escribe Carmen Blanco Valer

El pasado jueves 3 de enero fue asesinado en el sur de Chile por un carabinero, Matías Catrileo Quezada joven estudiante mapuche de 22 años que participaba en una recuperación de territorios comunales mapuche ancestrales.

Este suceso demuestra cómo la lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios y derechos desenmascara cuán lejos está dispuesto a ir el gobierno democrático chileno, para defender a como dé lugar los intereses de los usurpadores históricos de territorio: los terratenientes, así como los intereses de los nuevos usurpadores: las empresas transnacionales. De esa manera constatamos que la apropiación de territorios realizada con violencia invasora durante tres siglos del colonialismo español y luego por casi dos siglos de repúblicas criollas, hoy se aceleran facilitados por gobiernos que se autodenominan democráticos.

Todos los gobiernos chilenos de Pinochet en adelante, incluyendo el actual gobierno de la señora Michelle Bachelet -ávidos en satisfacer las necesidades del modelo neoliberal vigente- han abierto las puertas del país de par en par a las inversiones privadas nacionales, transnacionales y a los megaproyectos. Esta liberalización de territorios ha venido afectando en forma muy especial a los de los indígenas como por ejemplo, la destrucción del glaciar Pascua Lama en territorio diaguita; la construcción de ductos y salmoneras en territorios lafkenche; los depósitos de basura en territorios mapuche; hidroeléctricas en territorios mapuche cordilleranos de Bio-Bio, Liquiñe/Coñaripe (en el que existen intereses noruegos), y muchos otros ejemplos más.

Ante la resistencia de las comunidades indígenas a esta arremetida neocolonizadora, los dos últimos gobiernos chilenos han respondido criminalizando las protestas indígenas haciendo para ello uso de la ley antiterrorista heredada de la dictadura. Asimismo han hecho caso omiso de las observaciones y recomendaciones dadas no sólo del Relator Especial para Pueblos indígenas de la ONU sino también del Comité de Derechos Humanos de la ONU quien ha señalado que Chile infringe impunemente acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos. No bastando con ello este gobierno supuestamente democrático, se sigue negando a ratificar el Convenio 169 de la OIT, relacionado al respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Resultado de la frustración ante la injusticia sistemática del Estado chileno, un grupo de presos políticos mapuche iniciaron el 10 de cctubre del 2007 una huelga de hambre exigiendo el respeto a sus derechos y los de su pueblo. Hoy a casi tres meses de iniciada la huelga y pese al grave estado de salud de los huelguistas el gobierno chileno ha sido respondido con su total indiferencia y hermetismo al respecto.

Hace cinco años ocurrió algo similar cuando un joven mapuche de 17 años, Alex Lemún fué asesinado por las fuerzas del orden del Estado chileno y su muerte sigue aún hoy impune. Con esa experiencia pedimos que el asesinato de Matías Catrileo Quezada quien apenas había cumplido 22 años sea objeto de una seria e imparcial investigación.

Como parte de la opinión pública mundial exigimos al gobierno chileno:

· Fin a la criminalización de las protestas mapuche

· Alto a la represión contra las comunidades mapuche

· Libertad a los presos políticos mapuche

· Castigo a los culpables directos e indirectos del asesinato de Matías Catrileo Quezada.

Carmen Blanco Valer ,es presidenta de UBV-Latinamerika de Suecia