escribe Ricardo Daher

En Suecia funciona un grupo parlamentario que se reúne periódicamente con los responsables de conceder los permisos de exportación de armas. Los parlamentarios deben velar para que se respeten los lineamientos de control en la materia. Por ejemplo, no se debe autorizar la venta a países en guerra o si se considera que existen graves violaciones a los derechos humanos. Además, según los lineamientos de la política exterior, también se debe tener en cuanto la vigencia y promoción de la democracia en los países receptores del armamento sueco.

Estos controles son cada vez más débiles y las excepciones a la ley son la norma del día.

Actualmente Suecia exporta material bélico a Estados Unidos, en guerra en Afganistán e Irak, a Pakistán, Malasia y Omán, entre otros países acusados de violar los derechos humanos. Ahora, se concretó una venta de aviones de combate a Tailandia donde gobierno una dictadura, y está por cerrar un negocio con Arabia Saudita.

El pasado 17 de octubre, el gobierno de Tailandia anunció la compra de doce aviones de combate Gripen-JAS de fabricación sueca por 1.100 millones de dólares como parte de su plan de modernización del material de defensa.

El 19 de setiembre de 2006, los militares derrocaron al primer ministro Thaksin Shinawatra. Los militares dijeron que seguían fieles al rey y que "devolverían el poder al pueblo" lo antes posible. El gobierno sueco admitió la excepción del negocio sosteniendo que los militares anunciaron elecciones para diciembre próximo.

Más que socios

Suecia no puede venderle armas a países en guerra, pero Estados Unidos es la excepción. La guerra en Irak es una de ellas.

El proyectil Excalibur fabricado en Suecia por la Bofors, es una de las armas favoritas del ejército norteamericano en Irak, especialmente en los combates callejeros.

Excalibur es un ejemplo de la activa colaboración sueca a la maquinaria militar norteamericana. En lo que transcurre de la guerra en Irak, Suecia ha invertido 600 millones de coronas (alrededor de 93 millones de dólares) en desarrollar este proyectil exclusivo para el ejército norteamericano.

La carrera armamentista norteamericana engrosa los bolsillos de las compañias suecas. Después de la invasión a Irak, las exportaciones de armas suecas han crecido considerablemente. El pasado año se llegó a exportar por 10.000 millones de coronas (algo más de 1.500 millones de dólares), y el destino principal fue EE.UU.

Pero Suecia no sólo le vende armas a Estados Unidos, sino que abastece también a sus aliados, sin importar si promueven la democracia, el islamismo radical o simplemente son dictaduras militares y reinado medievales.

Uno de los negocios que ha despertado críticas de algunos opositores al gobierno, es la venta de radades y otros equipos al reino de Arabia Saudita. Una transacción que por otra parte comenzó en la pasada administración socialdemócrata.

En noviembre de 2005, Leni Björklund, ministra de Defensa recibió en Estocolmo al príncipe saudí Khaled bin Abdulaziz.

Entonces se firmó una declaración conjunta donde ambos gobiernos destacaban las "cordiales y amistosas relaciones" que serían fortalecidas "a través de una colaboración militar directa", y establecía los pasos para un negocio de armas.

Consultada ahora por el diario Sydsvenska Dagbladet sobre la colaboración militar con Arabia Saudita, la ex ministra sólo explicó que "Arabia Saudita tiene un importante rol en el mundo musulmán y debido a ello es muy interesante mantener una diálogo con ellos".

Aunque los suecos consideran que Arabia Saudita es una de las peores dictaduras del Medio Oriente, el negoció continuó en marcha.

Cuando se firmó la declaración conjunta que establecía los lineamientos para la venta de material bélico a Arabia Saudita, la representante del Partido Liberal, Birgitta Ohlsson, entonces en la oposición, criticó sevaramente la medida. "Si vendemos armas a una dictadura como la de Arabia Saudita, abrimos la puerta de la colaboración militar con otras dictaduras, como la de Corea del Norte o Cuba" sostuvo.

Ahora en el gobierno, el Partido Liberal no piensa ya lo mismo. Por lo menos referente a Arabia Saudita. En la pasada primavera, es decir ya en este gobierno, la Inspección de Productos Estratégicos (ISP por su sigla en sueco y que corresponde a Inspektionen för Strategiska Produkter), autorizó a la empresa Saab a ofrecer al reino de Arabia Saudita, una central militar de radares "Erieye", que pueden instalarse en tierra y en aviones de combate.

ISP ha autorizado también a la empresa BAE Systems Hägglunds de Örnsköldsvik, ofrecer al reino saudí el blindado CV90 provisto del poderoso sistema de lanzagranadas Amos.

Picardías suecas

Andreas Ekman es el director general de ISP y para decidir las autorizaciones a las exportaciones de armas, debe consultar con el Consejo y Control de Exportaciones (EKR) integrado por representantes de los partidos políticos. Estas reuniones se realizan una vez al mes promedialmente. El propio Ekman integra el Consejo.

Ekman fue diplomático en Africa, Japón y Estados Unidos, y utiliza esa experiencia a la hora de justificar porque algunos países que según la legislación no pueden recibir armas suecas, poseen esos productos.

Los lineamientos para la exportación de armas son claros. La autorización para la venta de material bélico no puede entregada si se considera que existen graves violaciones a los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos es una condición central para que el permiso sea otorgado, dice a grandes rasgos el mandato parlamentario.

Pero Ekman interpreta que la prohibición se refiere a productos letales, es decir que causen la muerte. Y según el director de ISP, el sistema militar de radares Erieye no lo es. No se puede matar al enemigo con radares, sostiene, por eso no existe impedimiento para su venta a países como Pakistán o Arabia Saudita.

Erieye puede ser usado como parte de un sistema militar, pero también como una central de salvamento en caos de catástrofes, terremotos, etc. aclara Ekman.

En cuanto a la venta de misiles Bofors a Pakistán y la autorización de lanzagranadas de Hägglunds a Arabia Suadita, Ekman reconoce que son armas mortales, pero destaca que la venta a Pakistán ya estaba aprobada desde mucho antes y que ISP por ahora sólo ha dado permiso para una demostración en el desierto del sistema Amos de lanzagranadas. Todavía no se dió la autorización a la exportación, explicó. Parece poco creíble que se autorice a gastar millones de coronas en pruebas para después frenar la venta si el interesado queda impresionado por la exhibición de fuego.

Pakistán también figura entre los destinos suecos de armamento.

Suecia está entregando a Pakistán el sistema de radares Saab Microwave Systems por un total de 7.000 millones de coronas. Pakistán, una pontencia con armas nucleares, es gobernado por el general Pervez Musharraf desde 1999 cuando asumió el poder en un golpe de Estado. A principios de octubre, 1.070 legisladores realizaron una votación para designar al presidente de país, donde Musharraf era casi el único candidato.

Además Pakistán está en conflicto con India, envuelto en la guerra en Afganistán con el que tiene fronteras, y sufre una revuelta islamista y de grupos separatistas, que tiene todos los vicios de una guerra civil.
Practicamente todos los días se registran combates entre fuerzas del ejército, separatistas y hasta grupos pro talibanes radicados en la frontera con Afganistán. Las armas suecas son usadas en estos combates.

Algunos parlamentarios del gobierno sostienen públicamente que el país no debería venderle armas a Pakistán y Arabia Saudita según la legislación vigente, sin embargo presentan una justificación desde el punto de vista de la seguridad internacional y la colaboración con Estados Unidos.

Los dos países mencionados son socios claves de la administración norteamericana en la región, pese a que eran practicamente los únicos gobiernos que reconocían al régimen de los talibanes en Afganistán.

El actual ministro de Defensa, Sten Tolgfors sostiene que el material de defensa es un producto político y que no se puede vender sin el respaldo y la aceptación de los políticos, estableciendo de esta manera que existe una complicidad asumida.