Movilizaciones y huelgas fureon anunciados por sindicatos, organizaciones sociales y políticas para rechazar el intento del gobierno de ratificar el Tratado de Libre Comercio con Estados. El gobierno amenaza con reprimir las movilizaciones mientras intenta una reforma del reglamento del Congreso para lograr su ratificación por la vía rápida.

Por lo pronto, los sindiatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) convocaron a una huelga nacional para el 19 de febrero en rechazo al TLC, mientras que se anuncia otra importante movilización para el 26 del mismo mes.

Mauricio Hernández, presidente del Sindicato de Profesionales en Ciencias Económicas del ICE, indicó que varios representantes de organizaciones laborales de la entidad, definirán si las protestas son de un sólo día o por tiempo indefinido.

Sentenció que estarán agotando todas las instancias legales, al tiempo que trabajarán muy de cerca con los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) para evitar que se dé la ratificación del TLC.
Diversas organizaciones sociales adelantaron una caminata en la capital contra el TLC y que se plantea movilizar a unas 50 mil personas.

Eugenio Trejos, presidente del Frente Nacional de Apoyo a la Lucha contra el TLC, dijo que se están ultimando los detalles de la movilización, mientras que Fabio Chávez, presidente del Sindicato de Empleados de la Industria de Comunicaciones y Electricidad, dijo que la jornada servirá para defender el sector agrícola, la generación de empleo, la seguridad social y la pequeña empresa.

"Reivindicamos la soberanía del país y el derecho de los costarricenses a lograr una economía sustentable sin dependencia de finanzas y productos foráneos", explicó el ex candidato presidencial Rolando Araya.
La lucha en detrimento del TLC no es un asunto de sindicalistas, como algunos dicen, sino de los residentes en esta nación centroamericana, alegó el ex diputado Oscar Santos.

El gobierno advierte
Por su parte, el vicepresidente de la república, Rodrigo Arias, hermano del presidente Oscar Arias (premio nobel de la paz) advirtió que la fuerza pública impedirá todo bloqueo de rutas y calles o el cierre de los servicios considerados fundamentales.

Aunque admitió el derecho de los ciudadanos a expresar su descontento, dijo que el Estado contrarrestará el bloqueo de vías de comunicación importantes o el cierre de servicios fundamentales, porque en su opinión, esas prácticas atentan contra los derechos del resto de la población.

Aunque la participación de anteriores gobernantes y del excandidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, indican el sentido pacifista de esas acciones, el gobierno actuará en caso que se produzcan incidentes.

Vía rápida
El oficialista Partido Liberal propone una reforma del reglamento del Congreso a efectos de incluir los tratados internacionales, como el TLC en el mecanismo denominado de "vía rápida", y eludir asi la discusión y aprobarlo practicamente a tapa cerrada.

El PLN (25 diputados) afirmó estar apoyado en su empresa por el Movimiento Libertario (seis), la Unidad Social Cristiana (cinco) y los congresistas independientes Guyon Masey y José Manuel Echandi, a fin de lograr la mayoría de 38 votos necesaria para hacer el cambio.

Pero, los opositores Partido Acción Ciudadana (17 diputados), Partido Accesibilidad Sin Exclusión (uno) y el Frente Amplio (uno), advirtieron que acudirán a la Sala Constitucional para impedir la concreción de tal idea, calificada de "violatoria".

En Costa Rica la vía rápida no se podía aplicar a proyectos de ley que implicaran la creación de nuevos impuestos o la ratificación de tratados internacionales, según expertos.

En caso de aprobarse, el TLC se estaría votando luego de 22 sesiones plenarias del parlamento.
En tal sentido, Alberto Salom, del PAC, advirtió que si el partido gobernante logra imponer su criterio, presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Salom explicó que los tratados necesitan un análisis riguroso para su aprobación, en particular el TLC cuya anuencia apresurada podría afectar importantes acápites legales de la nación.

"La aprobación del TLC no se puede festinar", sentenció el congresista.

Costa Rica negoció, en 2004, el tratado comercial con Estados Unidos junto a las restantes naciones centroamericanas y República Dominicana. Hasta el momento es la única que no lo ha ratificado.

José Merino, legislador del Frente Amplio, consideró inconstitucional votar por la "vía rápida" a favor de un plan como el TLC con Estados Unidos.

"Ese tipo de contrato comercial tiene miles de páginas y representa la transformación de prácticamente toda la institucionalidad del país", aseguró.

Lo anterior, dijo, representa un atropello más en el afán de este gobierno neoliberal de aprobar a toda costa el TLC con la Casa Blanca.