Los tres países sudamericanos que han emprendido un camino independiente y nuevo, Venezuela, Ecuador y Bolivia, están inmersos en procesos de reformas constitucionales y por lo mismo son blanco de maniobras desestabilizadoras, presiones y campañas internacionales de publicidad negativas, mientras que las fuerzas reaccionarias buscan derrocar a los mandatarios.

Hay quienes cuestionan el esfuerzo de estos presidentes de promover una reforma constitucional y hasta desde algunos sectores progresistas consideran equivocada la iniciativa. Sin embargo, a juzgar por el desarrollo del proceso en esos países y en otros que también adoptaron un proceso de cambio aunque no tan profundo, la voluntad de transformación de los pueblos se ve frenada por el heredado sistema político y la organización del Estado.

La Constitución de un país, además de presentar una serie de aspiraciones y compromisos generales como el respeto a los derechos humanos, garantizar la salud, la vivienda, el trabajo, es más concreta y específica en definir la estructura del Estado, la división política del país, establecer sus instituciones, definir el sistema social y económico, hasta las formas de propiedad de los recursos naturales del país.

En las constituciones de cada país se concreta el modelo de sociedad que las fuerzas políticas y sociales que imperan en ese momento proponen. Muchas veces los pueblos reaccionan y modifican esas constituciones o impiden que se aprueben nuevas. Otras veces, como ahora, proponen modificarlas para garantizar sus derechos y avanzar en la construcción de una sociedad más justa.

América Latina ha sido también en otras épocas escenario de luchas políticas en torno a los modelos de sociedad a través de reformas constitucionales. Por ejemplo, en 1980 la dictadura militar en Uruguay planteó una reforma constitucional que establecía un modelo fascista. Pese a contar con todos los elementos a su favor, con la oposición amordazada el proyecto fue rechazado por el 57% de los votantes.

No era tampoco la primera reforma constitucional. En 1966 se había sancionado otra que, recogiendo la preocupación de la oligarquía gobernante, introdujo un sistema político más autoritario, con la inclusión de las denominadas medidas prontas de seguridad que permitieron al gobierno de Jorge Pacheco Areco (1968-1972) gobernar por decreto, clausurar radios y diarios y suspender las garantías individuales ignorando al Parlamento. La reforma constitucional de 1996 en Uruguay fue otro elemento al que recurrió la clase política dominante para mantenerse en el poder. Entonces introdujo el balotaje para aplazar el triunfo electoral de la coalición de izquierda, Frente Amplio.

Más allá de los Andes, la dictadura chilena del general Augusto Pinochet también reformó la Constitución para definir su modelo de sociedad. Y hasta hoy Chile tiene limitaciones democráticas en el sistema electoral heredado de la Constitución de 1980. Una posterior reforma constitucional presentada por Pinochet fracasó en 1990 cuando la sometió a una consulta popular.

El presidente colombiano, Alvaro Uribe, acudió a la reforma constitucional para extender su mandato y concretar su acuerdo con los grupos paramilitares narcotraficantes. Incluso ahora mismo sus partidarios están manejando la idea de otra reforma constitucional para otorgarle otra reelección y garantizar así el poder del narcoparamilitarismo en el Estado colombiano.

Argentina tampoco fue excepción y la oligarquía criolla impulsó modificaciones constitucionales cada vez que necesitaba herramientas para mantenerse en el poder o profundizar el modelo neoliberal. La última reforma fue sancionada bajo la presidencia del nefasto Carlos Menem.

Venezuela, Ecuador y Bolivia también han modificado sus constituciones previamente. Así como las oligarquías las han usado para santificar sus modelos capitalistas de sociedad, ahora los pueblos las quieren modificar para democratizarla y asegurar la justicia social.

Aunque las propuestas de los tres países no son iguales, tienen un primer objetivo común que debería ser respaldado por todos, otorgar más poder a las organizaciones populares, establecer mayor control popular de las instituciones del Estado, asegurar la propiedad del país y del Estado de los recursos naturales y distribuir la riqueza más equitativamente.

Todos los intentos de ampliar la democracia, integrar las organizaciones sociales al control del Estado, por ejemplo, están limitados en las constituciones vigentes. Las reformas económicas y sociales para construir una sociedad más justa, socialista, también requieren de un marco constitucional que establezca nuevas formas de propiedad social e impida la enajenación de los recursos naturales del país por intereses privados.

Por eso es novedoso que los nuevos gobiernos de esos tres países hayan convocado a sus pueblos a través de plebiscitos para reformar o crear las nuevas Constituciones nacionales. Cabe recordar que para los revolucionarios y socialistas de la época anterior, los aspectos jurídicos formales del Estado no merecieron la misma atención que en el presente.

Un trágico ejemplo que está aún en el recuerdo es el de Chile. Durante su corta existencia, el gobierno popular de Salvador Allende al intentar cumplir con las medidas del programa de cambios votado por la ciudadanía, chocó inexorablemente contra el marco estrecho de la Constitución heredada. Elemento político que la derecha apoyada por el gobierno de Nixon y las multinacionales supieron aprovechar al máximo buscando todo el tiempo crear una crisis de deslegitimación del gobierno popular y por último amparando legalmente el golpe de Estado de septiembre de 1973.

Por eso ahora, los procesos de reformas constitucionales en América Latina responden a la histórica lucha entre fuerzas reaccionarias que quieren mantener el viejo sistema y los pueblos que quieren construir sus nuevos caminos.