La despenalización del aborto en el Distrito Federal es hoy una realidad que abre un nuevo capítulo en la historia de México, país donde más del 90 por ciento de la población asegura profesar el catolicismo.

El Pleno de la Asamblea Legislativa de la capital aprobó la víspera un dictamen de reformas al Código Penal que contempla la autorización de esa práctica en las primeras 12 semanas de gestación.

Con 46 votos a favor, 19 en contra, y una abstención, los legisladores apoyaron el proyecto y extendieron las causales del aborto, permitido aquí sólo en casos de violación, malformaciones congénitas y peligro para la vida de la madre.

La aprobación favorable a la iniciativa desató el júbilo de miles de personas que esperaban el veredicto en varios puntos de esta ciudad, desde donde siguieron el debate en vivo durante horas por medio de pantallas gigantes.

A partir de ahora, toda mujer que determine en el Distrito Federal interrumpir su embarazo podrá hacerlo antes de las 12 semanas, lo cual es calificado como un triunfo en beneficio de la salud de las féminas, quienes podrán decidir sobre su maternidad.

Sin embargo, los opositores a la despenalización advirtieron que iniciarán un movimiento de resistencia civil que desconocerá el contenido de la reforma legal y convocarán a una rebelión contra su aplicación.

Los detractores del aborto se adelantan a lo que podría ser la extensión del proyecto a nivel federal, ya que la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó a inicios de abril una iniciativa semejante que atañe a todo el país.

La jerarquía de la Iglesia católica alentó a sus fieles enfrentar a como diera lugar la despenalización al considerarla un engendro del mal y amenaza contra la vida humana, que para esa congregación se inicia en el momento mismo de la concepción.

Por su parte, los defensores argumentan que autorizar esa práctica responde a razones de salud y no elevará el número de abortos, máxime porque la intención es que los precios en clínicas y hospitales se hagan accesibles a mujeres de bajos ingresos.

Según fuentes oficiales, cerca de dos mil mexicanas fallecen cada año por abortos mal practicados pues el hecho de ser considerado aquí un delito propicia un mercado informal en sitios inadecuados, insalubres y con personal de escasa capacidad.