escribe Inés Benítez

La justicia guatemalteca denegó el miércoles un recurso de amparo presentado por organizaciones de derechos humanos contra la inscripción de la candidatura a diputado del ex dictador José Efraín Ríos Montt, con el argumento de que "las circunstancias no lo hacen aconsejable".

"¿Cuáles son las circunstancias que no hacen aconsejable otorgar el amparo provisional?", se preguntan siete organizaciones de derechos humanos en un comunicado conjunto en el que reclaman a la justicia "considerar los derechos de las víctimas del genocidio" .

La Asociación para la Justicia y la Reconciliación y la de Familiares de Desaparecidos (Famdegua) interpusieron el 24 de mayo un recurso de amparo ante la Sala Tercera de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de aceptar la candidatura de Ríos Montt, acusado de genocidio y con una orden de captura internacional.

"La Sala Tercera no resuelve la cuestión de fondo expresada en la solicitud de amparo y transfiere la decisión a otra instancia", afirma el comunicado de las organizaciones en referencia al traslado del asunto al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia.

"La inscripción (de Ríos Montt) coloca a las víctimas en una situación de desigualdad con respecto al acceso a la justicia", dijo Juan Francisco Soto, coordinador del Programa de Justicia y Reconciliación del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.

El TSE aceptó el 18 de mayo la postulación a diputado para las elecciones generales del próximo 9 de septiembre de este general retirado enjuiciado en España y en su país por crímenes contra la humanidad, lo que produjo indignación nacional e internacional.

A partir de su inscripción como cabeza de lista del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Ríos Montt, de 81 años, obtiene el derecho de antejuicio, lo que entorpece las acciones legales en su contra.

Las organizaciones exhortan a la justicia guatemalteca a "decidir sobre la cuestión de fondo, es decir, el daño irreparable que representa la participación electoral de un prófugo de la justicia internacional" y también a "establecer si los magistrados de la Sala Tercera fueron objeto de alguna presión o acción intimidatoria que les hiciera inhibirse de conocer el fondo del asunto".

El militar retirado tiene virtualmente asegurado su escaño en el Congreso legislativo debido a que encabeza la lista nacional del FRG.

"No podemos permitir que una persona sindicada de crímenes contra la humanidad pueda ser candidato a un cargo público", alertó Soto.

Varias organizaciones humanitarias hicieron una cadena humana frente al TSE para protestar contra la aceptación de la inscripción.

En cuanto se conoció la postulación de Ríos Montt, acusado de una serie de atrocidades cometidas durante su mandato dictatorial entre 1982 y 1983, varias organizaciones de derechos humanos levantaron la voz en su contra.

Como respuesta, el ex dictador dijo en conferencia de prensa que él y su partido celebrarían su inscripción con una "fiestecilla" en la Plaza de la Constitución, en el centro de Guatemala y se jactó de que estuvo "disponible cuatro años (sin el derecho a inmunidad) (...) Si los otros son inútiles y no supieron presentar (demandas) es cuestión de ellos".

La Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) promueve una demanda contra Ríos Montt en la Audiencia Nacional Española por iniciativa de la líder indígena Rigoberta Menchú, ganadora del premio Nobel de la Paz en 1992.

La creadora de la FRMT presentó en 1999 una denuncia por delitos de genocidio, torturas, terrorismo de Estado y otros crímenes contra la humanidad.

El tribunal español emitió el 7 de julio de 2006 una orden internacional de captura con fines de extradición a ese país contra Ríos Montt y otros siete ex funcionarios de su gobierno también acusados por Menchú.

Se les imputa la comisión de delitos de genocidio, torturas, terrorismo y detenciones ilegales. En tanto, dos juzgados de Guatemala mantienen procesado al militar por delitos relacionados con su mandato, considerado el más sangriento de los gobiernos que se sucedieron en el conflicto armado interno de 1960 a 1996, que dejó más de 200.000 víctimas mortales, la mayoría indígenas, incluyendo 50.000 desapariciones forzosas a manos de la represión militar.