Las cifras indican un aumento del 92 por ciento con respecto al panorama existente entre 1996 y 2002, y coincide con la implementación de la política de Seguridad Democrática por el gobierno de Alvaro Uribe.

El grupo, formado por 13 juristas, periodistas, forenses y expertos en derechos humanos y derecho internacional, se entrevistó durante varios días con víctimas y testigos que narraron 132 casos, los cuales en su mayoría quedaron impunes, y recogieron denuncias.

Según el informe, un promedio de 227 ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas ocurrieron anualmente en Colombia entre julio de 2002 y junio de 2006, perpetradas por agentes estatales o por paramilitares que actúan con su apoyo o tolerancia.

El informe de la Misión Internacional sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia reveló que entre julio del 2002 y junio del 2007 se registraron 955 ejecuciones extrajudiciales, un incremento del 65,5 por ciento frente a los 577 casos reportados en los cinco años previos.

"La misión internacional encontró patrones comunes en la forma de realización de las ejecuciones extrajudiciales que se pudieron documentar en varias regiones de nuestro país, lo que permite concluir que no se trata de hechos aislados sino de conductas sistemáticas que responden a una premeditación," dijo el informe.

Así, durante los primeros cuatro años del actual gobierno, la fuerza militar aumento a 170 mil soldados, lo cual no ha significado una mayor seguridad para la población que muchas veces es identificada como cómplice de los grupos guerrilleros.

El estudio señala que el alto número de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes denota se ataca a la población civil al considerarla parte del "enemigo interno" que hay que enfrentar militarmente, sin considerar el derecho humanitario.

"En muchos de los casos fueron arbitrariamente privadas de su libertad por el Ejército, posteriormente vestidos con prendas militares y ejecutados. Después fueron presentados como guerrilleros muertos en combate," aseguró el estudio.

Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, se registra un aumento de quejas por la presentación de víctimas civiles como muertas en combate, alteración de la escena del crimen por los autores y la investigación de los hechos por la justicia penal militar, que permite la impunidad.

En conferencia de prensa en Bogotá, David Martínez, coordinador del trabajo de la misión internacional, denunció además como alarmantes las desapariciones forzadas, que aumentaron en más del 300 por ciento en los últimos cinco años.

Asimismo consideró "peligroso y desconcertante" que altas autoridades intentan descalificar a las personas u organizaciones denunciantes de las ejecuciones y pretenden presentarlas como "corifeos" de los grupos insurgentes.

Para peor, estos crímenes son muchas veces presentados como un éxito militar, y la situación de la familias se agrava ante la descalificación reiterada que el Ejecutivo hace, en cabeza del presidente Uribe, cuando atribuye las investigaciones en materia de derechos humanos a una estrategia de la guerrilla.

La misión internacional denunció que la mayoría de las víctimas son campesinos, indígenas, líderes comunitarios y personas pobres, quienes en muchos casos son apresados por el ejército, vestidos con prendas militares, ejecutados y luego presentados como guerrilleros muertos en combate. El español Mauricio Valiente, miembro del grupo, llamó la atención sobre la impunidad en muchos hechos al trasladar sus cuerpos los militares, no preservar el lugar del crimen, llevarse los elementos probatorios e impedir a familiares reconocer a las víctimas. A ello se suma que las investigaciones son asumidas por jueces militares lo cual no ofrece garantías para un juicio imparcial, pese al dictamen de la Corte Constitucional colombiana donde establece sobre esos procesos la competencia de la Fiscalia General.

En su informe, la Misión Internacional incluye una larga lista de recomendaciones al gobierno para erradicar las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Pero también llama a la comunidad internacional a que exija a las autoridades colombianas la salvaguarda de los derechos humanos y que los gobiernos extranjeros condicionen la ayuda militar al Estado colombiano a la finalización de las ejecuciones extrajudiciales.

El informe subraya varios patrones: El aumento coincide con la política de "Seguridad democrática"

* Se han cometido en una porción importante del territorio nacional.

* Responden a patrones claros que se repiten en todo el país, independientemente de la unidad militar o policial implicada. * Existe una intención deliberada de mantener en la impunidad esos casos. La mayoría está en la jurisdicción penal militar.