En un allanamiento a una residencia particular en el este de Caracas fueron arrestadas cuatro personas y fue incautado un ''gran número'' de uniformes militares hechos en Estados Unidos, fusiles de asalto, más de 6 mil cartuchos, pistolas 9 milímetros y bombonas de gas manipuladas, así como armamento que fue calificado por el ministro del Interior como ''de ataque''.

El ministro del Interior y Justicia, Pedro Carreño, dijo a la prensa que la naturaleza de las armas -todos implementos militares de asalto- y el hallazgo de una gran cantidad de uniformes militares es indicativo de que se trata de un grupo criminal organizado que podría tener fines desestabilizadores.

Los venezolanos están convocados a las urnas el próximo 2 de diciembre para decidir sobre la reforma de 66 artículos de la Constitución, tras una propuesta hecha por el presidente Hugo Chávez y profundizada por la Asamblea Nacional.

Durante la campaña proselitista se han registrado hechos de violencia por parte de grupos opositores al gobierno, los cuales han sido tajantemente rechazados por todos los poderes del Estado, en especial por la autoridad electoral.

El Ejecutivo venezolano ha denunciado las intenciones violentas de algunos sectores de oposición, vinculados a pasados intentos desestabilizadores y al golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez.

Asimismo, ha denunciado, a través de diversos funcionarios, la participación de Estados Unidos en esta conspiración, a través del financiamiento a organizaciones civiles que actúan como testaferros o mamparas de organizaciones políticas de ultraderecha.

En el allanamiento de este martes fue incautado un "gran número" de uniformes militares hechos en Estados Unidos, fusiles de asalto, más de 6 mil cartuchos, pistolas 9 milímetros y bombonas de gas manipuladas, así como armamento que fue calificado por el ministro Carreño como "de ataque".

También se incautaron "78 teléfonos celulares, dos cédulas falsas, computadores portátiles y seis vehículos", precisó Carreño.

"Por el número de telefonos celulares, por la cantidad de armamento, por las fotos, podemos concluir que hay una gran cantidad de personas involucradas", dijo Carreño, quien sostuvo que tales equipos podrían pertenecer a un grupo paramilitar.

En el año 2004 fueron arrestados en Caracas 120 paramilitares colombianos quienes habían sido "contratados" por un sector de la oposición política para atentar contra la vida del presidente Chávez.

Los paramilitares fueron indultados por el jefe de Estado en 2007, luego de que las investigaciones confirmaran la autoría intelectual de la conspiración, cuyas ramificaciones implicaron también a organismos de seguridad colombianos.

Sospechas de grupo paramilitar

En el allanamiento fueron arrestados cuatro ciudadanos, tres venezolanos y uno de nacionalidad colombiana: Jorge Iván Álvarez, Miguel Antonio Dávila, Luver Jacinto Atencio González y Arturo Guayabal (colombiano con cédula de residente en Venezuela).

"Estos ciudadanos ya están a la orden del Ministerio Público y además enviamos sus nombres al Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), para verificar si también son de procedencia colombiana", dijo Carreño.

Según el funcionario, el material encontrado en "es típico de grupos armados que actúan en localidades" del vecino país y opinó que todo indica que "hay mucha coincidencia" entre estos grupos y la red que fue desbaratada en Caracas este martes.

Añadió que los arrestados intentaron sobornar a los efectivos de la GNB. "Nadie que trate de sobornar a un funcionario está en estado lícito (sino que) está involucrado en la comisión de delitos", expresó.

Recordó que la labor de su despacho y de los cuerpos uniformados "es apoyar al Poder Judicial" e indicó que "todos lo elementos que son incautados, la evaluación de las mismas, las experticias" serán evaluadas por el fiscal a cargo de las investigaciones.

Carreño aprovechó para hacer un llamado a los sectores que adversan al gobierno para que se abstengan de utilizar métodos que atenten contra la democracia y el estado de derecho,

"Los que no estén de acuerdo con la reforma deben esperar el 2 de diciembre para exponer su opinión. No a través de 'guarimbas' (actos coordinados de violencia callejera) y a través de la violencia", expresó el ministro de Interior y Justicia.