Quien mire la historia de los pueblos latinoamericanos desde los albores de la independencia en cada una de nuestras naciones, encontrará innumerables momentos de luchas por la recuperación de los recursos naturales y otras fuentes económicas tradicionalmente en manos de intereses extranjeros. Luchas siempre comenzadas, muchas veces aplastadas por los imperialistas, otras veces traicionadas o sencillamente desvanecidas por diferentes factores endógenos.

A excepción de Cuba, donde ninguna de las conquistas históricas de la revolución de 1959 han sido abandonadas o traicionadas pese a la guerra imperialista sin tregua de Estados Unidos por recuperar su ex-colonia; en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, México, Guatemala, Panamá y otros países, avances, retrocesos y diferentes avatares atraviesan todo el pasado siglo y continúan en nuestros días.

Por eso es alentador que en los últimos años en algunos países de América Latina, muchas veces más que por claras razones ideológicas sino por el agotamiento y crisis de los instrumentos políticos resultado del más reciente saqueo neoliberal.

La Cumbre Energética del Sur que finalizó esta semana en la venezolana Isla Margarita es un buen ejemplo de que por primera vez en nuestra historia, importantes temas comunes que hacen a la soberanía comienzan a ser tomados en conjunto, a partir de una creciente conciencia de la necesidad de unidad continental.

Los mandatarios sudamericanos suscribieron un acuerdo para crear un Consejo Energético que debe encargarse de elaborar un tratado sobre la explotación del petróleo, gas, ahorro de energía y otras fuentes alternativas que le asegure a la región la soberanía energética futura y que se transforme en factor de desarrollo real.

Por su parte movimientos y organizaciones sociales latinoamericanas hicieron llegar a los mandatarios reunidos en Venezuela, una propuesta de modelo energético a partir de una clara conciencia y preocupación de que éste no puede ser un recurso que se vuelva una vez más contra los pueblos.

En el documento se señala como condición esencial de que los recursos energéticos deben ser nacionalizados y recuperados para el Estado y los beneficios económicos de su explotación revertirse en el bienestar de la población y en la búsqueda de otras fuentes renovables de energía. Que no deben éstos seguir permaneciendo en manos de las transnacionales o de las oligarquías locales. Que un desarrollo energético sustentable supone el derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y del acceso digno a los recursos energéticos. También advierten que se debe cambiar el actual modelo basado en la dependencia de combustibles fósiles que se agotan y que además tienen un fuerte impacto ambiental que provoca cambios irreparables de la naturaleza. También otros tipos de mega proyectos en marcha en la región financiados por organismos internacionales han sido cuestionados.

Se trata en definitiva de que la energía pase a ser un bien común y un derecho humano y no una mercancía en manos y usufructo de los poderosos, desinteresados en modelos de ahorro y socialización de la misma.

Pese a la complejidad del tema, a los peligros que puedan sobrevenir como consecuencia de esta batalla por la soberanía energética que afectará a poderosos intereses del mundo rico, las posibilidades y retos valen la pena afrontarlos si realmente deseamos liberarnos para siempre.