El presidente de Bolivia Evo Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), han cumplido un buen porcentaje de la agenda de las jornadas sangrientas de octubre de 2003, que significó la expulsión del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Esa agenda exigida por el pueblo y que llevó a Morales a la Primera Magistratura el 18 de diciembre de 2005, se concentran en tres pilares: la Asamblea Constituyente, nacionalización de hidrocarburos y juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada.

La Asamblea Constituyente aprobó una nueva Carta Magna que deberá ser refrendada por el pueblo mediante su voto en un referéndum constitucional, previa consulta sobre el dirimidor del latifundio.

Se llevó adelante la nacionalización de los hidrocarburos que se dio precisamente el 1 de mayo del 2006. Un tercer pilar que está en proceso, aunque con muchas trabas, es el juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada y sus colaboradores, acusados de genocidio.

El trámite de extradición de esas ex autoridad aún no fue presentada ante la justicia de Estados Unidos, país donde se refugian.

Lo más complicado para el Gobierno emerge precisamente de la nueva Constitución y la demanda de las autoridades regionales del Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija que exigen autonomías departamentales a su medida, a través de su propio estatuto, pero al margen de la Constitución vigente mientras rechazan la nueva propuesta del texto magno.

Para el Gobierno, una alternativa de salida a las exigencias de la mal llamada "media luna"es precisamente el referéndum revocatorio de mandato para que el pueblo sea el que defina el futuro de las autoridades del Ejecutivo (Presidente y prefectos) mediante una consulta popular.

Fortalecimiento de la democracia

En los 25 años de democracia ininterrumpida, Bolivia tuvo nueve presidentes constitucionales y sólo uno, el actual mandatario Evo Morales, logró llegar a Palacio Quemado con el 53,7% de votos, sin necesidad de pactos o contubernios políticos en el Congreso Nacional o sucesiones constitucionales. En los últimos nueve años (1997-2006), Bolivia posesionó a cinco presidentes.

Tiempo de definciones

Analistas, políticos, prefectos y el propio Gobierno reconocen, por separado, que este año es crucial para el futuro del país y el cambio que está en el discurso de opositores y oficialistas.

Los oficialistas y movimientos sociales quieren el cambio con inclusión a través de la nueva Carta Magna que fije un proceso revolucionario en democracia. En la otra vereda, los opositores también hablan de cambio, pero para concentrar el poder en las regiones sin modificar las viejas estructuras políticas y sociales.

"El diálogo es el camino que debe abrir la solución a las diferencias, reconocemos que el panorama es complejo pero el Gobierno está abierto al diálogo incondicional", afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera.

El opositor prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, manifestó que los prefectos de la denominada "media luna" también quieren cambio, pero por intermedio de sus estatutos autonómicos.

"Hay dos procesos revolucionarios, uno son las autonomías y otro la nueva Carta Magna, nadie está en desacuerdo en el cambio, queremos ir para adelante, pero sin imposiciones", afirmó el cruceño.

El analista Carlos Cordero consideró que el cambio está en marcha. "El gran riesgo para el país es la postura de cada sector que no quiere ceder en sus posiciones y se radicalizan como queriendo generar el enfrentamiento entre los bolivianos.

La presión de los prefectos y cívicos opositores obligó al oficialismo a pactar en el caso de los 2/3, pero las pugnas persistieron por autonomías, capitalidad e IDH, llegando al punto de que el Gobierno promueva un referéndum revocatorio de mandato para que los bolivianos decidan con su voto entre el proyecto de democracia inclusiva o el que se promueve desde las regiones autonomistas.

El Vicepresidente de la República Alvaro García Linera explicó que en la evaluación que realizaron en el Gobierno concluyeron que los niveles de confrontación se mantienen como en otras gestiones, pero que los conflictos se han reducido notablemente.

Hay avance, aunque otros no lo quieren ver

El Gobierno logró importantes acciones dentro su plan que contempla como pilares la nacionalización de los hidrocarburos, la Asamblea Constituyente, apoyo a la productividad comunitaria, educación, salud, vivienda, inversiones, exportaciones, superávit, reservas internacionales, entre otras acciones.

Posibilitó con su partido y el apoyo de otras nueve fuerzas políticas que la Asamblea Constituyente apruebe el nuevo texto constitucional, considerado ilegal por la oposición, en medio de fuertes conflictos en Sucre que dejaron un saldo de tres muertos y decenas de heridos.

Además la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006, que supuso la renegociación de los contratos con las petroleras que operan en el país.

En lo social, el pago por segundo año consecutivo y ampliación al sexto de primaria el bono anual de 200 bolivianos a los escolares. Como jamás ocurrió, se profundizó la alfabetización y cada semana se libera poblaciones de este oscurantismo.

La Operación Milagro llegó incluso con atención a extranjeros en las zonas fronterizas y hasta la primera quincena de enero se habían realizado aproximadamente 187.000 intervenciones quirúrgicas a la vista en el marco de la Operación Milagro y más de 9.400 vidas fueron salvadas por los galenos cubanos. Además, se instalaron 900 centros médicos de los cuales 30 son móviles en el área rural, entre otras, sin contar más de 20 hospitales instalados con la ayuda cubana.

En dos años de gestión se recuperó para el Estado al menos cuatro empresas estatales y se creó otras cuatro, lo que marca un tránsito hacia una economía mixta entre la estatal y la privada.

Asimismo, se puso en marcha proyectos para crear empresas estatales encargadas de la producción y el abastecimiento interna.