escribe Ernesto Tamara

La pasada semana Freedom House una pseudo ONG del gobierno de Estados Unidos, publicó su informe "Freedom of the press 2007", asegurando que Venezuela y Cuba son los únicos países de América Latina "sin libertad de prensa" y fue más allá al sostener que "hay más libertad de prensa en Irak que en Venezuela". Esta es la primera vez que esa organización incluye a Venezuela en la lista de países sin libertad de prensa, y se suma así a las voces de otras organizaciones internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, fundamentalmente de dueños de medios de prensa, en condenar al país de Bolívar.

En contrapartida, Freedom House acepta que en la vecina Colombia reina la libertad de prensa, pese a que en el pasado año, se registró en ese país tres asesinatos de periodistas, un atentado contra una infraestructura periodística, 77 amenazas de muerte, 10 exilios, tres secuestros, 24 casos de trato inhumano o degradante y cinco detenciones ilegales contra periodistas colombianos. La medida de la libertad de prensa parece estar torcida.

El motivo para condenar a Venezuela, es la decisión del gobierno de Hugo Chávez de no renovar la concesión de onda a la cadena de televisión Radio Caracas TV (RCTV) según admitieron los directivos de la pseudo ONG yanqui.

"No entramos a valorar si la cadena RCTV habrá tenido posicionamientos políticos o no", afirmó Javier Utset, gerente general de programas para América Latina en Freedom House. Agregó que "si el gobierno venezolano tiene algún tipo de queja en base legal a actuaciones de la cadena..., pues debe seguir procesos legales dentro del sistema judicial para atender esos asuntos, y no debe simplemente dejar expirar sin posibilidad de renovación la licencia de la cadena".

Según el directivo de Freedom House, aparte de ese episodio, hay "un ambiente generalizado de presión sobre la prensa y una tendencia a la centralización de los medios en Venezuela".

Más aún, Utset afirma que "dentro de la región, (Venezuela) es el país que ha tenido un proceso más acelerado de empeoramiento de la situación de la prensa".

Utset olvida a propósito que la potestad de renovar o no una concesión de onda, que pertenece a la sociedad y que administra el Estado, corresponde al gobierno y está dentro de los marcos legales que dice deben respetarse.

Praticamente todos los grandes medios de comunicación social de Venezuela son opositores al gobierno y pertecen a un puñado de empresarios que han hecho de la información un negocio y una herramienta política.

Al contrario de lo que opina el directivo de Freedom House, Venezuela no vive un proceso de centralización de los medios, sino más bien un proceso de descentralización y democratización de los mismos, con un auge impresionante de semanarios, radios y televisoras comunitarias. Sólo como ejemplo, 8 radios comunitarias indígenas serán puestas en marcha en la zona del Amazonas el próximo12 de octubre, y retrasmitirán en red con la estatal Radio Nacional de Venezuela.

Varias televisoras comunitarias ya estan trasmitiendo en Caracas y otras ciudades del país, y decenas de revistas y semanarios alternativos se editan impulsados por sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales.

En la "prensa establecida", sigue dominando la prensa opositora, propiedad de familias poderosas como los Cisneros (una de las mayores fortunas de América Latina) o Capriles.

La respuesta oficial

"Ladran los perros, Sancho; significa que cabalgamos", sostuvo un editorial de VTV (canal estatal) respondiendo al informe de Freedom House sobre el estado de la libertad de expresión.

El informe "es un producto de laboratorio", sentencia la respuesta del canal oficial cenezolano. El trabajo presentado por Freedom House es parte de una "campaña anti-venezolana".

"Se trata de un paquete que se autodenomina Freedom House, que con unos voceros sacados de una caja de magia barata, en una pieza ofertada o vendida a los contratados en Washington, para maquillar a uno de sus clientes, el empresario de RCTV", sigue el editorial.

"En Venezuela, todos los días la maquinaria mediática con su poder transnacional, mantiene en su agenda, descalificar al país y a su gobierno bolivariano (...) Los laboratorios generan inventarios para el arsenal mediático anti-venezolano", declaró.

"Una campaña tóxica" que el editorial del canal del estado vincula a lo que llama como "la auténtica nacionalización petrolera y la denuncia contra el FMI y el Banco Mundial", organismos de los cuales el gobierno venezolano anunció su pronto retiro.

En semanas recientes voceros oficiales habían advertido que a medida que se acercará el 27 de mayo -cuando se vence la concesión a RCTV- arreciaría la campaña de difamación contra Venezuela.

El ministro de comunicación e información, William Lara, aseguró que una "conspiración busca abrumar con mentiras a la opinión pública hasta ganarla para la creencia de que en Venezuela hay una dictadura comunista".

Según el ministro de esa conjura forman parte grandes diarios de América Latina y es recogida y ampliada por las agencias internacionales de noticia.

Revocación de ondas

Cabe recordar que la concesión de ondas de radio o televisión, es potestad de los gobiernos, y si han habido pocos casos de no renovación, se debe simplemente al hecho de que las concesiones otorgadas han sido siempre en beneficio de los poderosos y/o amigos del poder. Uruguay, que siempre aparece como un modelo democrático, ha utilizado más de una vez la potestad de no renovar concesiones y hasta de suprimirla antes de tiempo. Sólo para ilustrar basta recordar la clausura y retiro de la concesión de Radio Panamericana en agosto de 1994, por el entonces presidente Luis Alberto Lacalle, al considerar que la radio se había excedido en sus comentarios durante la transmisión de las protestas y represión en los alrededores del Hospital Filtro cuando la extradición a España de tres personas acusadas de integrar el aparato de ETA.

Ahora, dos meses atrás, el presidente socialista Tabaré Vázquez, anunció también la extinción de la concesión de ondas de radios a dos empresarios que cometieron fraude impositivo al Estado.

Uruguay fue también un ejemplo de concesión escandalosa de permisos de uso de ondas. En los últimos meses de la dictadura militar, decenas de simpatizantes del régimen recibieron concesiones de radio que nunca fueron revocadas. Lo mismo sucedió en el gobierno de Lacalle (1990-95).

La libertad de prensa en América Latina

Desde una concepción liberal, la libertad de prensa es libertad de mercado, y por lo tanto un negocio. Se establece como un principio, pero se regula al máximo y se penaliza todo aquello que salga del sistema.

Las radios comunitarias, o piratas como se la denominan en algunos países, están al margen de la ley y en muchos lugares sufren persecusiones, allanamientos, requizas de equipos y hasta se pretende ilegalizar su actividad con penas de prisión.

Los medios de comunicación social son manejados por grandes empresarios y con criterios mercantilistas. La información, la educación, la transmisión de valores, están ausentes o supeditados a los manejos políticos de los propietarios. Los periodistas están limitados en su accionar a la cadena de mando y en general aceptan y adoptan la autocensura. Los escasos medios de información independientes apenas sobreviven o desaparecen al poco tiempo, ahogados por un cerco económico y un manejo del mercado que los deja fuera de la red de distribución y de la publicidad estatal o empresarial.

En general, en los papeles, la libertad de prensa está generalmente establecido, aunque las legislaciones locales, pueden llevar a los periodistas, no a los propietarios y editores de los medios, a la prisión por sus opiniones.

Si la libertad de prensa se abordara como la libertad de informar, educar, conceder igualdad de espacio a las diversas opiniones, acceso equilibrado a toda la sociedad, la seguridad de los periodistas, el subsidio directo o indirecto del Estado a los medios, la multiculturalidad, la cobertura nacional y local, la descentralización y la masividad, deberían ser elementos imprescindibles.

Parece poco posible sostener la existencia de libertad de prensa cuando los periodistas son asesinados, amenazados o secuestrados. En el pasado mes de marzo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que nuclea a los propietarios de los medios de comunicación, y que impulsan legislaciones contra las radios comunitarias, admitió que la seguridad de los periodistas se ha deteriorado considerablemente en América

Latina en los últimos seis meses

Curiosamente, los casos más graves apuntados por la SIP correspondían a países que no integran la "lista negra" o del mal de la libertad de prensa. Según la SIP en los últimos meses 6 periodistas fueron asesinados en México, uno en Haití y otro en Perú.

El 4 de mayo, mientras en el mundo se celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa, otro periodista era asesinado en Guatemala.