La visita del presidente George Bush a Colombia a principios de marzo, en un gesto de respaldo al presidente Alvaro Uribe, que no ha servido de nada. Las denuncias de vínculos de la familia del presidente, y la colaboración de éste, activa o pasiva -según como se mire- en la creación de los grupos paramilitares, denunciadas por el senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, ha sacudido la Casa de Nariño, y obligado a ex aliados, incluso en Washington, a tomar distancia del gobierno.

El pasado fin de semana, el presidente Uribe reveló en una conferencia de prensa convocada en Miami donde participaba en un evento sobre el cambio climático, que el ex vicepresidente norteamericano, Al Gore, se negaba a participar en ese evento para no compartir escenario con el mandatario colombiano. Uribe defendió su gobierno de acusaciones que lo relacionan con grupos paramilitares y le pidió al ex vicepresidente estadounidense Al Gore que examine más a fondo el caso colombiano antes de tomar medidas como la de ausentarse de una convención de Miami para no coincidir allí con él.

"Jamás he tenido vínculos con el paramilitarismo", afirmó Uribe, y negó que la finca de su familia "La guacharaca" haya sido usada por paramilitares, como indicaron algunos testimonios presentados por el senador Petro.

El mandatario destacó: "(La Guacharaca) es la finca de mi familia donde las Farc mataron a mi padre".

Dijo que las denuncias del senador Petro -al que descalificó por su pasado en la guerrilla del M-19- estaban aislando a Colombia, y hacían peligrar la ayuda económica de Estados Unidos a su país, así como la ratificación en el congreso de ese país, del Tratado de Libre Comercio.

El Departamento de Estado de Estados Unidos salió apresuradamente a ditanciarse de la actitud del dirigente demócrata y emitió un comunicado en el que informaba que no había tenido ningún contacto con Al Gore porque "es un ciudadano particular" que "tiene sus opiniones personales".

El desmentido apuntaba también a versiones de prensa que aseguraban que el Departamento de Estado le había aconsejado a Gore no reunirse con Uribe.

Pero, por más "opiniones personales" que justifiquen la acción de Gore, es obvio que el apoyo del presidente Bush a Uribe tendrá más dificultades en un Congreso dominado por los demócratas tras las elecciones del pasado mes de noviembre.

Previamente, en la mañana del viernes, Gore había dicho a través de un comunicado que el presidente Álvaro Uribe debía resolver las acusaciones sobre paramilitarismo. "Las acusaciones que han surgido en el último mes y en esta semana son muy preocupantes", expresó Gore, quien además dijo que cuando se le invitó al acto, no se le informó que Uribe estaba en la agenda. Y fue más allá: advirtió que hasta que este capítulo "muy serio" no llegue a su fin, no considera prudente aparecer en un evento con el mandatario colombiano.

Claro que Al Gore no se justificó por haber integrado el gobierno que dio forma al denominado Plan Colombia y que ha inyectado miles de millones de dólares al aparato militar colombiano y fortalecido a Uribe en los últimos 5 años.

Al mimo tiempo, en la misma semana, el senador estadounidense Patrick Leahy, presidente del Comité de Asuntos Jurídicos, bloqueó la entrega de 55 millones de dólares a Colombia y pidió más garantías de que el aparato militar colombiano respeta los derechos humanos.

El presidente Uribe ha acusado a Petro de promover el aislamiento de Colombia, y adelanta su preocupación de que debido a las denuncias, el Tratado de Libre Comercio que firmó con la administración Bush no sea ratificado en el Congreso.

Las denuncias de Petro

Cuando el gobierno de Uribe culmine -sea en el plazo constitucional o antes- en medio del total desprestigio, habría que titular la nota de resumen de su administración remedando el título de la novela de su coterráneo Gabriel García Márquez, " Crónica de una muerte anunciada".

Lo sorprendente en este caso es la demora en las denuncias de vínculos de funcionarios, militares y políticos con los paramilitares y narcotraficantes tuvieron para llegar a involucrar al presidente Uribe.

Cuando a mediados de la semana pasada, el senador Petro realizó su exposición sobre los paramilitares en el departamento de Antioquia, donde Uribe fue gobernador, se renovaron viejas denuncias de vínculos de la familia del presidente con los paramilitares y narcotraficantes.

El senador del Polo Democrático Alternativo, inició el debate anticipando las reacciones del oficialismo. Mostró un video en el que varios congresistas en el reciente pasado desestimaron sus investigaciones, pero que hoy están detenidos por la llamada parapolítica.

Allí aparecían Álvaro García y Álvaro Araújo desestimando las denuncias en el mismo Congreso y hoy están presos, así como el presidente Uribe acusándolo de "terrorista" vestido de civil. También mostró fotos de la campaña de Álvaro Uribe a la Presidencia en la que el actual Jefe del Estado aparecía en actos públicos y mítines políticos con varios de los congresistas que hoy están tras las rejas por sus vínculos con los paramilitares.

Petro hizo referencia al gobernador de Antioquia a finales de los 90, el hoy presidente Uribe, quien dio vía libre a Salvatore Mancuso, Ignacio Roldán (alias 'Monoleche', acusado de matar a Carlos Castaño), José 'Chepe' Barrera y al hijo de Enilse López, alias 'La Gata', para guiar las "Convivir", organizaciones que luego se convirtieron en autodefensas. Afirmó que en la finca La Guacharaca, antigua propiedad de la familia del presidente, llegó la "Convivir Cóndor" dirigida por Juan Villegas Uribe quien tenía contacto permanente con alias 'Lucas', un reconocido jefe paramilitar de la zona. Según el senador, en esa finca los paramilitares ejecutaron asesinatos de varios campesinos. Respaldó su acusación en testimonios recogidos por las autoridades.

También mostró una foto en la que aparece Santiago Uribe Vélez, hermano del primer mandatario, con Fabio Ochoa Vásquez, miembro del Cartel de Medellín. Según Petro, la foto es de 1985, un año después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y cuando ya los Ochoa eran buscados por sus actividades mafiosas.

Petro denunció también que en la finca La Carolina, también de propiedad de la familia del presidente, los paramilitares tuvieron su base para cometer sus acciones.

El congresista de izquierda volvió a tocar el tema que la Fiscalía cerró contra el hermano del jefe del Estado por el caso de 'Los doce apóstoles', un grupo paramilitar sindicado del asesinato de por lo menos 50 personas en Yarumal, Antioquia, entre 1993 y 1994. Petro recordó que en el proceso se mencionó como base del grupo a la finca La Carolina, de propiedad de la familia del presidente.

A inicio de los años 90, según denuncias de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, la región de Yarumal fue azotada por una ola de muertes selectivas que se le atribuyó a un grupo de limpieza social, supuestamente financiado por comerciantes y ganaderos de la zona. El grupo, al que se le atribuyó la muerte de por lo menos medio centenar de personas, fue identificado por los medios de comunicación como el de 'Los apóstoles' pues entre sus cabecillas estaría un sacerdote.

En las pesquisas que hicieron los investigadores de la Fiscalía aparece en el año 1996, la versión juramentada del declarante 002, a quien las autoridades le reservaron su identidad. En su extenso testimonio da detalles de cómo operaba el grupo y cómo contaba con la complicidad de las autoridades locales y de hacendados de la zona. A finales de 1999, todas las personas involucradas en la denuncia fueron absueltas.

En este camino, según Petro, los paramilitares -tomados de la mano de la mafia- asesinaron, según el congresista, a centenares de decenas de miembros de la Unión Patriótica, UP, a dirigentes de izquierda y a reconocidas figuras de los partidos tradicionales como Luis Carlos Galán.

Además en su exposición, el senador denunció a jefes militares, muchos en activo, por sus vínculos con los paramilitares.

La justicia sigue convocando políticos

En las últimas semanas la Suprema Corte de Justicia ha convocado a varios líderes políticos del entorno del presidente Uribe por sus vínculos con los paramilitares, en un principio, aquellos que aparecían firmando un pacto político con los jefes de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia para "transformar el país".
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia vinculó a las investigaciones por parapolítica al presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Cuello Baute, al senador Rubén Darío Quintero y al representante Álvaro Morón.

Cuello Baute es del Partido Conservador y representante del departamento de Cesar. Su colega Morón pertenece a Alas Equipo Colombia y representa al mismo departamento. Por su parte, el senador Quintero es militante del partido Cambio Radical y está señalado de recibir favores políticos del paramilitar conocido con el alias de 'El Alemán'. Según las primeras versiones, la alianza se hizo para obtener cerca de 26.000 votos en Antioquia. Además de los anuncios de la vinculación de estos legisladores, la Corte publicó su decisión de permitir que la Fiscalía investigue al ex senador Álvaro Araújo después de haber renunciado a su fuero de legislador.

Araújo es un reconocido político de Cesar, máximo líder de Alas Equipo Colombia y heredero del fortín político de su padre, Álvaro Araújo Noguera (prófugo de la justicia), y hermano de la ex canciller Consuelo Araújo que se vio obligada a renunciar hace poco precisamente por el escándalo en su familia. La pasada semana, la Suprema Corte anunció la detención domiciliaria para los congresistas Luis Eduardo Vives y Alfonso Campo Escobar, señalados por nexos con paramilitares. De esta manera, la crisis entre los legisladores afines al gobierno, y que podría extenderse a otros partidos, continúa agravándose. Aunque algunas de las denuncias tienen hasta 5 años, no hace sino menos de un año que el aparato de la justicia comenzó a funcionar. Por cuenta de estas investigaciones están tras las rejas ocho pesos pesados de la política colombiana.

Los tres primeros fueron los senadores congresistas Álvaro García y Jairo Merlano y el representante Erick Morris, todos del departamento de Sucre y miembros de la bancada uribista en el Congreso. La Corte, encargada de investigar a los congresistas, les abrió investigación el 18 de octubre de 2006. Una semana después, los llamó a indagatoria, y finalmente les dictó orden de captura por concierto para delinquir en asocio con grupos de autodefensas. García está acusado de participar en el complot para ordenar algunas de las masacres de campesinos cometidas entre 2000 y 2002.

El 15 de febrero de este año, la Corte ordenó la captura de seis congresistas más, esta vez por las denuncias sobre infiltración paramilitar en Cesar y Magdalena.

Se trataba de Álvaro Araújo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo y Jorge Caballero, todos uribistas señalados de tener vínculos con 'Jorge 40' y beneficiarse de la repartición electoral decretada por los paras y revelada por la analista Claudia López.

Aunque los cinco primeros fueron capturados esa misma noche, el último sigue prófugo. Maloof, Caballero y Vives habían sido expulsados del uribismo a comienzos de 2006, por vínculos con autodefensas, pero luego volvieron al redil con la bendición presidencial.

A finales de marzo Araújo envió una carta al Senado llena de calificativos contra la Corte Suprema y renunciando a su condición de congresista, con el fin de que su caso pasara a competencia de la Fiscalía. Idéntica decisión había tomado Merlano.

Los congresistas de la oposición aseguraron que se trataba de una maniobra para burlar la justicia, ex magistrados como Eduardo Cifuentes pidieron a la Corte que mantenga la competencia sobre los ex congresistas. Trino Luna, gobernador de Magdalena, fue suspendido de su cargo y también está detenido, tras los señalamientos de la congresista Piedad Córdoba de que fue impuesto como candidato único por las autodefensas. Aunque en principio Córdoba, en calidad de presidenta de la Dirección Liberal, avaló la inscripción de Luna como candidato liberal, después denunció que los paramilitares le estaban ayudando a hacer campaña.

La reacción oficial

Como era de esperar, el presidente Alvaro Uribe respondió a las acusaciones de la misma manera que hasta ahora: descalificando al denunciante.

La primera reacción del gobierno fue en el mismo Congreso apenas Petro culminó su denuncia.

El ministro del Interior, Carlos Holguín, presente en la sala, dijo que la denuncia de Petro "se basó en expedientes que no han sido fallados por la justicia y que, además, no hace referencia a fechas específicas".

Después se quejó de las repercusiones en la prensa de los dichos del senador opositor, y arremetió contra la guerrilla a la que acusó de ser la responsable de la violencia en el país.

En tanto, el presidente Uribe se dedicó a atacar la figura de Petro. Dijo que el senador del Polo Democrático fue "un mediocre guerrillero".

Uribe sostuvo que "yo estaría bien preparado para la guerrilla porque leí con mucho juicio a Mao Tse Tung y a Marx. Además habría sido buen guerrillero, porque no habría sido guerrillero de calumnias, sino de fusil. Habría sido exitoso militarmente, no protagonista de calumnias. Eso de ser mediocre guerrillero y lúcido calumniador dice muy mal de la personalidad de la guerrilla", insistió a modo de contradenuncia.

También el consejero presidencial, José Obdulio Gaviria, reaccionó atacando a Petro. Dijo que todos los ciudadanos deberían recordar que en la finca 'La Guacharaca' fue otro grupo terrorista (las Farc) las que cometieron terribles asesinatos en contra de la familia del presidente, entre ellos su padre, Alberto Uribe. "La finca fue quemada, destruida y convertida en un campo de sangre por esos terroristas. Nadie entiende por qué ahora Petro viene con esa historia. El único asesinato judicializado fue el del señor Uribe ".

Y sobre la finca 'La Carolina', Gaviria dijo que esta era de propiedad de ilustres y honestos ciudadanos antioqueños. Por lo que, dijo, con su afirmación Petro ha manchado el honor de unas personas ejemplares.

Por su parte, el hermano del presidente, Santiago Uribe Vélez, aseguró que esperará "con paciencia que el senador Petro aporte las pruebas que demuestren que desde la casa de la hacienda La Carolina se coordinaban las acciones" criminales mencionadas por Gustavo Petro.

"La foto expuesta por el senador Petro, como cualquiera otra en la que yo aparezca, no pudo haber sido tomada en ninguna reunión clandestina. Soy un ciudadano que pasea con la frente en alto por doquier", dice en el comunicado

El hermano del presidente, sin embargo, no rebatió si la foto es tomada en el año 1985 o antes. En declaraciones al diario El Tiempo dijo que "no era un secreto que su padre, Alberto Uribe y los Ochoa crecieron juntos y negociaron con caballos".

Paramilitares y gobierno en el asesinato de Galán
Militares del Ejército colombiano, jefes del narcotráfico, así como funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tuvieron "estrecha vinculación" en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán, aseguró el cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez.

Conocido también con los alias "El Doctor" y "El Loco", el paramilitar Duque Gaviria reveló este jueves que el ex director del DAS, Miguel Maza Márquez, estuvo presuntamente involucrado en el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989, informó Caracol Radio.

En el marco de su segundo día de versión libre ante un fiscal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz en Medellín, el líder de las paramilitares AUC aseguró que el atentado contra Galán "sin la estrecha vinculación del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, inteligencia estatal) y del B-2 (antiguo servicio de inteligencia militar) no se habría ejecutado".

El cabecilla paramilitar, comentó que el asesinato del ex candidato presidencia fue fraguado en una reunión realizada en la Isla de la Fantasía, en Puerto Boyacá, al centro de Colombia, donde participaron los desaparecidos jefes del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, Henry de Jesús Pérez, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias "el mexicano", y "algunos funcionarios del Gobierno Nacional."

Asimismo, según Ernesto Báez, al encuentro asistió el ex director del DAS, Miguel Maza Márquez y un general del Ejército cuyo nombre no mencionó.

Declaró que el "autor material" del asesinato del ex candidato liberal fue Eduardo Rocha, segundo al mando de las autodefensas de Puerto Boyacá, dirigidas entonces por Henry de Jesús Pérez.

Explicó que Rocha y los hombres que participaron en el atentado en el que murió Galán, portaban identificaciones especiales, "al parecer suministrados por el Ejército", para tener "acceso con facilidad" a la tarima desde la que Galán se iba a dirigir a la multitud y donde se cometió el crimen contra el dirigente político.

El 18 de agosto de 1989, tras recibir varias amenazas de muerte, el entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado por pistoleros cuando llegaba a un mitin electoral realizado en la plaza pública de Soacha, localidad vecina a Bogotá,

Para ese momento, todas las encuestas auguraban su victoria en la consulta popular y en las elecciones presidenciales de 1990, con amplia ventaja (más del 60 por ciento a su favor). César Gaviria, jefe de debate en la campaña de Galán, fue designado su sucesor y fue finalmente vencedor en las elecciones (1990-1994).