escribe Ernesto Tamara

Este domingo 30 de setiembre, Ecuador deberá decidir si acompaña el camino emprendido por el presidente Rafael Correa para transformar el país al votar a los candidatos a integrar la Asamblea Constituyente, o se apega a las estructuras ya establecidas. Correa adelantó que si la mayoría de los constituyentes electos corresponde a los sectores tradicionales y hoy en la oposición, renunciará a su cargo. Está será la quinta reforma constitucional desde 1979.

El resultado electoral de las elecciones de constituyentes no es el único impedimento a la continuidad de Correa en la presidencia. En estos días el Congreso estudia una solicitud de la Corte Suprema de Justicia para iniciar un juicio penal contra el presidente de la república, a raíz de una denuncia del ex asesor gubernamental Quinto Pazmiño, por el supuesto delito de injurias y reclamo de una indemnización por daños y perjuicios de 10 millones de dólares.

El pleno del actual parlamento debe decidir esta semana en base a dos informes, uno de la comisión de lo Civil y Penal de ese órgano que no recomienda el juicio, y otro de la comisión de Asuntos Constitucionales que si hace lugar al pedido de la Corte.

Si bien el juicio penal no entraña directamente la revocación del mandato presidencial, si puede abrir el camino para un juicio político en el parlamento. El presidente Correa no tiene legisladores propios en el actual parlamento, sólo sectores políticos que respaldaron su candidatura.

La Asamblea Constituyente que se elegirá el domingo puede disolver el actual parlamento y constituirse provisoriamente como el nuevo Poder Legislativo hasta que la nueva Constitución establesca la convocatoria a elecciones legislativas.

Por lo menos ese es el planteo de las fuerzas progresistas y que respaldan aún al presidente Correa. La oposición pretende mantener al actual parlamento, y sólo accedería a su disolución si obtiene una mayoría en la Constituyente.

En los últimos años, el Congreso ecuatoriano ha destituido varios presidentes y no siempre en resoluciones ajustadas a derecho, entre ellos al ex coronel Lucio Guitiérrez.

El ex presidente Alfredo Palacio, que asumió la presidencia en 2005, intentó, sin mucho entusiasmo, reformar la Constitución, que era ya entonces un reclamo popular ante el creciente divorcio de los partidos políticos y sus dirigentes del pueblo.

En ese entonces, los partidos políticos establecidos no aceptaban una asamblea constituyente para no ceder sus cargos en el parlamento, y algunos aceptaban la convocatoria de una asamblea constitucional, por dos meses, para modificar sólo algunos aspectos.

Otras iniciativas de reforma constitucional presentadas por las organizaciones sociales y sectores progresistas no llegaron nunca a debatirse en un parlamento que seguía de espaldas al pueblo.

En las elecciones presidenciales de 2006, la propuesta de modificar la Constitución fue decisiva para el triunfo de Rafael Correa, según varios observadores políticos. Correa fue postulado por una coalición de varios partidos y organizaciones sociales e indigenistas, pero no presentó candidatos legislativos propios. Además de carecer de una organización política propia, Correa insistía en que los legisladores electos deberían ceder sus curules a los constituyentes y porque no representan al pueblo en su conjunto.

En su primer discurso después de ganar la segunda vuelta electoral en noviembre de 2006, Correa insistió en convocar a la asamblea constituyente. Subrayó entonces que el modelo de Estado vigente está ''caduco'' y dominado por las ''mafias políticas''. Pero cumplir esa promesa electoral no fue tarea sencilla. El parlamento buscó frenar la iniciativa y en último caso limitar los cometidos de la misma. Las fuerzas sociales debieron movilizarse en varias ocasiones para impedir que el parlamento y el Tribunal Electoral frenaran la convocatoria a la asamblea constituyente.

Finalmente, en abril de este año fue convocado a un plebiscito para decidir si la población estaba de acuerdo en convocar a una asamblea constituyente. Más del 80% de los votantes respaldó la iniciativa que fue interpretada como un triunfo para el presidente Correa y su planteo de comenzar a definir un "socialismo del siglo XXI" diferente al venezolano.

La oposición entonces definió de inmediato su estrategia. Copiando a la oposición venezolana, y quizás al discurso proveniente de Washington, advirtieron entonces que el proyecto de Correa "pondrá en grave peligro la democracia" y afectará la economía. "La economía ecuatoriana va a estar catalogada por todos los organismos como la de peor empeño en América Latina. En cuanto a la democracia no hay lugar a duda de que está en grave peligro", dijo el ex mandatario Osvaldo Hurtado (1981-1984), dirigente de la Unión Demócrata Cristiana.

También acusan a Correa de querer concentrar poder y de pretender ser un "dictador al estilo de su amigo Chávez".

Los objetivos propuestos por el mandatario para la constituyente son despolitizar los tribunales, devolver al Estado un papel protagónico en la economía, recuperar la soberanía sobre las riquezas nacionales, modificar el sistema de representación en el parlamento, introducir la posibilidad de revocar los mandatos de los cargos electos.

Pero, los partidos políticos y organizaciones sociales que participan en la convocatoria a la constituyente, tienen sus propios planes de reforma constitucional, y el resultado final dependerá de la correlación de fuerzas que se establezca el domingo. No sólo por las modificaciones que acuerden a la Constitución, sino por la posibilidad de sustituir al actual parlamento.