Bajo la consigna del día del Nunca más, el presidente Tabaré Vázquez -con una notoria ausencia de la militancia frenteamplista, de las organizaciones de familiares de asesinados y desaparecidos por la dictadura militar y de organizaciones sindicales y populares- reunió en la plaza Independencia junto al monumento de Artigas a altos jefes militares, a personeros de los partidos de la derecha, legisladores oficialistas y a burócratas gubernamentales, con la intención de legitimar desde un gobierno votado mayoritariamente por la izquierda una ruptura de los fundamentos históricos de las luchas populares y la visión sobre las causas político-sociales que motivaron la dictadura militar y el terrorismo de Estado.

En la profusa propaganda de los grandes medios previos al acto se presentó la medida presidencial como la reconciliación entre los uruguayos, instaurando la rechazada teoría de los dos demonios (la sedición y los excesos de los militares) y un nunca más al enfrentamiento entre hermanos. Un operativo político que intenta una vez más mal cerrar un doloroso capítulo, donde hasta hoy los militares, policías y civiles violadores de los derechos humanos siguen incólumes sin rendir cuentas de sus crímenes ejercidos bajo el total amparo del aparato estatal, y además con desparpajo exigiendo ser reparados por sus caídos en la lucha contra la subversión.

El presidente Vázquez con esta medida cree estar resolviendo una de las mayores deudas internas del pueblo uruguayo, cuando por el contrario abre más la brecha de abandonos a los anhelos y luchas de justicia y paz clamorosamente exigidos a lo largo de toda la historia reciente por el Frente Amplio, la fuerza política que lo llevó al gobierno.

Mientras Vázquez reunía -según medios de prensa oficialistas- a un poco más de mil personas y sellaba simbólicamente la ceremonia abrazando al hijo del ex-dictador Juan María Bordaberry, se congregaba en la Plaza de los Desaparecidos una marcha que recorrió las calles de Montevideo -según el semanario Brecha ésta congregó a tres mil personas- convocada como repudio al acto oficial por organizaciones de izquierda críticas del gobierno, la comisión Memoria y Justicia y sindicatos. En la convocatoria a la manifestación se reafirmaba el concepto de que este Nunca más vuelve a salvar al terrorismo de Estado y a sus actores principales y que con esta medida se pretende borrar la memoria de nuestro pueblo e hipotecar también nuestro futuro.

En consonancia con esa política de buscar una reconciliación imposible entre las víctimas del terrorismo de Estado y sus victimarios, y también con la derecha uruguaya, el gobierno de Tabaré Vázquez mostró su cara más fea a través de la ministro del Interior Daisy Tourné, quien decidió montar un fuerte operativo policial de tolerancia cero que sin intimidación ni palabras previas arremetió a garrotazos contra un pequeño grupo de jóvenes que quemaban unas cubiertas frente a la sede principal de la Universidad.

La actual política que preconiza Tourné, quien asumió la responsabilidad de la represión, se anuncia como la que se llevará adelante en el futuro ante cualquier ruptura de vidrieras o corte de las calles y es un notorio cambio con la que hasta ahora se había instrumentado, la de no buscar confrontaciones ni usar a las casi inactivas fuerzas represivas en estas situaciones.

A diferencia de Argentina, donde el actual gobierno ha dado pasos más significativos en materia de condena y remoción del gorilaje militar y de reparación de las víctimas del terrorismo de Estado, Uruguay parece inclinarse por seguir otras experiencias, donde en esta materia se ha optado por cambiar algo para que todo siga como está, no queriendo remover mucho en las cavernas de los fascistas castrenses íntimamente ligados a la oligarquía y sus representantes políticos, quienes en definitiva fueron los que un día los convocaron para pasar al frente en defensa de sus intereses de clase.