escribe Simón

La pasada semana un tribunal federal de EE.UU condenó a la empresa bananera Chiquita Brands a pagar una multa de 25 millones por los acuerdos que esa empresa realizó con grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La resolución se basó en que directivos de la empresa reconocieron el pago de 1,7 millones de dólares a los paramilitares -considerados grupos terroristas por el gobierno norteamericano- colombianos para proteger a sus empleados en el país.

Las autoridades judiciales y de la multinacional bananera, provocadora de algunos golpes de Estados e invasiones de los marines en Centroamérica en décadas pasadas, acordaron el pago de la multa para no enjuiciar a los gerentes que habían autorizado el acuerdo con los terroristas.

El asesor y ejecutivo de Chiquita, James Thompson, dijo que la empresa se vio obligada a pagar extorsiones por parte de los paramilitares que amenazaron con tomar medidas violentas contra sus empleados en Colombia.

La Fiscalía reveló que la empresa realizó pagos a las AUC entre 1997 y 2004, cuando se inició el proceso de desmovilización, y que el dinero sirvió para financiar armas con las que las AUC mataron a civiles inocentes.

Pero, la verdad de colaboración entre Chiquitas y las AUC fue mucho más allá del pago de extorsiones, en realidad fue una colaboración directa donde las AUC se encargaron de secuestrar, asesinar, hacer desaparecer a dirigentes sindicales que eran acusados por la empresa.

Los jefes paramilitares han revelado parte de esta colaboración en sus presentaciones ante la justicia colombiana dentro del proceso de desmovilización. Los paramilitares sólo pueden ser condenados a 8 años de cárcel, como máximo, por todos los crímenes que revelen en esta etapa del proceso.

EE.UU, que se vanagloria de emprender una guerra mundial contra el terrorismo, debería ser mucho más efectivo en sancionar a una empresa de su país que durante años financió a un grupo terrorista y proporcionó listas de nombres para ser ejecutados. Además de la multa, los responsables de colaborar con esos terroristas, deberían ser enjuiciados por instigar al asesinato y financiarlos.

Y si duros deberían ser con la empresa, también deberían actuar contra los funcionarios judiciales que negociaron con los financieros de los terroristas, obviando sus crímenes y avalando esa colaboración. Por lo menos 140 sindicalistas que laboraban para la bananera norteamericana han sido asesinados en esta infame colaboración.

Por lo menos para cubrir las formas, o mostrar cierta consecuencia, deberían enviar a alguien a la cárcel.