escribe Arnaldo Pérez Guerra

Durante el gobierno de Patricio Aylwin, los ferrocarriles dejaron de ser un servicio público y se convirtieron en empresa comercial, que pasó a llamarse Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Según las autoridades, se han ejecutado proyectos de rehabilitación de vías, con durmientes de hormigón, y adoptado nuevas tecnologías, reparado la electrificación y señalización y se han comprado nuevos equipos.

Los sindicatos advierten que tras los escándalos de corrupción vienen «nuevos ajustes y racionalizaciones», y emerge el peligro de la privatización. «Nuestras bases están inquietas por los malos resultados de EFE. Hay que buscar las verdaderas causas de ese inmenso déficit», dice Miguel Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Ferrocarriles.

Desde años vienen denunciando la corrupción en la empresa. Durante la presidencia en EFE de Luis Ajenjo (DC), revelaron la compra de trenes españoles con motores fundidos, la duplicación de contratos por trabajos ya ejecutados, el no hacer efectivo el pago de boletas de garantías por fallas en el servicio Victoria-Puerto Montt y tres mil millones de pesos en facturas no cobradas, según el balance 2006. Denuncias que hoy son investigadas por la Contraloría General de la República.

Según Muñoz, los problemas de mantenimiento de equipos, infraestructura y construcción de vías con empresas de capital español no son nuevos. «EFE no defiende los ferrocarriles, quieren privatizarlos. Todos los gerentes de la administración Ajenjo conocían los problemas y el plan trienal. Hoy se encogen de hombros y eluden responsabilidades». Recientemente 138 dirigentes ferroviarios resolvieron solicitar -en un Consejo ampliado- a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) investigar el plan trienal 2003-2005.

Luis Ajenjo firmó contratos con las empresas Sice-Enyse, del grupo ACS, y con la Compañía Americana de Multiservicios (CAM), del grupo Enersis. Sice controla los peajes free flow de las autopistas Central y Vespucio Norte Express. Según Ajenjo, los contratos implicarían «modernización tecnológica y de infraestructura, un salto del siglo XIX al XXI». Pero no sucedió, dicen los sindicatos.

CAM tiene inversiones en Brasil, Argentina, Colombia y Perú; y ACS es tercer grupo en Europa en construcción y servicios. Otra empresa Tecsa-Dragados S.A., es propiedad de ACS-Dragados. Otras empresas españolas cuestionadas son Temoinsa, Tecdra y Renfe, y las chilenas Evasa Consultores, B y S Consultores, Empresa Servicios Tributarios Integrales, Inmobiliaria Plaza Constitución, K & V Ltda. y Ferrocarriles del Pacífico (Fepasa), entre otras.

Según los trabajadores el ex presidente Ricardo Lagos aseguró que los ferrocarriles llegarían hasta Puerto Montt antes de 2007: «El ex ministro de Transportes Carlos Cruz puso manos a la obra; hoy, se suspenden itinerarios. La estación de Puerto Montt está vacía. En los tramos entre Chillán, Victoria y Temuco la suspensión de trenes es habitual; el servicio está deteriorado y hay menos frecuencias y aumentan el precio de los pasajes». Un círculo vicioso que acrecienta el déficit.

Se hicieron millonarias inversiones con nula rentabilidad. En Merval se invirtieron 340 millones de dólares; en Biovías, 160 millones de dólares; en SEC, 180 millones de dólares; y en el tramo Victoria-Puerto Montt, 47 millones de dólares. «Dinero despilfarrado», dicen los trabajadores. Hoy los ejecutivos de EFE negocian con la banca créditos por más de 37 millones de dólares para «recuperar» a EFE del descalabro.

Privatizar lo que queda

Según los trabajadores ferroviarios entre otras anomalías se han «perdido» 50.000 durmientes, 1.300 guantes y 22.834 facturas. Hay terrenos han sido «cedidos» o «arrendados» sin contratos. Se pagó por obras deficientes en la remodelación de la Estación Central. Se compraron trenes averiados a Renfe por millones de dólares. Se supone que EFE posee controles: el Ministerio de Transportes, Mideplan, el Ministerio de Hacienda y el Sistema de Empresas Públicas (SEP).

Los dardos apuntan a los ejecutivos Luis Ajenjo y Eduardo Castillo, entre otros. Ajenjo, casado con Victoria Martínez, gerente de BancoEstado y hermana de Gutemberg Martínez, y por tanto cuñada de la senadora Soledad Alvear, presidenta de la DC, fue presidente de la Compañía Chilena de Comunicaciones, dueña de Radio Cooperativa. Castillo fue ejecutivo de Repsol YPF. Ajenjo fue quien llevó a EFE a Claudio Carreño -gerente de administración-, hoy procesado por fraude al Fisco.

El actual Fiscal de EFE, Rodrigo Asenjo, anunció querellas y revisión de contratos con Renfe y Fepasa. Tras el informe de Contraloría decidió ampliar la querella contra Claudio Carreño, presentar otra contra ex ejecutivos vinculados a Evasa, y demandar a ex ejecutivos de EFE por fraude al Fisco. «Hemos ampliado dos querellas, presentado otras dos y vamos a presentar otras dos, además del arbitraje en el SEC», señaló. Le preocupan las 22.843 facturas perdidas, muchas más que en el escándalo Publicam.

«El contrato con Temoinsa -firmado bajo la administración de Nicolás Flaño-, establecía que sólo realizaría mantenimientos mayores, mientras la Maestranza San Eugenio se encargaría de las necesidades rutinarias. Con Luis Ajenjo, el gerente de planificación, Vicente Pardo, lo modificó entregando todo el mantenimiento a Temoinsa. Hoy EFE paga cuantiosas sumas por mantenimiento de equipos, estén o no en el taller. Temoinsa era filial de Renfe», dice Muñoz. Agrega que cuando se instalaron durmientes de hormigón en San Fernando, Tecdra (española) no ejecutó trabajos de limpieza que habrían impedido que los durmientes se soltaran, pero cobró por ese trabajo. EFE no hizo efectiva las multas o boletas de garantía. También le señalaron a Ajenjo que no arrendara oficias en Morandé Nº 115 por su alto costo. Hoy de los tres pisos arrendados sólo se ocupan dos.

Osvaldo Sepúlveda, ex gerente general de EFE, reconoció irregularidades ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, entre ellas que el ex gerente de contabilidad y finanzas, Jorge Letelier, «recibía tres sueldos gracias a asesorías a Merval, y bonos». Según los ferroviarios los gerentes superaban los cien millones de pesos en sueldos. Las indemnizaciones de Alberto de la Carrera, Carlos Gárate, Vicente Pardo y Claudio Carreño fueron millonarias, a pesar del poco tiempo que se desempeñaron en la empresa. Según los trabajadores, tras la investigación iniciada por Contraloría por la pérdida de las facturas, Jorge Letelier -con el visto bueno de Eduardo Castillo, gerente general- habría firmado un instructivo para los trabajadores de Contabilidad prohibiéndoles dar cualquier información a la Contraloría.

Durante meses permanecieron estacionados trenes en la Maestranza San Eugenio. Eran usados, sólo cuando fallaban los convoyes españoles, denuncian los sindicatos. Jaime Araneda, presidente de la Federación de Ferrocarriles Nº1 señala: «Eran trenes reparados y pintados, que podían ser utilizados perfectamente hasta Temuco. No entendemos por qué los ejecutivos de EFE no explican esto». El presidente del Consejo Nacional Ferroviario, Jaime Rebolledo, agrega: «Los declararon trenes no seguros, pero el mantenimiento mecánico hecho por personal de San Eugenio era satisfactorio». Todo apunta a un «velado intento de privatizar lo que queda de Ferrocarriles», señalan.

Contraloría investigó la gestión de EFE de 2001 a 2006. Encontró contratos preacordados, obras fantasmas, arriendos y remates oscuros, y un completo desorden administrativo. El Sindicato de Ferroviarios dice que era un secreto a voces: «Hicimos presentaciones al CDE y a Contraloría, y le enviamos cartas a autoridades. Pero nadie hizo caso de las denuncias», señala Jaime Rebolledo. «Es escandaloso que los últimos trenes comprados en la administración Ajenjo duraran mucho menos que los adquiridos para Metrotren. De seis equipos comprados para el servicio Temuco-Puerto Montt, sólo uno está bueno, y las fallas son altas en el caso de Concepción (Biovías). Hay garantías que no se han hecho efectivas», agrega. Según los dirigentes no hay políticas claras de transporte ferroviario. Tras los escándalos de corrupción se cuestiona la gestión de los trabajadores de Ferrocarriles. «Nos encontramos casi en la misma situación que en 1990. Hay sectores políticos que empujan el carro de la privatización».

Entre 2003 y 2005 EFE dispuso de 100.000 millones de dólares. Las deudas a diciembre de 2006 sumaban 1.350 millones de dólares: 7,54 veces su patrimonio. Los ferroviarios denuncian la compra sin licitación de veinte automotores y trenes usados a Renfe, a precio casi igual que los nuevos comprados a una empresa francesa. Otro caso: «modernización de señalética», adjudicada a un consorcio español que sólo se reemplazó la existente, pero cobró 180 millones de dólares. Denuncian que no se destinó dinero suficiente para «reparar puentes». Las irregularidades se extendieron más en el gobierno de Lagos, que inyectó 1.100 millones de dólares a EFE. Contraloría advierte «intencionalidad para defraudar». Las pérdidas no se explicarían sólo por ineficiencia: hay graves irregularidades.

Trabas a la fiscalización

Tras la salida de Luis Ajenjo, asumió la presidencia de EFE el ex subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz (DC), procesado por el caso MOP-GATE. La comisión investigadora de la Cámara busca responsabilidades políticas. Los diputados Fulvio Rossi, Alfonso De Urresti, Manuel Monsalve y Fidel Espinoza solicitaron al presidente del Sistema de Empresas Públicas, Patricio Rojas (DC), que colabore: «Aquí han ocurrido hechos graves, desde el punto de vista de gestión y eventual comisión de delitos, que no estamos dispuestos a tolerar. Debe asumir su responsabilidad como presidente del SEP, del cual depende Ferrocarriles. A nosotros nos importa que EFE continúe siendo una empresa del Estado, pero eficiente. Ha habido una época de gran oscurantismo que marca la gestión de Patricio Rojas. Que entregue toda la información, es la única manera de garantizar de que Ferrocarriles será una empresa eficiente y bien evaluada por la ciudadanía».

La derecha ha hecho un festín del escándalo. Pide se investiguen las pérdidas de 100 millones de dólares de déficit anual, dejando camino pavimentado para una eventual privatización total. Según los ferroviarios, los únicos responsables son los anteriores directivos de EFE. El diputado Patricio Hales (PPD), de la comisión de Transportes, dice: «Se pagaban hasta hace muy poco contratos que estaban vencidos. Mientras estaba Luis Ajenjo, se entregaron millonarias sumas de dinero por indemnizaciones a gerentes». Se habla de millonarias pérdidas en 12 años de gestión. Se acusa la instrumentalización de EFE por parte de la Concertación y, especialmente, de la DC. El Contralor Ramiro Mendoza, dijo a La Nación que EFE no colaboró con la Contraloría: «Hubo una situación que no es usual en nuestras labores de fiscalización. No es usual que nuestros sujetos de fiscalización -que normalmente son colaborativos en la función de fiscalización que Contraloría ejerce- nos representen o nos conduzcan a una ventanilla única para los requerimientos que son propios de la labor de auditoría. (?) Es absolutamente improcedente y obviamente no vamos a aceptar acciones o actuaciones de esa naturaleza, las investigaciones las dirige quien fiscaliza y no quien es sujeto de la fiscalización. Hay un conjunto de informes finales que están sistematizados en un documento único, estos informes llegan a varias conclusiones, muchas de ellas de simple trámite, que la empresa de ferrocarriles consideró y fueron solucionadas, y otras que no fueron superadas y que han sido derivadas al Consejo de Defensa del Estado a fin de evaluar si procede la interposición de acciones civiles o penales».

Negociados en el tren

EFE contrató a Evasa Consultores Ltda. para ejecutar una «asesoría estratégica» ya pagada a Invia, filial inmobiliaria de EFE. Regularizaciones y verificaciones que debían hacerse, de acuerdo al contrato, no se ejecutaron. Evasa regularizaría con la Tesorería General de la República las contribuciones morosas de EFE. Pero Evasa cobró comisiones, por 90 millones de pesos, por un trabajo ya hecho. Se le pagó además por «comisión de éxito», 5 millones de pesos y otros 6,6 millones después.

El cheque del pago de una factura de diciembre de 2005, por 9.668.280 de pesos, fue retirado directamente por el propio gerente de administración de EFE. Según Contraloría, Invia mantiene arrendatarios que no aparecen en nóminas de pago y hay arriendos sin contrato. Las 22.843 facturas perdidas se emitieron entre 1996 y 1999, cuando presidían EFE Hugo Trivelli (DC) y Nicolás Flaño (DC).

La española Renfe vendió a EFE automotores diesel que serían utilizados en el tramo Victoria-Puerto Montt. El servicio debió ser paralizado por graves defectos de las máquinas. Pero no se cobraron las garantías. La pérdida total fue de 8 millones de dólares. Según Contraloría, EFE hizo contratos de «trato directo» con una empresa e incluyó puntos eliminados al momento de adjudicar la propuesta. Pagó 431 millones por un trabajo, pero luego en un segundo y tercer contrato adjudicado por trato directo, pagó 304 y 158 millones más. Un proyecto de remodelación fue desglosado en partes y el costo final de las obras resultaron un 89 por ciento más de lo pactado. Además se detectó graves deficiencias en las obras entregadas. En la remodelación de la Estación Central el costo original era de 1.342 millones de pesos, pero el valor final superó los 2.380 millones.

Las ampliaciones de contratos se hicieron sin licitación.

El 2005 y 2006 EFE pagó a Luis Briceño honorarios de cuatro millones de pesos por un estudio tributario. Las boletas emitidas por Briceño tenían un timbre que no correspondía al del Servicio de Impuestos Internos (SII). Briceño no tiene inicio de actividades en el SII y era socio de Claudio Carreño -gerente de administración de EFE-, en la sociedad B y S Consultores Limitada. Carreño adjudicó a la Empresa Servicios Tributarios Integrales -el 2005- contratos por 81 millones de pesos: su representante legal era Luis Briceño.
Otras irregularidades detectadas por Contraloría se refieren al inmueble de Morandé 115. Se arrendó a la inmobiliaria Plaza Constitución en una renta mensual era de 1.206 UF. Se detectó que de marzo a noviembre de 2005 se pagaron 84 millones de pesos por sobre el contrato. EFE contrató a K & V Ltda. para ejecutar trabajos de habilitación de los pisos de Morandé 115, por 151 millones de pesos. Sin embargo, finalmente pagó 376 millones. Además contrató una Consultora para una inspección técnica innecesaria y desembolsó otros 68 millones de pesos.

En octubre de 2002, EFE vendió a la española Temoinsa el lote 2B de la Maestranza San Eugenio -una superficie aproximada de 36.000 metros cuadrados- pero arbitrariamente se modificó el plano de subdivisión y se entregó en forma adicional un terreno de 4.000 metros cuadrados. Otra irregularidad detectada por Contraloría es el pago al contratista Anastasio Cerda de 13 millones de pesos por la remodelación del almacén San Bernardo para convertirlo en archivo histórico. La empresa de Cerda ejecutó otro trabajo: arreglar un baño, una cocina e instaló ventanas. A fines de 2004, EFE contrató sin licitación al «martillero» Marcos Encina para rematar repuestos y materiales. El domicilio de Encina no existe y según el Ministerio de Economía, está en «trámite la anulación de su registro de martillero». EFE le entregó repuestos sin inventario por los que recibió un dinero mucho menor al presupuestado.

También Contraloría señala que el contrato de concesión que EFE tiene con Ferrocarriles del Pacífico S.A., (Fepasa), desde 1995, «ha perjudicado a EFE. La empresa Fepasa mantiene deudas antiguas que datan de 2001. (?) Aparte de no cumplir con las disposiciones del contrato, podría significar que EFE esté subsidiando a Fepasa». Según el organismo fiscalizador, no se realiza un cobro eficiente, porque «no cuenta con una romana para pesar la carga que se transporta en las vías». Fepasa fue creada en 1993 y un año después, EFE vendió un 51 por ciento de la propiedad a privados. Se le otorgó por veinte años la concesión para operar y transportar carga. La empresa fue adquirida por Manuel Cruzat, pero en 2003 la compró el grupo Sigdo Koppers, de la cual fue socio el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC).

(*) Agradecemos la colaboración de Ferroaficionados Unidos de Chile (www.chiletren.foro.st ).