escribe Ernesto Tamara

A punto de cumplir su primera año de gobierno, el presidente Alan García sacó los militares a la calle a reprimir las protestas de los maestros, al tiempo que la justicia inicia un proceso penal contra los líderes sindicales a los que acusa de promover desórdenes e incitar a la violencia. El saldo primario de dos días de huelga, cumplida el miércoles y jueves y que se extendió en algunas protestas también el viernes de la pasada semana, es de al menos 3 personas muertas y una decena de heridos de balas. El primer ministro, Jorge del Castillo, defendió la participación de las fuerzas armadas en la represión asegurando que "guerra avisada no mata gente".

El sueño socialdemócrata de Alan García -en su segundo oportunidad de gobierno- no logró arrancar siquiera, mientras el país se desabarranca en una nueva ola de represión y violencia. La posibilidad de que termine este mandato en una situación aún peor que la anterior, está latente y comienza a ser advertida por los ciudadanos.

Por lo pronto, el 63 por ciento de respaldo popular que obtuvo en las encuestas apenas asumió el gobierno, ya se ha diluido, y en este último mes, ha perdido aún más la simpatía popular.

El pasado año ganó por segunda vez la presidencia como candidato de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que fuera fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1923, estando en el exilio en México.

En 1985, Alan García se convirtió en el presidente más joven de la historia del Perú con 36 años, y lo hizo como candidato del partido político más antiguo del país. En el APRA conviven posturas de derecha y sectores populares y obreros. Su líder, Haya de la Torre, quien murió en 1979, nunca logró llegar a la presidencia. Ganó una vez las elecciones, en 1962, pero un golpe militar le robó ese triunfo.

Las dos únicas veces que el APRA llega a la presidencia fue con Alan García como conductor y candidato.

En este retorno a la presidencia, García tuvo la capacidad de que la gente olvidara el legado de su primera presidencia. Cuando se la mencionaban, decía que había aprendido de sus errores y que buscaba una oportunidad para reivindicarse.

Es que su primer mandato de 1985 a 1990, será recordado por haber asumido al país en la más grave crisis económica, social y política de toda su historia, con una hiperinflación del 7.000%, una guerra sucia contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, corrupción, y violación de los derechos humanos.

Con esos antecedentes era de esperar que la paciencia de los peruanos fuera corta, especialmente después de salir de un gobierno, de Alejandro Toledo, que había defraudado todas las expectativas creadas después del alejamiento de Alberto Fujimori del poder.

García, que inició la campaña electoral con un discurso populista -entre otras cosas se manifestó en contra del TLC con Estados Unidos firmado por Toledo- fue moderado y derechizando su discurso con el correr del tiempo, para lograr vencer, en la segunda vuelta, al candidato nacionalista Ollanta Humala. Tanto cambió García que después se hizo partidario del TLC con Estados Unidos.

De esta manera, ya en los primeros meses de su presidencia, se comenzó a generar un descontento popular debido a la percepción de que privilegia a los sectores empresariales, ignora los relcamos de avanzar en un proceso de descentralización y se muestra intolerante con las demandas sociales. "Perú no está convulso, son pequeños grupos que están perdiendo sus privilegios" dijo García, y se refería más concretamente a los maestros (profesión que no parece ser privilegiada en ningún país) que mantienen una huelga indefinida y casi paralizada las escuelas del país en contra de una ley de "capacitación" de maestros que puede provocar el despido masivo.

Pérdida de respaldo

Según una encuesta del Grupo de Opinión Pública (GOP) de la Universidad de Lima, el respaldo a su gestión cayó de 52.6% a 41.3%, es decir más de once puntos, durante el último mes.

En este descenso de popularidad también lo acompaña el primer minsitro, Jorge del Castillo, que bajó de 41.3 a 38.9%, y la de Mercedes Cabanillas al frente del Congreso, de 54.4 a 48.9%.

La actuación del Congreso tampoco es muy aplaudida. Del 27.4% de aprobación que tuvo hace un mes, ahora sólo alcanza el 23.3%.

Mientras, los sectores de derecha han iniciado una campaña de guerra mediática contra la oposición y los sindicatos, y como en la campaña electoral, acusan al presidente venezolano, Hugo Chávez, que en esta ocasión no se han pronunciado, de intervenir en los asuntos internos del país y promover la violencia.

Un repaso en la prensa peruana se revela el hostigamiento a la oposición con un lenguaje derechista radical, donde los manifestantes son "terroristas" o simpatizantes de terroristas, y que buscan promover la desestabilización del país y provocar un golpe de Estado.

Una nota del diario Expreso del pasado viernes, resumen el pensamiento de la derecha peruana: "El humalismo golpista, los grupos pro senderistas y un sector de la izquierda "caviar" se quitaron la careta ayer y confesaron su deseo de derrocar al gobierno de Alan García e instaurar un régimen de ultraizquierda sin pasar por las ánforas pero impuesto por las asonadas, huelgas y protestas".

Es que la democracia, según estos sectores, sólo se puede ejercer una vez cada cierto tiempo, votando los candidatos que se les presenta. Después sólo resta esperar algunos años para "elegir" otro presidente.

Criminalizar las protestas

El discurso del presidente García y su primer ministro Del Castillo, apuntan desde hace tiempo a presentar las protestas sociales como movilizaciones de una minoría violentista que pretende impedir el desarrollo del país.

Rápido para condenar a la oposición, García calificó de "radicales, suicidas y locos" a los manifestantes.

Así, apenas se anunció la huelga de 48 horas, el presidente Alan García autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, con el argumento de garantizar el funcionamiento de las entidades y servicios públicos, así como también el normal desarrollo de las actividades de la población, según reza el decreto promulgado. El mandato para que las fuerzas armadas intervengan en el orden público tiene vigencia por 30 días.

Apenas conocido el decreto, los sindicatos convocantes al paro condenaron la medida. "Con represión no se acallará a la población," expresó el secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán.

"Eso representa un signo de autoritarismo, de apostar por la represión, conforme se lo han exigido sus aliados políticos, la derecha política, los grupos de poder económico, el fujimorismo y todos aquellos que creen que reprimiendo se van a buscar las soluciones a los problemas", dijo. Y agregó, "nosotros por el contrario apostamos por el diálogo, le solicitamos al señor presidente de la república una reunión de trabajo".

El paro nacional para el 11 y 12 de julio había sido convocado por la Federación de Trabajadores Mineros y Metalurgicos y la Confederación Nacional Agraria, entre otros sectores productivos y apuntaba contra la política sectorial del gobierno. Además se respaldaba la huelga por tiempo indefinido de maestros públicos que se había iniciado una semana antes.

La Central General de Trabajadores de Perú (CGTP) también cuestionó al presidente Alan García por no implementar medidas para distribuir la riqueza en el país, donde la mitad de la población vive bajo el umbral de pobreza, y exigiéndole una inmediata solución para los diversos conflictos que se han desatado en el país.

Según la Defensoría del Pueblo el número de conflictos sociales en Perú se eleva a 75, de los cuales 35 permanecen activos.

La protesta de los "privilegiados" maestros

El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú (SUTEP) convocó a la huelga en rechazo a la Ley de Carrera Pública Magisterial, aprobada por el Congreso y ratificada de inmediato por el gobierno, que los somete a evaluaciones frecuentes y contempla el despido de quienes no pasen los exámenes tres veces consecutivas.

El SUTEP se declaró el 5 de julio en huelga nacional por tiempo indefinido contra a una ley que los obliga a ser capacitados y ser evaluados periódicamente, bajo riesgo de ser despedidos si desaprueban tres evaluaciones consecutivas.

Los docentes afirman que la Ley de la Carrera Pública Magisterial es un pretexto para emprender una política de despidos masivos y privatizar la educación pública.

A la huelga de los maestros se sumaron poco después diversos sectores como el agrario, el minero, entre otros, que condenan, además, las políticas neoliberales en el país y que- aseguran- han ampliado la brecha entre ricos y pobres.

Al mismo tiempo, la Confederación Nacional Agraria anunció que continuará también una protesta contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

La represión

Los trabajadores salieron a las calles en varias ciudades del Perú, realizaron cortes de carreteras y en algunos sitios ocupación de edificios públicos. En Lima se realizó una concentración en una plaza, con participación de dirigentes sindicales y políticos de la oposición.

El paro nacional se inició con la noticia de que el martes había muerto un adolescente de 13 años durante la represión policial a profesores en la región sudandina de Apurímac.

El miércoles, en el primer día de las movilizaciones, en la zona selvática de la región centroandina de Junín, el agricultor Alcides Huamaní Rivero murió por disparos de un comerciante en su intento por evitar que un grupo de manifestantes ingresara a su establecimiento. La gubernamental Defensoría del Pueblo informó que en esa acción también resultados heridas otras ocho personas. Ese mismo día se conoció la muerte de una profesora en un hospital de Lima, donde había permanecido internada desde el viernes de la semana pasada tras ser golpeada por efectivos policiales, según denunciaron portavoces de los maestros en huelga.

Uno de los incidentes más violentos se registró cuando unos 5.000 huelguistas tomaron las instalaciones del aeropuerto internacional Manco Cápac de Juliac, en la región sureña de Puno. En esos incididentes, quemaron muebles, útiles de oficina y viviendas de los trabajadores del lugar, pese a que casi 300 policías intentaron contener a los manifestantes.

En la región centroandina de Ayacucho, el gobernador de la provincia de Huanta, ErickMontero, fue retenido durante cinco horas por miembros del llamado Frente de Defensa Regional. Los huelguistas le exigieron a Montero que se disculpara por los comentarios del presidente García, quien dos días atrás había calificado a los maestros en huelga de "picones (resentidos), criticones y comechados (parásitos)" que no quieren ir a dar clases.

En varias regiones del país, los manifestantes bloquearon con piedras y troncos las principales carreteras.

En el histórico Cusco, maestros, trabajadores y transportistas colocaron obstáculos a la entrada y salida de la ciudad, mientras el servicio de trenes al célebre enclave inca de Machu Picchu fue cancelado por medidas de seguridad.

Asimismo, en la sureña ciudad de Arequipa, manifestantes bloquearon un tramo de la carretera Panamericana Sur y la vía Arequipa-Puno, como parte de un paro por tiempo indefinido convocado por el Frente de la Macrorregión Sur.

El viernes, los maestros volvieron a las calles en Lima para denunciar la represión durante el paro nacional, y más de 150 maestros resultaron detenidos.

Los dirigentes del SUTEP Robert Huaynalaya, Nilver López y Luis Muñoz fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando encabezaban una marcha de protesta en el distrito limeño de San Isidro, protagonizando disturbios y bloqueo del tránsito vehicular mientras se dirigían a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los maestros fueron detenidos por el presunto delito de atentar contra la seguridad pública (contra los medios de transporte, comunicaciones y otros servicios públicos).

El procurador del Ministerio del Interior, Jacobo Romero, añadió que la alta dirigencia del SUTEP podría recibir condenas de prisión entre cuatro y ocho años por hacer apología al delito, figura contemplada en el artículo 367 del Código Penal.

Sindicatos reclaman diálogo

Los dirigientes sindicales del magisterio dijeron estar dispuestos a levantar la medida de fuerza si el gobierno se aviene a un diálogo y libera a los 150 maestros detenidos. El pasado fin de semana se iniciaron contactos mediantes mediadores, pero aún no hay una respuesta decidida del gobierno.

Mientras, los gremios sostienen que si no hay acuerdo, y pese a la represión, continuaran con las movilizaciones. "Queremos diálogo, no queremos más represión, no es así como se van a solucionar los problemas", subrayó Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Al tiempo que el ambiente sigue tenso, las cámaras empresariales se lamentan por las pérdidas que las movilizaciones provocan en sus economías.

Por ejemplo, representantes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas de Perú (CONFIEP) advirtieron que "la cuantificación de las pérdidas por bloqueos de vías y destrucción de la propiedad privada es cada vez mayor" y aunque no proporcionaron cifras, manifestaron que se trata de pérdidas "alarmantes" que "se vienen registrando en sectores como el turismo y la producción agropecuaria".

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Daniel Ratti, alertó que el sector podría perder hasta 500.000 dólares diarios por estas protestas.

"El país recibe cinco millones de dólares diarios por turismo, y el impacto, si se rebajase sólo un diez por ciento el número de personas que planean venir al Perú, sería de medio millón de dólares diarios, 15 millones al mes y en un año 180 millones", subrayó Ratti.

Una torta mal repartida

Todos los analistas coinciden en destacar un crecimiento de la actividad económica del país, y los sociólogos y analistas políticos coinciden también en que la distribución de la riqueza no alcanza a los sectores trabajadores y más pobres de la sociedad.

Para el investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Carlos Toche, el gobierno no ha determinado "un plan estratégico para visualizar los objetivos de desarrollo a largo plazo" y considera que "a corto plazo la única medida de mantener el control es la militarización".

"La gente protesta ante la desesperación de que la economía crece sin que el bienestar llegue a sus vidas. Por eso los reclamos continuarán hasta que exista una mejor distribución de la riqueza", dijo el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Víctor Gorriti Candela.

Los trabajadores reclaman que el gobierno cumpla con la ley de Trabajo, elimine las "services" (firmas tercerizadas), establezca el impuesto a las ganancias mineras elevadas, revise el tratado de libre comercio con Estados Unidos e imponga la libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones, entre otros asuntos que García prometió cuando era candidato.

Por su parte, el analista político Carlos Reyna, profesor de la Pontifica Universidad Católica, estimó que "estamos frente a un movimiento social y regional muy diverso, pero en el que todos exigen recuperar lo que les fue arrebatado en los últimos 20 años, principalmente durante el gobierno de Alberto Fujimori en los 90".

"Hoy que existe una apertura política y un crecimiento económico, y ya no hay guerra sucia ni terrorismo, la gente encuentra un escenario propicio para reclamar lo suyo", agregó.

"Este régimen económico neoliberal no da para más. Mientras se mantenga, crecerán los conflictos", indicó Reyna quien recuerda que 48 por ciento de los 27 millones de peruanos siguen en la pobreza pese a que el producto bruto interno creció 7,5 por ciento entre enero y abril de este año