La reforma constitucional aborda una reestructura de la división política territorial para terminar con un modelo de organización, heredado desde la época de la colonia, y que estaba al servicio de satisfacer las necesidades de las potencias extranjeras, destacó María del Carmen Díaz, antropóloga geóloga, y ex Directora General de Planificación y Ordenación del Ambiente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Venezuela.

En su participación en el seminario desarrollado en Malmö, en el marco de la jornada "10 horas por el ALBA", la representante de Venezuela abordó en especial la nueva organización territorial que se presenta en el proyecto de reforma constitucional. Destacó que es la primera vez que se intenta modificar la división territorial para profundizar los cambios hacia el bien común.

Recordó que el patrón de asentamiento de la población y la estructura socioeconómica del país está diseñada, desde la colonización española, para dar respuesta a las exigencias exteriores del país. Con una dinámica de explotación de los recursos naturales para su exportación.

En ese sentido hizo un repaso del modelo de organización territorial a través de la historia. Por ejemplo, desde que se comenzó con la explotación de perlas, el país estuve concentrado en las costas para su exportación a Europa.

Posteriormente cuando los inmigrantes alemanes comenzaron la explotación ganadera en la sabana, la división territorial del país se organizó para facilitar su exportación, con líneas directas de conexión hacia los puertos.

Lo mismo sucedió con la explotación del café y el cacao. Dentro de Venezuela los territorios estaban desconectados entre si. Sin embargo la producción salía directamente a los puertos y de alli a Europa primero y Estados Unidos más tarde.

Se fue conformando un país con grandes poblaciones en la costa, con mayor acceso a mejores condiciones de vida, y un país casi abandonado en el resto. Las poblaciones se conectaban hacia la costa y entre las ciudades de la costa, pero no había, y todavía no hay, conexión entre las poblaciones del interior del país. No existe comunicación entre las ciudades del medio del país, explicó.

En 1920 con la explotación a mayor escala del petróleo, el país pasa de monoproductor agrícola a monoporductor petrolero, y el modelo de división territorial sigue siendo el mismo, destinado a sacar la producción del país al exterior.

A fines de la década de los 60 y principios de los 70 se dió un proceso de sustitución de importaciones, explicó María del Carmen Díaz, que implicó un desarrollo industrial vinculado a los puertos. Sin embargo, explicó la representante venezolana, este desarrollo no beneficiaba a la población. Seguimos con un país desarticulado, subrayó. El 60% de la población está asentada en el norte, en el eje costero, un 30% en el norte llanero, y sólo un 10% en el resto del país.

Paradójicamente, en la costa falta agua potable mientras que en el sur despoblado está el 90% de los recursos hidráulicos del país, el 80% de los recursos forestales, el 50% de los suelos con potencial agrícola, minero y petrolero.

Por otra parte Venezuela ha ignorado el mar, dijo María del Carmen Díaz. Antes nos enseñaban que el país limitaba al norte con el Mar Caribe, cuando tenemos 860.00 kilómetros cuadrados de soberanía en el mar e innumerables islas. Ahora sabemos que el territorio es más grande, y que nuestra frontera norte limita con Puerto Rico, República Dominicana, Francia y Holanda (con sus colonias en el Caribe).

La nueva división territorial apunta a promover el desarrollo del país, eliminar las diferencias socioeconómicas entre las diferentes regiones del país, atendiendo a las necesidades de la población, sus recursos naturales, y respetando sus tradiciones culturales.

En un resumen de la nueva división, la representante venezolana mencionó a la capital, las capitales de los estados, las regiones marinas y distritos insulares, los municipios y provincias federales, la ciudad comunal, las comunas y las comunidades.

Esta división, que fomenta la participación y el control de los ciudadanos, también posibilita la creación -previa consulta popular- de provincias federales que pueden superponerse sobre las divisiones territoriales, y por un plazo determinado, a los efectos de establecer planes concretos de desarrollo impulsados directamente desde la presidencia, eludiendo las trabas burocráticas que impiden que los recursos lleguen a los lugares más apartados.

El poder de estas provincias o comunas federales provisorias, después de ser aprobadas en consulta popular, será designado por el presidente de la república.

Estas estructuras territoriales provisorias también pueden constituirse dentro de las ciudades a través de comunidades y comunas, para impulsar planes de desarrollo concreto.

También a través de consulta popular entre los habitantes de estas regiones, estas organizaciones federales pueden establecerse definitivas o crear un nuevo estado o provincia..

La reforma plantea estas posibilidades, aunque no detalla la forma concreta en establecerlas, que serán reguladas por leyes.

La posibilidad de establecer territorios federales provisorios, o permanentes si la población así lo resuelve, abarca casi todas las organizaciones territoriales.

El fomento de estas nuevas formas de organización subrayan el poder popular y el control de los ciudadanos sobre los recursos de sus regiones, y sobre sus gobernantes.

La reforma no modifica la división política del país, pero abre posibilidades para nuevas estructuras y fomento de planes de desarrollo para que los recursos sean mejor distribuídos.

Paralelo a la reforma, el gobierno ya está desarrollando programas para conectar en interior del país entre si, como la construcción de puentes, un ferrocarril que atraviesa el país de este a oeste en el centro, e incluso planes de desarrollo de nuevas ciudades en el sur.