escribe Manuel Villar Burchard

Alí Babá es un personaje de ficción en la literatura árabe, uno de los cuentos en Las mil y una noches. Daniel López también lo es, pero no precisamente en las letras de la ficción, sino como seudónimo del Capitán General en la escalada de triangulaciones y operaciones con caudales públicos que realizó involucrando a su esposa, a sus hijos y a una cúpula de colaboradores, entre abogados y altos mandos militares, la mayoría de ellos retirados y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas.

Todos, la viuda, los cinco hijos y 17 integrantes del círculo más cercano al extinto ex dictador Augusto Pinochet fueron sometidos a proceso en un fallo de primera instancia por el ministro en visita Carlos Cerda por malversación de al menos 20 millones de dólares, un caso destapado por el Subcomité sobre Investigaciones del Senado norteamericano en 2005, cuando se investigaban las cuentas de presuntos terroristas en la banca norteamericana.

Los hechos constituyen una muestra de la corrupción que se había instalado en el régimen castrense y que derivó también a millonarios negociados mediante políticas de privatización, entre otros modus operandi.

Se trata de los depósitos de Pinochet y sus colaboradores en las arcas del banco estadounidense Riggs, correspondientes a dineros destinados a gastos reservados de la Presidencia, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército, desviados -de acuerdo a lo establecido- a cuentas ocultas a través de una intrincada madeja, que fue desmenuzada primero por las autoridades norteamericanas y luego por la investigación judicial en Chile, cuyos resultados aunque esperados han impactado a la opinión pública.

Es que para la mayoría era impensable (tras la impunidad en que falleció Pinochet en diciembre de 2006) que uno a uno fueran capturados en la calle, en sus casas u oficinas y trasladados a celdas de prisiones comunes (con algunas deferencias, claro) o a centros hospitalarios -en el menor de los casos- la viuda del Capitán General, Lucía Hiriart Rodríguez de Pinochet (83) y sus cinco hijos e hijas: Lucía (63), Augusto (62), Verónica (59), Marco Antonio, (50) y Jacqueline (48). También seis generales, un brigadier y dos coroneles, todos ellos retirados y dos coroneles activos, además de tres abogados, una ex secretaria, un contador y un ex cónsul.

La mayoría de los procesados ya figuraban en los antecedentes recabados por el Senado norteamericano profusamente divulgados por la prensa mundial. La primera cuenta conque operó mediante triangulaciones el fallecido dictador para la ocultación de capitales se abrió en Miami en noviembre de 1981 -operación efectuada por el general retirado Jorge Ballerino (alias John Long) y uno de los últimos movimientos fue el cierre de otra cuenta de más de cien existentes, operación que registró el Senado estadounidense en abril de 2004.

Para la colocación de capitales se utilizó banca de diversos países y regiones del mundo, como Suiza, Gibraltar, Bahamas, Reino Unido, Islas Vírgenes, amen de la creación de empresas de papel en paraísos financieros, pero los depósitos en el Bank Riggs fueron los que a la larga hunden a los coludidos en la desviación de recursos del Estado chileno y en la ocultación de capitales.

La malversación fue continua durante la dictadura (1973-1990) y prosiguió bajo tres gobiernos democráticos de la Concertación, operaciones amparadas por un indiscutible poder fáctico que se prolongó en el tiempo y la utilización de numerosos alias por el mismo Pinochet para ocultar las operaciones, como el ya conocido Daniel López, y múltiples derivaciones de su nombre, como Augusto P. Ugarte, A. Ugarte, A.P. Ugarte, José Pinochet, José P. Ugarte, José Ugarte, José Ramón Ugarte, J. Ramón Ugarte, José R. Ugarte.

Esta investigación, la del caso Riggs, tal vez revela solamente la punta del iceberg o lo que se ve a la entrada de La cueva de Alí Babá.

Es revelador el minucioso trabajo de la periodista, escritora e investigadora María Olivia Monckerberg que puso el ojo en la mira con su libro El Saqueo de los grupos económicos al Estado Chileno bajo el régimen castrense, a través de políticas de privatizaciones de empresas vitales en las cuales algunos de los favorecidos fueron personajes estrechamente ligados al círculo de Pinochet.

La escritora no descartaba en entrevista con El Periodista la eventual vinculación de algunas de esas privatizaciones con el caso Riggs.

La misma investigadora, autora también de El Imperio del Opus Dei, lanzaría el libro «La privatización de la universidades: una historia de dinero, poder e influencias», un negocio en el que participan igualmente no pocos cercanos a la dictadura como socios y directivos y que hoy es uno de los mayores perjuicios para la calidad de la educación en Chile.

De hecho se ventila en estos días en el mercado de la educación superior la invención de carreras como Criminología y Peritaje para un mercado laboral inexistente, con una danza de miles de millones en pingües ganancias y unos 40 mil jóvenes estudiantes perjudicados en sus recursos económicos y en sus expectativas de vida.

El caso Rigg se inserta en algo más que triangulaciones para apoderarse de recursos del Estado, sino tal vez en uno de los casos concatenados de mayor corrupción conocidos en Chile.

La decisión del juez Carlos Cerda no dejó indiferente a nadie. Parlamentarios de la concertación entonaron el himno nacional en el Congreso; para víctimas de violaciones de los derechos humanos, que celebraron el acontecimiento en las calles, se hace justicia; para opositores y los propios implicados se trata de una persecución política o maniobras para tapar situaciones económicas y sociales desfavorables para el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que se reflejan negativamente en encuestas.

Para Bachelet, en palabras precisas y categóricas, es simple y trascendentalmente un hecho que revela que en Chile hoy nadie está por sobre la justicia.

Carlos Cerda, juez que se atrevió a rechazar bajo la dictadura la aplicación de amnistía para involucrados en violaciones de derechos humanos, es claro y transparente en su fallo, apoyado en una prolija y documentada investigación y dictado con una responsabilidad a toda prueba. También ha sido blanco de críticas y se le impugna el fallo mediante descalificaciones.

Cumplidas las detenciones, notificaciones de procesamiento y el fichaje policial (fotos de frente y perfil, registro de huellas y antecedentes) como lo exigen los procedimientos ante todo hecho delictual y declaratoria de reo, el juez Cerda otorgó la libertad bajo fianza, con consulta a la Corte, a los 23 procesados, decisión contemplada igualmente en los procedimientos y ratificada por esa instancia superior. Luego el juez partió a Estados Unidos para ser galardonado por la Fundación Gruber por su trayectoria en defensa de los derechos humanos junto a otros dos magistrados latinoamericanos, distinción que le fue comunicada a mediados del presente año.

Los involucrados en el caso Riggs, que arriesgan penas de entre 10 y 15 años, en sus esfuerzos y acciones por evitar el procesamiento y dilatar una eventual sentencia golpean hoy las puertas de la Corte de Apelaciones y llegarán hasta la Corte Suprema. Ya habían detenido el caso por casi un año inhabilitando al magistrado. No sirvió de nada.

El escenario en esos estadios superiores de la justicia es ahora más complejo para evadir las responsabilidades. La Corte Suprema extraditó recientemente al ex presidente de Perú Alberto Fujimori también por delitos económicos -además de violación de derechos humanos. Fue una resolución que se interpretó como un golpe de timón o vuelta de tuerca en la administración de justicia en Chile, que estaría poniendo freno contundente a la impunidad.

Para lo que queda de este largo proceso de enjuiciamiento a los involucrados en el caso Bank Riggs, ese factor es un precedente de peso. También y prácticamente lapidario, lo es lo ya actuado por Sergio Muñoz, el ministro antecesor en la causa y lo investigado por el senado norteamericano y los tribunales españoles, que aportaron valiosa información a las investigaciones del ministro Carlos Cerda.

Los Procesados

Junto a Lucía Hiriart de Pinochet y sus hijos, fueron sometidos a proceso (declarados reos) en el ámbito militar: los generales retirados Jorge Ballerino, Guillermo Marín, Juan Romero, Sergio Moreno S. Eugenio Castillo C. Guillermo Letelier S., el brigadier (R) Jaime Lepe, los coroneles (R) Ramón Castro I. y Gabriel Vergara C. y los militares activos coroneles Juan Ricardo Mac-Lean y Mortimer Jofré.

En el mundo civil los abogados Oscar Aitken, albacea del dictador y los abogados y asesores Ambrosio Rodríguez y Gustavo Collado; la secretaria de Pinochet por tres décadas, Mónica Ananía; el contador José Hernández Sobarzo y el ex cónsul en Estados Unidos Patricio Madariaga, primo de Pinochet y hermano de la ex ministra de Justicia Mónica Madariaga.

La ex ministra, que se alejó del régimen castrense durante la dictadura y guardó distancia de Pinochet y su familia, al visitar a su hermano Patricio sorprendió a los medios de comunicación denunciando a voz en cuello que él es el único inocente de todos los imbéciles que están adentro.