MONTEVIDEO. El Poder Ejecutivo decidió que el caso de desaparición de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde, secuestrados en Paraguay en 1977 y posiblemente trasladados a Uruguay, no está incluido en la Ley de Caducidad y la Justicia Penal comenzará a instruir la causa la próxima semana.

La denuncia por el secuestro de los dos uruguayos había sido presentada ante la jueza penal de 7º Turno, doctora Graciela Gatti, quien ya retomó el expediente y citó para esta semana al abogado Pablo Chargoñia y al denunciante William Inzaurralde (hermano del desaparecido).

También fueron convocados ante la magistrada el miembro de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera, y el periodista del semanario Brecha, Samuel Blixen, quien encontró pruebas sobre el traslado de Santana e Inzaurralde en Paraguay.

En 1992, Blixen y el fallecido dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Hugo Cores, pudieron ubicar en los llamados «Archivos del Horror» un documento que evidencia el traslado de los dos uruguayos y la participación en el hecho del coronel uruguayo Carlos Calcagno Gorlero.

Los «Archivos del Horror» compuesto por documentos de inteligencia de la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner, habían sido descubiertos en una localidad fuera de Asunción por el abogado Martín Almada, y con ellos se confirmó la coordinación represiva militar en el denominado «Plan Cóndor».

¿»Repatriación forzada»?

En los archivos paraguayos consta que Santana e Inzaurralde fueron detenidos en una prisión de Asunción el 28 de marzo de 1977, donde fueron torturados hasta el 16 de mayo, cuando se los trasladó junto a otros detenidos argentinos inicialmente a Buenos Aires en un avión de la marina de ese país.

Los documentos demuestran que el coronel Calcagno, por entonces jefe de Contrainformaciones del Ejército uruguayo, estuvo presente en las sesiones de torturas y aportó a Paraguay antecedentes sobre los dos detenidos y sobre varios grupos opositores de la dictadura.

La participación de un avión de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en el traslado de los dos uruguayos, genera hoy nuevas interrogantes cuando en otras causas judiciales sobre la represión de la dictadura se ha confirmado la conexión de la marina argentina con los represores uruguayos.

El caso Santana-Inzaurralde nunca había sido presentado ante la Justicia Penal uruguaya, hasta que la confirmación del llamado «segundo vuelo» del centro de torturas Orletti y la presunción de traslados posteriores, impone la hipótesis de que ambos uruguayos también hayan sido devueltos a Uruguay.

En 1976 la dictadura coordinó en Argentina el secuestro de medio centenar de militantes del PVP exiliados en Buenos Aires. La mitad de ellos fue traída ese julio en un «primer vuelo» y terminaron procesados por la Justicia Militar. El resto, traído en el «segundo vuelo» el 5 de octubre permanece desaparecido.