escribe Ricardo Daher

El supuesto órgano más democrático de la Unión Europa apenas se atreve a debatir seriamente el problema de la violencia racista y la discriminación de los inmigrantes, y un informe presentado el pasado mes de agosto, asume como políticas vigentes en los estados miembros algunas propuestas que nunca llegaron a concretarse para demostrar un trabajo o una tendencia de combate a la xenofobia y al racismo.

Esta semana apareció en todas las carátulas de los diarios europeos la foto de un inmigrante rumano que, en protesta por el abandono y la falta de ayuda social a su familia, se prendió fuego, a lo bonzo, en España. El incidente, fue la punta de un icerberg que la Unión Europa conoce pero no quiere ver.

Según las Naciones Unidas, el tráfico de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo detrás de las drogas y las armas.

Una semana antes del incidente del bonzo, la muerte de otro inmigrante rumano en una obra en construcción en Madrid, reveló la existencia de trabajo esclavo, hacinamiento y explotación. Jornadas de más de 12 horas, trabajadores viviendo en el lugar de la obra en colchones en el piso, salarios de hambre y amenazas de expulsión del país ante cualquier protesta.

Dos semanas antes, la policía española había desalojado de un camping a decenas de familias rumanas que esperaban ser contratadas en la cosecha de cebollas. Los vecinos se quejaron de la presencia de los rumanos en carpas y de robos en el pueblo que atribuyeron a los inmigrantes. El fenómeno es similar en otros países de la Unión aunque no siempre alcance la primera página de los diarios.

También esta semana, el diario Dagens Nyheter de Suecia recogía la denuncia de la existencia de trabajo esclavo en el país.

Suecia, que para muchos ha sido un modelo de seguridad social y de promoción de los derechos humanos, estima que más de 6.000 personas son utilizadas como mano de obra esclava o semi esclava en el país. Según las autoridades suecas, la mayoría de los inmigrantes ilegales que trabajan en esas condiciones son explotados por sus propios compatriotas, una manera fácil de quitarse responsabilidad y además de promover la xenofobia.

Aunque todos los inmigrantes fueran explotados por sus compatriotas, trabajan en empresas locales y hasta en instituciones del Estado, que subcontratan servicios sin controlar la legalidad de la mano de obra empleada.
Europa necesita inmigrantes

Todos los días cientos de inmigrantes africanos intentan eludir la vigilancia electrónica y de barcos de guerras para, en frágiles embarcaciones, llegar a las costas europeas en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Desde más lejos, miles de inmigrantes latinoamericanos, rematan sus pocos bienes en sus países de origen para la aventura de llegar a un aeropuerto europeo y pasar las aduanas sin ser expulsados.

Muchos logran vencer las barreras y comienzan una nueva vida en los países de acogida que, si bien los necesitan, no los aceptan ni los integran. Quienes consiguen un trabajo y llegan a regularizar su situación, se convierten después en motores de la economía de sus países de origen con el envío de remesas. Y, aunque sean explotados en comparación con la población local, muchos viven mejor que en sus propios países. Claro que para otros, el sueño nunca se completa y viven perseguidos y explotados.

Según la Comisión Europea, medio millón de inmigrantes ilegales llegan a la Unión Europea.

Es que Europa necesita para su sobreviviencia económica la mano de obra extranjera. Según Naciones Unidas, la Unión Europea necesita multiplicar por dos el número de inmigrantes que reciba desde hoy hasta 2050 a causa del envejecimiento de la población y la reducción del tamaño de las familias. Eso o la decadencia.

Las políticas antiinmigrantes cada vez más extendidas en la Unión, sólo sirve para fomentar la mano de obra ilegal y en condiciones de semi esclavitud, y de paso abaratar los costos de las empresas locales.

Esta situación fomenta la xenofobia y el racismo, lo que a su vez acentúa los problemas a los inmigrantes y favorece que sean víctimas de la explotación.

Aumenta la xenofobia y el racismo

Según un documento elaborado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, "la violencia y los crímenes racistas siguen siendo un serio problema social en Europa". La conclusión se arribó después de analizar la situación en el 2006.

El texto analiza la discriminación en áreas como el empleo, la educación o el acceso a la vivienda, lamenta la falta de datos sobre violencia racista en la mayoría de los países europeos y concluye que los crímenes racistas en la UE van en aumento.

El informe fue presentado el pasado 27 de agosto en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, y aún no ha sido debatido.

Según el resumen dado a conocer esta semana, el informe subraya que aunque se han producido avances en la mayoría de los Estados miembros, las muestras de discriminación siguen estando presentes en Europa.

Alerta de que, de los once países comunitarios en los que existen datos sobre violencia racista, ocho registraron "una escalada general en los crímenes relacionados con el racismo: Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Eslovaquia, Finlandia y Reino Unido". En los otros tres (República Checa, Austria y Suecia), la tendencia fue descendente. El resto de los países miembros de la Unión Europea (EU) no disponen de datos o éstos son insuficientes.

El informe presenta como avances propuestas que nunca llegaron a concretarse. Por ejemplo, destaca que Suecia puso en marcha una iniciativa de solicitudes de empleo anónimas para evitar la discriminación por los nombres extranjeros, y añade que otros países han emprendido iniciativas similares. De hecho, Suecia nunca llegó a poner en práctica esa iniciativa y ningún otro país europeo la ha llegado a concretar.

Según las estadísticas, la tasa de desempleo de inmigrantes y personas pertenecientes a otras minorías es en todos los países comunitarios significativamente más alta que la del resto de la población.

La búsqueda de un hogar supone otro escollo para las minorías. Uno de los mayores motivos de queja por discriminación racial es la inclusión de requisitos específicos en los anuncios de alquiler, en los que se estipula que el inquilino deberá ser "no extranjero", destaca el informe.

También se registra discriminación en la atención a la salud y el acceso a la educación para los menores hijos de inmigrantes ilegales. La situación es diferente en los países de la Unión. Por ejemplo mientras en Italia es obligatorio el envío a la escuela de los niños aunque sean ilegales, en Suecia no está permitiendo el acceso a la educación de esos menores. En la República Checa, más de la mitad de los alumnos de origen gitano son enviados a escuelas para discapacitados mentales o niños con necesidades especiales. Se podría decir que es una mejora en relación a la Alemania nazi donde eran exterminados.

Por otra parte, la Unión Europea no tiene un criterio único para definir el status de refugiado político.

En el 2006, alrededor de 181.700 personas pidieron asilo en la Unión Europea y se espera que este año el número será mayor.

¿Inmigrante o asilado?

La Unión Europea tan preocupada en unificar la legislación en muchos campos, carece de una definición común para definir el status de refugiado político. Las naciones mediterráneas o con fronteras a los países del este son los más preocupados en definir una posición común y solicitar medios para frenar el ingreso de inmigrantes.

Los países interpretan de distintas maneras las normas de asilo. El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados subraya que mientras que un Estado miembro otorga el estatus de refugiado al 90 por ciento de los chechenos que lo solicitan, otro no acepta casi a ninguno. Las organizaciones de refugiados han criticado en repetidas ocasiones el actual sistema, por considerarlo "una lotería".

En 2006, 181.700 personas solicitaron asilo en la Unión Europea, y muchos más ingresaron como inmigrantes legales o ilegales.

Muchos países de la Unión tienen campamentos para concentrar a los inmigrantes o solicitantes de asilo.

Países como Grecia, Italia o España ha recibido críticas por las malas condiciones de vida en esos campamentos.

Por ejemplo, en la isla italiana de Lampedusa (conocida en gran parte por el Conde de Lampedusa, autor del Gatopardo, uno de los clásicos de la literatura universal) existe un campo de albergue de inmigrantes que ha sido severamente cuestionado por la organización Médicos Sin Fronteras. El centro de acogida, totalmente aislado de la población, puede albergar unas 190 personas, pero en julio hubo más de 1.000 al mismo tiempo y estalló una epidemia de diarrea, con fiebres altísimas. Ya en 2004, Médicos sin Fronteras advirtió de las violaciones de derechos humanos contra los solicitantes de asilo en Lampedusa y las condiciones inadecuadas de la infraestructura que los alberga. Finalmente se logró el cierre de ese centro, pero al mismo tiempo se abren otros, y algunos países africanos han aceptado construir campamentos, que casi nadie controla, para concentrar allí a los inmigrantes que logran ser interceptados.

En 1999 se creó el denominado Sistema de Asilo Común Europeo (CEAS), para disponer de estándares comunes de asilo y protección en toda la UE para el año 2010. Aunque Europa es consciente de la necesidad de recibir mano de obra extranjera para cubrir sus necesidades, establece barreras para el ingreso en un intento de mantener la presión sobre los países de salida y regular a su antojo la cantidad y calidad de la mano de obra que recibe.

Tras el debate en España por la muerte de un trabajador rumano en la construcción, el sector pesquero reveló que casi el 100% de los tripulantes de la flota pesquera del país es extranjera.

Marcial Varela, presidente de la asociación que agrupa a las empresas españolas que pescan en terceros países declaró a la prensa de su país, que las empresas de esa asociación poseen 500 barcos laborando en 28 países, que emplean a más de 7.000 trabajadores, de los cuales "prácticamente 100 por ciento" son contratados en su país de origen, la mayor parte en África, aunque también en América Latina y el Caribe.

En España hasta hace 25 años la mayoría de los contratados eran nacionales, pero hoy, explicó, "hay a menudo verdaderos problemas para reunir una tripulación para un buque, ya que los hijos no quieren seguir en los barcos de sus padres".

"Dependemos totalmente de la mano de obra extranjera, que viene con ganas enormes de trabajar, de vivir.

¡Si no fuera por ellos, no habría cómo salir al mar!".

Esta situación se repite en muchos servicios de toda Europa.

En los últimos dos años hay un mayor flujo migratorio desde los países menos desarrollados que recién han ingresado a la Unión, pero la libre circulación tiene sus límites y para poder trabajar en otro país dentro de la Unión, se requiere un permiso.

De todas maneras, el debate no pasa aún por atender a los inmigrantes y solicitantes de asilos como seres humanos, sino que persigue la idea de que son un problema a detener antes de que lleguen a suelo europeo.