escribe Ernesto Tamara

Todos las naciones del mundo regulan, de una u otra manera, las concesiones para radios y televisoras. La Declaración de Principios sobre la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) invita a los gobiernos a manejar las concesiones de permisos con un criterio democrático, que evite la conformación de monopolios y que contribuya a la participación más amplia de los ciudadanos en el uso de esos espacios públicos.

Recientemente México fue objeto de censura por la sanción de una ley que concedió casi a perpetuidad los permisos para Televisa -una las cadenas más poderosas del continente- y permitía la concesión discrecional de un organismo del Estado.

El periodista español David Carracedo acaba de publicar un exhaustivo informe en el que muestra que en los últimos años 293 medios de todo el mundo sufrieron clausura, revocación o no renovación de sus licencias: 77 emisoras de televisión y 159 radios en 21 países. Sólo en Colombia, 76 radios comunitarias fueron clausuradas.

Los intentos en el continente por crear y desarrollar radios comunitarias -consideradas "piratas" en muchos países- enfrentan la represión, y proyectos de ley que pueden enviar a la cárcel a los impulsores de estas emisoras de corto alcance y al servicio de comunidades. En Uruguay hay al menos dos proyectos de ley que condenan con prisión a los impulsores de las emisoras comunitarias, presentados por legisladores del Partido Nacional en la década de los 90 y que continúan presentando en cada nuevo período legislativo.

En el anterior gobierno colorado encabezado por Jorge Batlle, varias emisoras comunitarias fueron clausuradas y sus equipos confiscados sin que ningún organismo internacional se pronunciara al respecto. Lo mismo sucede en casi todo el continente. Las clausuras de emisoras comunitarias es algo cotidiano en países como Colombia y Guatemala. En Suecia se acaba se clausurar un programa, antes de salir al aire, por una broma de pésimo gusto del equipo de producción contra el primer ministro conservador.
167 millones de dólares

Está claro que la pelea en Venezuela en torno a Radio Caracas Televisión (RCTV) no tiene nada que ver con la libertad de expresión y de prensa. La emisora puede transmitir libremente por cable u otros sistemas. Sólo no se le extendió el permiso para la transmisión por canal abierto. Nadie puede transmitir por canal abierto sin permiso previo del Estado en ningún país del mundo.

La posibilidad de transmisión por canal abierto es tentadora porque permite llegar a cualquier aparato de televisión con una antena, y hasta ahora -salvo las televisoras estatales- ese ha sido un coto de grandes empresas. La torta de publicidad de RCTV era de unos 167 millones de dólares por año. En realidad eso es lo que defienden el "derecho" de transmisión para RCTV. La propaganda, las editoriales contra el gobierno de Hugo Chávez, pueden continuar por cable o por internet, la publicidad seguramente será menor en esos medios.

El mercado de la publicidad en la televisión es de alrededor de 500 millones de dólares anuales, y esa torta se repartía entre tres cadenas de televisoras privadas.

Control de los medios

Hace pocos días, el periodista Ernesto Carmona, publicó un artículo donde revela que "diez mega corporaciones poseen o controlan los grandes medios de información de Estados Unidos: prensa, radio y televisión. Esa decena de imperios controla, además, el vasto negocio del entretenimiento y la cultura de masas, que abarca el mundo editorial, música, cine, producción y distribución de contenidos de televisión, salas de teatro, Internet y parques tipo Disneyworld, no sólo en el país del norte sino en América Latina y el resto del mundo".

Carmona agrega que "En EE.UU. la información fue suplantada lisa y llanamente por la propaganda corporativa. Dejó de existir el "derecho a la información", garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución. Los ciudadanos estadounidenses perdieron su derecho a la información veraz y oportuna sin darse cuenta y sin que hayan sido formalmente derogados. Las frecuencias para las señales de radio y televisión constituyen un bien público, de toda la sociedad, pero su control pasó a manos de unos pocos megaimperios mediáticos".

Ese esquema de poder y concentración de medios se repite en el continente latinoamericano. En México funcionan dos poderosas cadenas, una dominada por Televisa de la familia Azcárraga y vinculada al Grupo Cisneros de Venezuela, también propietarios de medios de comunicación y una de las mayores fortunas del mundo, y Azteca América, de Ricardo Salinas Pliego y sus socios Pedro Padilla Longoria y Luis Echarte Fernández, ambas con inversiones en Estados Unidos.

También el Grupo Prisa, propietario del diario español "El País" tiene medios de comunicación en América Latina, asociado en México a Televisa, y propietaria de la poderosa Radio Caracol de Colombia, y otras emisoras en Perú, Chile, Bolivia, Panamá, y Costa Rica.

En Argentina, los medios de comunicación están controlados por pocas familias. Por ejemplo, la poderosa cadena de Telefé, está controlada por Editorial Atlántida del Grupo de la familia Vigil y por New Corporation del empresario australiano Rupert Murdoch.

Lo mismo el Grupo del diario Clarín, con inversiones en los países vecinos, encabezado Ernestina Herrera de Noble, Hector Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, y el 18% restante está en manos del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs.

Así, el Dario La Nación, otro de los grandes grupos argentinos, es propiedad de Matilde Noble Mitre de Saguier en un 66% y en un 10% por Bartolomé Mitre.

En Brasil, el grupo O' Globo, es propietaria de la influyente familia Marinho, originaria de Río de Janeiro, asociada al magnate mexicano Carlos Slim.

Junto a los Marinho, también se han consolidado en los últimos 20 años poderosas familias en los medios brasileños como los Sirotsky, dueños del grupo RBS, los Civitas, propietarios de Abril, y los Frías, impulsores de Folha.

En sus manos está ahora la comunicación brasileña, si bien la presencia extranjera, especialmente de empresas como Televisa o Grupo Cisneros, es cada vez mayor. Incluso Telmex, la operadora de Carlos Slim, está a punto de pasar a controlar Net Serviços, primera compañía de cable hasta ahora propiedad de O'Globo.

Así, cuando las cadenas de televisión en América Latina comienzan a reclamar por la libertad de prensa, están en realidad reclamando por la libertad de seguir lucrando y emitiendo "su mensaje", bastante alejado de los intereses de los pueblos.

Hay pocos datos disponibles sobre los montos de publicidad en América Latina, pero por ejemplo, en 2005, la inversión publicitaria en Argentina fue de 4.148 millones de dólares, y el 28,4 por ciento fue para la TV, seguida por 26,6 en los diarios.

La Inversión publicitaria de Latinoamérica en 2005, en los 9 países relevados, fue de 13.575.690.000 de dólares. Brasil se ubicó como el país con mayor participación de la inversión publicitaria en Latinoamérica con el 42 por ciento a valor dólar, siguiendo México con el 22, Argentina con el 10, Colombia con 9, Chile y Venezuela con 5, Ecuador con 4, Perú con 2 y Uruguay con 1. En todos los casos, existe una clara preponderancia de la televisión y los diarios como receptores de esa inversión.