antillas holandesas contra PDVSA.

El embargo solicitado era para asegurarse de cobrar la indemnización por la pérdida de proyectos petroleros nacionalizados en la Franja del Orinoco, y después de negarse a negociar con el gobierno venezolano un precio justo.

Aún no está claro si todos los bancos extranjeros que recibieron la solicitud de Exxon harán efectivo el embargo, y la cifra divulgada no tiene ninguna relación con las posibles inversiones realizadas, ni con el valor en libros del proyecto nacionalizado, ni con posibles ganancias perdidas.

La propia empresa no había cotizado en más de 750 millones el proyecto perdido.

El embargo debería funcionar como un depósito obligatorio en espera de que un tribunal determine cuanto le corresponde a la petrolera norteamericana por el negocio perdido en la Franja del Orinoco, negocio que aún no estaba totalmente en marcha.

Según la prensa estadounidense, Exxon-Mobil entabló estas acciones de congelamiento por miedo a que el gobierno de Hugo Chávez desplace esos activos a otros países, lejos del alcance de una decisión de la comisión internacional de arbitraje, aunque parece más una acción de propaganda y presión contra el gobierno caraqueño para recibir una indemnización mayor.

Después de negarse a negociar con el gobierno de Venezuela una indemnización, la petrolera norteamericana recurrió a arbitrajes internacionales, según un convenio que tenía firmado con gobiernos anteriores al del presidente Chávez.

Entonces se aceptó que las empresas extranjeras podrían recurrir a leyes de otros países para pleitar contra Venezuela en casos de desaveniencias.

Este modelo de renuncia de soberanía se repite en varios países latinoamericanos y fue usado en los años del neoliberalismo con la excusa de que así brindarían seguridad a los inversores extranjeros.

Los arbitrajes privatizan la justicia

Los arbitrajes internacionales son usados por las empresas multinacionales para demandar a los estados que limitan o buscan limitar sus acciones expoliadoras. Siempre se presentan como "víctimas" de la acción de los gobiernos, mientras que no existe ningún organismo internacional que permita a los estados a denunciar a las empresas.

A principios de este mes, el presidente boliviano Evo Morales, denunció que la amenaza de las multinacionales de iniciar demandas millonarias ante organismos internacionales de arbitraje "frena" los avances en "la recuperación de empresas o recursos naturales".

"Cuando nacionalizamos, las trasnacionales se quejan (...) al arbitraje internacional y, lamentablemente, cuando uno pierde tiene que pagar millones y millones de dólares", dijo Morales, al visitar una metalúrgica expropiada hace casi un año a la suiza Glencore.

Para Morales, "hay que seguir recuperando" los recursos naturales en manos de empresas extranjeras, pero "el único problema" son las demandas, que "a veces frenan para avanzar aceleradamente".

Ante las demandas de las multinacionales afectadas por la política de expropiaciones de Morales, su Gobierno abandonó el año pasado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Además, el Ejecutivo boliviano comenzó una campaña para "terminar" con ese órgano del Banco Mundial.

A pesar de su salida del CIADI, Bolivia todavía tiene pendiente por resolver la demanda de la telefónica italiana Telecom, ante la intención del Gobierno de nacionalizar a su filial en Bolivia, Entel.

Argentina también enfrenta ante la CIADI 33 demandas por un monto de 17,000 millones de dólares, levantadas por empresas extranjeras a las cuales fue otorgada la explotación de los anteriores servicios públicos de la nación durante la dictadura militar de los años setenta y las presidencias de Carlos Menem.

Si el CIADI acepta las más de 100 demandas adicionales y falla en contra de Argentina en todos los casos, lo que sería probable, el monto total de las adjudicaciones se elevará a más de 30.000 millones de dólares, o sea el 25% de la totalidad de la deuda externa argentina.

En Uruguay, la banca Morgan de Estados Unidos demandó al Estado por la quiebra del Banco Comercial, del cual era socio mayoritario, de acuerdo a un convenio firmado por el entonces presidente Jorge Batlle. Uruguay perdió en la crisis bancaria de 2002 unos 3.000 millones de dólares, y debió pagar además otros 300 millones a los banqueros norteamericanos por el fallo del arbitraje. Ese pago se realizó ya en el actual gobierno de Tabaré Vázquez. También Uruguay enfrenta otra demanda por la empresa española Uragua, receptor del servicio de agua y saneamiento en el departamento de Maldonado. La concesión fue cancelada por el actual gobierno ante los incumplimientos de la empresa.

Ahora el gobierno uruguayo también enfrenta la amenaza de que la papelera finlandesa Botnia recurra a otro arbitraje internacional si sufre alguna limitación en su planta de Fray Bentos.

El gobierno bolivariano no desconocía esa situación y está preparado para apelar en los tribunales internacionales.

Buscan destrozar la economía

Al comentar esta situación y los titulares de prensa generados por la acción de Exxon, el presidente Hugo Chávez comentó el pasado fin de semana: "Estamos en el ojo del huracán (...) ahora nos arremeten desde afuera y desde dentro. Vean ustedes como la oligarquía venezolana se pone del lado automáticamente de cualquier plan que venga contra Venezuela y lo celebran, lo aplauden. Ahora con esta demanda que nos ha introducido una empresa imperialista, la Exxon Mobil, la oligarquía venezolana en vez de defender la patria, aplauden al enemigo porque ellos son parte del enemigo. ¿Se dan cuenta?. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga", afirmó el presidente Chávez. El mandatario explicó que "La oposición busca destrozar nuestra economía, frenar el desarrollo nacional, frenar el crecimiento económico nacional, entregar de nuevo el petróleo a la Exxon Mobil, por eso aplauden a la Exxon Mobil, se ponen automáticamente al lado de la Exxon Mobil y no al lado de Venezuela, para convertirnos en una colonia del imperio".

"Más nunca nos robarán, bandidos de la Exxon Mobil, son unos bandidos imperialistas, ladrones de cuello blanco, corruptores de gobiernos, derrocadores de gobiernos, apoyaron la invasión en Irak, y el bombardeo y siguen apoyando el genocidio en Irak", afirmó Chávez durante la transmisión del Aló, Presidente que se llevó a cabo en Barinas el pasado fin de semana.

Chávez advirtió que si prosigue la guerra económica contra Venezuela, suspenderá el suministro de petróleo a Estados Unidos (EEUU).

"La Exxon Mobil es una de las empresas de lanzas del imperialismo, esto apenas es la punta del Iceberg que viene contra Venezuela, sigan con las conspiración y no le enviaremos una gota de petróleo al imperio", manifestó.

Asimismo, indicó que el gobierno de Venezuela no se amilanará ante una medida que busca generar un clima de inestabilidad social y económica en el país.

"Si nos congelan y y nos hacen daño nosotros vamos a responder. Si la guerra continúa, Venezuela se meterá en el guerra económica y muchos países están dispuestos a acompañarnos", aseveró.

Sólo Exxon Mobil rechazó un acuerdo

El presidente Hugo Chávez emprendió la nacionalización de la región petrolera del Orinoco el primero de mayo de 2007 en base al decreto 5.200 del 27 de febrero del mismo año.

En la Asamblea Nacional se había aprobado ya una nueva ley de hidrocarburos y se estableció que las empresas mixtas no podían hacer más convenios donde se renunciaba a la soberanía y se admitía el arbitraje internacional, debido dirimirse las controversias posibles en el marco legal de Venezuela.

En la nacionalización de la Franja del Orinoco, el gobierno se comprometió a indemnizar a las multinacionales petroleras sobre la base del valor contable de los activos, y no la del mercado petrolífero. Todas las empresas mixtas creadas desde entonces prevén la participación mayoritaria de PDVSA en los proyectos. Durante el proceso de nacionalización, PDVSA sostuvo arduas negociaciones con todas las empresas que mantenían proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco, entre ellas Total, Statoil, Eni, ConocoPhilips, Petrocanadá, CNPC, Petrochina, British Petroleum y Exxon Mobil. Sólo la última recurrió a plantear un conflicto legal en tribunales extranjeros

En cambio, Total (Francia), Statoil (Noruega), Chevron (Estados Unidos) y BP (Gran Bretaña) aceptaron que la parte de la compañía estatal venezolana se convirtiese en mayoritaria en las coempresas petroleras del Orinoco.

La otra empresa estadounidense, ConocoPhillips, prefirió abandonar la región del Orinoco y negocia aún una indemnización.

El ministro Ramírez explicó además que "con Conoco Phillips hemos tenido un conjunto importante de reuniones con su presidente, Jim Mulva, a efectos de llegar a una negociación o acuerdo y creo que estamos en vía de lograrlo. Debo recordar también que en el pasado nosotros afrontamos también los arbitrajes de la empresa Ennel contra nuestro país por el tema de la Orimulsión y este arbitraje fue ganado por la República en la Cámara de Comercio de París. Teníamos otra situación de arbitraje con la ENI por el campo de acción y hemos conversado con esta empresa en los máximos niveles porque estamos en vía de acordar un finiquito.

Así como teníamos un arbitraje con la Total por el campo Jusepín y se acordó su finiquito también. Con esto lo que quiero expresar es que la República, a pesar de que no estuviésemos de acuerdo con que se hubiese incluido la figura del arbitraje internacional en estos acuerdos, ha sido consecuente en respetar esa figura y se ha hecho por supuesto defendiendo todo lo que son los intereses de la Nación".

"No nos extraña la actitud de ExxonMobil, pues es la típica empresa trasnacional norteamericana que, tal como nosotros lo hemos denunciado, históricamente ha tratado de agredir a los países productores de petróleo e imponer su punto de vista respecto al manejo de los recursos naturales. Esta empresa tiene un altísimo historial que nos da la razón en esta situación.

Debo decir en nombre de nuestro gobierno, de nuestro pueblo y de todos los venezolanos, porque éste es un tema en el que nuestra patria está siendo agredida por una trasnacional. En nombre de los trabajadores y de nuestra industria petrolera, nosotros no nos vamos a alarmar, atemorizar, ni a retroceder en las aspiraciones soberanas de nuestro pueblo de manejar sus recursos naturales" insistió Ramírez en conferencia de prensa.