escribe Ernesto Tamara

Los partidarios del presidente Alvaro Uribe anunciaron su intención de promover una nueva reforma constitucional para habilitar otra reelección del mandatario, en medio del escándalo de su enfrentamiento con la Suprema Corte de Justicia, las nuevas sospechas de sus vínculos con los paramilitares, y la constatación del aumento de las ejecuciones extrajudiciales desde que aplica su política de Seguridad Democrática.

La imaginación de Gabriel García Márquez en sus novelas se queda pálida ante la compleja realidad política de su país y la trama de conspiraciones, asesinatos, denuncias, que involucran a la clase política gobernante.

Si lo mismo ocurriera en cualquier otro país del continente, desde la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas estaría debatiendo la legalidad del poder del presidente Uribe y cuestionando la vigencia de la democracia y el estado de derecho en Colombia.

No hay día en que un legislador no sea citado ante la Justicia a declarar por sus vínculos con los paramilitares -y en la mayoría de los casos con el narcotráfico- y que se conozca la declaración de algún jefe paramilitar desmovilizado que subraye sus vínculos con la dirigencia política del país.

Para adornar el panorama de las declaraciones, una ex amante del ex capo de Cartel de Medellín, Pablo Escobar, asegura en un libro de memorias de reciente edición, que el presidente Alvaro Uribe facilitó desde su cargo de director de Aeronáutica Civil, a principios de los 80, las actividades del narcotraficante más famoso de Colombia. Y si no fuera suficiente, otro paramilitar preso insinúa otros vínculos del presidente -cuando ya estaba en la cumbre del poder- con otro jerarca paramilitar.

Pero cuando más complicada y enredada parece la situación política, los partidarios del presidente Uribe sólo encuentran una salida hacia adelante, la reelección del mandatario.

Uribe, que hasta ahora es el mayor aliado de Estados Unidos en la región, sigue contando con el visto bueno de la Casa Blanca, pese a las crecientes evidencias de las relaciones de su familia y de él mismo, con los grupos de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) consideradas como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

Un reciente llamado de la Misión Internacional sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad para exigir que los gobiernos que apoyan financieramente a Colombia le exijan a su gobierno combatir las ejecuciones extrajudiciales -que han aumentado durante el mandato de Uribe- sigue siendo ignorado por Washington y el parlamento europeo, siempre dispuesto a comentar situaciones en Cuba y Venezuela.

Según el informe de expertos de Estados Unidos, España, Francia, Alemania y Gran Bretaña, al menos 236 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública ocurrieron en Colombia en el ultimo año. Las cifras indican un aumento del 92 por ciento con respecto al panorama existente entre 1996 y 2002, y coincide con la implementación de la política de Seguridad Democrática por el gobierno de Alvaro Uribe.

Presentan la reelección

El pasado miércoles, el secretario general del partido de La U, Luis Guillermo Giraldo, propuso en el marco del Congreso Ideológico, la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. La propuesta fue recibida con un sonoro aplauso de todos los asistentes. Posteriormente el Congreso Ideológico aprobó la propuesta.

Desde el gobierno no se ha reaccionado a la propuesta, que además no era una sorpresa. Por lo menos desde hace más de un mes que diferentes voceros uribistas vienen hablando de la reelección.

Cuando más complicada es la situación, insistían, queda más claro que sólo Uribe puede lidiar con ella y resolverla. Más o menos con las mismas palabras argumentó Giraldo la iniciativa. "Ningún ejército cambia a su general en el momento en que está ganando la batalla".

Poco antes del Congreso, Giraldo comentó ante la prensa que "hemos palpado el sentir popular de la gente, lo que piensan las personas en todas las regiones del país y vemos que hay ánimo para reelegir al presidente Uribe".

"Tenemos varias encuestas. Una del partido de La U en la que un 52 por ciento de los colombianos es favorable a la continuidad del presidente y hay otra hecha por la revista Credencial -próxima a salir- en la que un 58 por ciento de los empresarios manifiestan que en caso de que Uribe Vélez se presente éstos votarán por él".

El secretario general del partido uribista dijo que en 2008 se recogerá el 5 por ciento de las firmas del censo electoral lo que le dará luz verde al referendo. Este se realizaría en 2009 y en caso de ser aprobado e incluido en la Constitución, en 2010 Uribe se presentaría a un tercer mandato.

Giraldo considera que si bien el asesor presidencial José Obdulio Gaviria se ha mostrado en contra de esta iniciativa y de que los hijos del presidente han asegurado que no quieren estar más de ocho años, el presidente aceptará el reclamo de la ciudadanía.

"Se hará una consulta a voto limpio para que la gente libremente decida si quieren que la obra del Presidente continúe o no. Es un acto totalmente democrático", insistió. Mientras, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, no rechazó abiertamente la propuesta y tibiamente la calificó de "interesante".

El 29 de octubre, los uribistas comenzarán a recoger firmas para convocar al referendo que permita al presidente presentarse para una segunda reelección consecutiva.

Choque con la Suprema Corte

La pasada semana el presidente Uribe salió a cuestionar a los jueces y le reclamó a la Suprema Corte de Justicia que investigue una supuesta conspiración para involucrarlo en el crímen de un jefe paramilitar.

La crisis estalló cuando un comunicado de la Casa de Nariño denunció que funcionarios de la Corte habían ofrecido ventajas judiciales al preso José Moncada, alias "Tasmania", para que acusara a Uribe como autor intelectual del asesinato de otro jefe paramilitar.

La denuncia basada en el testimonio de Tasmania, hace mención al magistrado Iván Velásquez, que lleva la principal responsabilidad en los procesos contra políticos vinculados al paramilitarismo, todos muy cercanos al gobierno.

Velásquez lidera el grupo de 9 magistrados auxiliares que con sus investigaciones tiene contra las cuerdas a cerca de 40 congresistas, entre ellos varios de partidos uribistas, incluyendo a Mario Uribe, primo del presidente, ya convocado a indagatoria.

Según se reveló ahora, el presidente se enteró de una conversación entre el paramilitar "Tasmania" y el juez Velásquez, a través de su hermano, Santiago Uribe, vecino del abogado del paramilitar. Al parecer el abogado traicionó a su cliente y le trasmitió a Uribe que se estaba gestando una acusación contra el presidente.

El juez Velásquez ha negado esta versión y sostiene que "Tasmania" y su abogado fueron los que tocaron las puertas de la Corte, a través de la Fiscalía, para ofrecer colaborar con la justicia a cambio de beneficios. En un primer momento hablaron de denunciar delitos de su grupo. Pero los dos magistrados auxiliares que acudieron a la cita, según cuenta Velásquez, les dijeron que eso no era competencia de la Corte.

Después "Tasmania" dijo que sabía "de un problema de Uribe Vélez con 'René'', jefe paramilitar del suroeste antioqueño detenido. El magistrado dice que no se detuvo en esa frase y les repitió a "Tasmania" y a su abogado que les interesaba información era de congresistas y que les puso el ejemplo de Mario Uribe, senador y familiar del presidente Uribe, que había tenido influencia en el suroeste antioqueño, zona en la cual operaba "Tasmania".

La fiscal de Medellín, Ana Elena Gutiérrez, a cargo del caso de "Tasmania", manifestó que participó del interrogatorio junto con Velásquez y que le consta que no se le ofreció ningún beneficio a cambio de que testificara en contra de Uribe.

Después del comunicado de la Casa de Gobierno, el presidente Uribe salió a acusar a los jueces y a la Suprema Corte en los medios de comunicación. En entrevistas radiales, Uribe insistió en que se hacía más exigente una investigación sobre el caso "para que el país sepa si el presidente es un asesino, si la persona que ha hecho esa denuncia está mintiendo, o si quienes han mentido y quienes montaban una maniobra contra el presidente eran funcionarios de la administración de justicia".

Uribe formuló las acusaciones en las principales cadenas radiales del país acusando a integrantes de la Corte, como el magistrado y ex presidente de esa entidad, Yesid Ramírez, y el actual presidente de la Sala Penal de la Corte, Sigifredo Espinosa.

En rueda de prensa Uribe acusó a Ramírez de que "se ufana diciendo que tiene agarrado al presidente".

También dijo que Espinosa le pidió su intercesión para que aceptaran a un familiar en un postgrado de medicina, pero que no pudo ayudarlo porque el interesado no cumplía los requisitos.

En esta ocasión, la Corte no se quedó en silencio y reclamó respeto a su independencia. Los 23 magistrados de la Corte Suprema emitieron una declaración en la que rechazaron "enfáticamente" que exista conspiración alguna contra el presidente y exigieron respeto a la independencia de la labor de los jueces.

El texto, leído por Cesar Valencia, presidente de la Corte, desaprueba "cualquier injerencia indebida" sobre el desarrollo de las investigaciones del escándalo de la parapolítica.

Asimismo mostró preocupación porque las denuncias de la Presidencia puedan mellar la credibilidad de la Corte, cuyas decisiones "son producto del estudio colegiado y no de un funcionario en particular".

Por otra parte, los jueces se muestran preocupados por la ofensiva del presidente, ya que después son blancos de amenzas de muertes, por lo menos. Lo mismo ocurrió con el corresponsal del diario Miami Herald que debió exiliarse antes las amenazas de muertes recibidas después que el presidente Uribe lo acusara de ser el autor del libro de la amante de Pablo Escobar y de intentar "ensuciarlo".

"Hay unos seguimientos extraños a nosotros", dijeron varios magistrados. Acusaron a agentes del DAS de ir tras la pista de los magistrados que investigan el tema de la parapolitica.

Fraude y financiación ilegal

Mientras tanto, el proceso de denuncias de los políticos implicados con el paramilitarismo, parece sufrir un estancamiento. Unos 40 congresistas están detenidos o citados a declarar ante la justicia, y al mismo tiempo pretenden presentar proyectos de ley, a través de otros legisladores, para beneficiarse de amnistías o penas más cortas.

Al mismo tiempo, los paramilitares que declaran ante la justicia siguen involucrando a dirigentes políticos, gobernadores, alcaldes, altos funcionarios, de pactar para acceder a sus cargos.

Prácticamente está comprobado el fraude electoral en 2002 en casi todos los territorios controlados por los grupos paramilitares, a través de la imposición de candidatos, la eliminación de la competencia, compra de votos, o acuerdos entre políticos locales y jefes paramilitares para volcar las votaciones.

Ahora, ante el nuevo proceso electoral del 28 de octubre, Confecámaras denuncia financiación irregular de los partidos.

La organización que aglutina a las cámaras de comercio del país dijo que existen irregularidades en la financiación de la campaña para las elecciones en las 30 principales ciudades de Colombia.

Su presidente, Eugenio Marulanda, dijo que pocas regiones se salvan de los dineros de dudosa procedencia que respaldan a candidatos a gobernaciones y alcaldías.

El dirigente gremial hizo un llamado a los organismos de control, veedurías ciudadanas e incluso a la organización de Estados Americanos (OEA) para que intervengan y actúen frente a la financiación ilícita de candidatos.

Asimismo señaló que la sociedad civil y la comunidad internacional deben interesarse más en velar por la transparencia del proceso electoral e investigar las cuentas de los aspirantes a los cargos de elección popular regional.