Escribe Ernesto Tamara.

En medio de la mayor crisis política colombiana tras la revelación de los vínculos paramilitares con los dirigentes políticos afines al presidente Alvaro Uribe, el asesinato de testigos, y la evidente impunidad que consagra el acuerdo entre el gobierno y los paramilitares, la Casa Blanca prepara una nueva visita del presidente George Bush a Colombia, y el Congreso norteamericano inició la discusión del "Plan Colombia 2" para destinar más ayuda militar a ese país. Colombia es el tercer país receptor de ayuda estadounidense, detrás de Israel y Egipto.

Entre 2000 y 2006, EE.UU. aportó al "Plan Colombia" cerca de 5.000 millones de dólares, a lo que se debe sumar los aportes del gobierno colombiano y de Europa, para totalizar un gasto de 13 mil millones. Cerca del 80 por ciento de estos fondos fueron destinados a programas militares, antinarcóticos y antiterrorismo y 20 por ciento en desarrollo social y alternativo, según cifras del Center For International Policy (CIP).

Con evidencias muchos menos concretas que las existentes sobre los vínculos del gobierno colombiano con los grupos paramilitares y el narcotráfico, Estados Unidos -entonces presidido por George Bush padre- invadió Panamá. Sin embargo ahora, George W. Bush está preparando una nueva visita a Colombia para respaldar a su principal aliado en la región y para ello ignora olímpicamente sus vínculos con los grupos extremistas paramilitares y el narcotráfico.

Según reveló el diario "El Tiempo" dirigido por la familia del vicepresidente Francisco Santos y del ministro de Defensa Juan Manuel Santos, funcionarios de ambos gobiernos han iniciado las negociaciones para la visita presidencial norteamericana.

Esta sería la segunda visita de Bush al país,ya que el 23 de noviembre de 2004 se entrevistó con el presidente Uribe Vélez en Cartagena.

Antes de él, el presidente estadounidense Bill Clinton visitó también Cartagena, en agosto del 2000, para reunirse con el mandatario Andrés Pastrana. Y mucho antes, George Bush padre visitó Colombia el 15 de febrero de 1990, en la era de Virgilio Barco, durante una cumbre mundial contra la drogas que también se efectuó en la capital de Bolívar.

Las tratativas se filtraron cuando el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos visitaba Washington, donde mantuvo entrevistas con el Secretario de Defensa, Robert Gates -fue su primer encuentro con un ministro latinoamericano-, con la directora de la DEA, Karen Tandy, con miembros del Consejo de Seguridad y algunos senadores estadounidenses. También visitó la sede de la CIA, y después partió a Europa para reunirse con varios ministros de Defensa, en busca de respaldo para continuar con el "plan Colombia" y la solución militar al conflicto.

Al mismo tiempo, el pasado jueves, la canciller María Consuelo Araújo se reunía con el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, a efectos de obtener respaldo a la política oficial. Tras la reunión, la canciller aseguró que desde la Unión Europea seguirán "respaldando los procesos de paz, los procesos de reintegración que estamos presentando como una estrategia a largo plazo".

Más Plan Colombia
La semana pasada, durante su visita a Bogotá, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Thomas Shannon, avaló el resultado del Plan Colombia y anunció que el presidente Bush respaldará la continuación de la ayuda militar y la propuesta del presidente Uribe de un Plan Colombia II, denominado Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social, con mayor inversión social.

El funcionario norteamericano dijo que "El Plan Colombia ha tenido un éxito que el mundo debe reconocer" y afirmó que EE.UU. tiene "plena confianza en el Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, y cada día observamos que las consecuencias de esa confianza se ve con el éxito de Colombia".

Asimismo, Shannon respaldó el silencio de gobierno colombiano sobre las denuncias que lo vinculan a los grupos paramilitares, señalando apenas que "es doloroso a veces y preocupante, pero es saludable porque todo esto está ocurriendo dentro de un marco de leyes y también dentro de un marco institucional".

La segunda fase del Plan Colombia costará 43.836 millones de dólares utilizados en los próximos seis años para lucha contra el narcotráfico, el gasto militar, e inversión social.

Según el anuncio oficial, el 86% de los recursos se destinarán en desarrollo social, mientras que 14% es para gasto militar y lucha contra las drogas.

Se teme que el dinero para resarcir a las víctimas de los paramilitares surja de esta inversión social, ya que no existe ningún plan del gobierno para expropiar las riquezas de los jefes paramilitares acogidos al proceso de paz, sí por el contrario iniciativas para legalizar sus malhabidas fortunas.

Para la abogada colombiana Diana Murcia,entrevistada por la televisora venezolana Telesur, "El Plan de Colombia tuvo una inversión de más de 10 mil millones de dólares, donde aproximadamente 70 por ciento lo puso Colombia, eso en materia de inversión, pero en materia de gasto es mucho mayor", sostuvo.

Explicó que "si bien es cierto que EE.UU. compró un helicóptero, por ejemplo, (...) Colombia gasta mucho dinero en mantenimiento y seguridad de la aeronave, es decir, el dato de más de 13 mil millones de dólares de inversión, se incrementa muchísimo en términos de gastos", precisó.

En materia de derechos humanos, la analista colombiana aseguró que "se fortalecieron una fuerzas militares que tienen récord en violación a los derechos humanos. Actualmente no se esconde la práctica recurrente del ejército de realizar ejecuciones extrajudiciales y presentarlas como muertes en combate", aseveró.

Para Murcia, en Colombia "hay un favorecimiento total a la militarización del país", pues asegura que el gobierno colombiano pasó de tener durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) "un pie de fuerza de aproximadamente 250 mil hombres a tener casi 400 mil hombres en armas" durante el gobierno de Uribe.
"Sin contar las agencias de inteligencia que han sido totalmente permeadas por los planes de EE.UU., a través de la estrategia del Plan Colombia", añadió.

La abogada comentó que las visitas del secretario adjunto de Estados Unidos, Tomas Shanonn, a Colombia y la del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, a Washington, son "una continuación de la diplomacia binacional, para consolidar los nuevos enfoques del Plan Colombia".

4.000 fosas comunes
A mediados de la semana pasada, el fiscal general, Mario Iguarán adelantó que con las declaraciones de los jefes paramilitares desmovilizados, han ubicado unas 4.000 fosas comunes, aunque hasta ahora sólo han comenzado a trabajar en unas 500.
El fiscal aseguró que la responsabilidad principal de esas muertes les compete a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aunque también se podría incluir a otros grupos de derecha activos en el país, e incluso a los cárteles de la droga, aunque es evidente que existe un extrecho vínculos entre paras y el narco.

Al mismo tiempo, Gustavo Adolfo Muñoz, representante de la Fundación Nueva Esperanza, reveló que los paramilitares confirmaron que no han mantenido personas secuestradas, por lo que las 1.140 personas de una lista de supuestos secuestrados por esas organizaciones, están muertos.

Los paramilitares, refirió Muñoz, afirmaron que las personas que retuvieron lo fueron para investigación por delación de guerrilleros detenidos, capturados o desertores.

Las responsabilidades
Según un estudio de la Comisión Colombiana de Juristas, el 75% de asesinatos y desapariciones en el país fueron cometidos por agentes del Estado.

El informe detalla que durante el primer período del presidente Álvaro Uribe, 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas por motivos de violencia socio-política. Después de su desmovilización (noviembre de 2003), las autodefensas fueron responsables de la muerte y desaparición de 976 personas cada año.
Según la Comisión Colombiana de Juristas, en los últimos cuatro años murieron asesinadas o fueron desaparecidas 11.292 personas, y el 75 por ciento de estas acciones fue responsabilidad del Estado.

El estudio de la Comisión da cuenta de las 908 víctimas (14%) que dejaron agentes estatales como policías o militares; 3.907 víctimas murieron o están desaparecidas "por tolerancia o apoyo a grupos paramilitares" (60.98%); y a las guerrillas como las FARC y el ELN se les atribuye el 24,83 por ciento de los casos, es decir 1.591 víctimas entre 2002 y 2006.

Además, se calcula que 6.192 personas fueron detenidas arbitrariamente. "En la mayoría de los casos, las violaciones estuvieron precedidas por detenciones arbitrarias y, en algunos casos, de desapariciones forzadas (...) en una muestra de 98 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre julio de 2002 y junio de 2006, 46 personas civiles fueron presentadas como muertas en combate en algunos de los operativos militares", dice el informe.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares también fueron medidas en esta investigación. Después de la desmovilización del primer grupo de las AUC las autodefensas fueron responsables de la muerte y desaparición de 976 personas cada año, cifra mucho menor a la que se registró entre 1996 y 2002, cuando el número de víctimas fue de 1.756 personas.

Para la Comisión de Juristas, este resultado se debe a un cambio en la estrategia de los 'paras', que pasaron de masacres como la de El Salado, Ovejas y el Alto Naya, a asesinatos más selectivos y de menor cuantía. "El Gobierno no ha reaccionado al respecto a pesar de haber anunciado que el proceso de desmovilización de las AUC estaba sujeto a la condición de que tales grupos no ejecutaran ni un asesinato más. Por el contrario, el Alto Comisionado dijo en algún momento que el cese de hostilidades era una metáfora que debía manejarse con mucha flexibilidad", agregó Gustavo Gallón, director de la Comisión.

Apuntan a Uribe
El ex presidente de Colombia y ex Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, responsabilizó al presidente Alvaro Uribe por el auge los grupos paramilitares. "Él ha hecho una política muy enérgica contra la guerrilla y en eso lo respaldamos. En cuanto al paramilitarismo ha ocurrido lo opuesto. Ya estamos viendo cómo están matando a testigos y personas que están participando en la búsqueda de la verdad", dijo en una entrevista al diario El Tiempo, donde cuestionó el discurso del presidente de hacer un juicio al Estado colombiano.

Uribe dijo que habría que hacer un juicio simbólico -sin procesados ni condenados y sin reparaciones- por la responsabilidad del Estado en el desarrollo de la violencia. Para muchos, las declaraciones del mandatario es un intento por atribuir responsabilidades a los mandantarios anteriores y suavizar la suya.

Este planteo fue rechazado por todos los ex presidente, y especialmente por Gaviria, que subrayó que el actual gobierno ha sido "laxo" con el paramilitarismo. Además desafió al primer mandatario a presentarse ante la Suprema Corte de Justicia para que ese organismo revise la actuación de ambos gobiernos. "Que él exponga sus dudas sobre mi gobierno y nosotros las denuncias sobre la falta de claridad del Presidente en la lucha contra el paramilitarismo".

Por otro lado, el senador Gustavo Petro, líder del Polo Democrático en el Senado, acusó al presidente Alvro Uribe de eludir asumir su parte de responsabilidad en el crecimiento de la violencia y el poder de los paramilitares en el país.

Petro admitió que "la construcción del régimen mafioso tiene muchos culpables y es un proceso histórico", pero sostuvo que Uribe, tiene parte de responsabilidad, y recordó que "En su gobernación, en Antioquia, hubo un grave problema de derechos humanos y mientras él se dedicó a luchar contra la guerrilla dejó que crecieran los paramilitares y esa es una responsabilidad concreta. No podemos olvidar que Uribe, una vez dejó la Gobernación, hizo un homenaje público al general Rito Alejo del Río, su amigo personal. Han aparecido nuevas evidencias de que él estaba comprometido con el paramilitarismo. Lo acaba de hacer el mismo testigo que acusa al coronel Mejía, testimonio que ha determinado que Santos saque a Mejía del Ejército. Ese mismo testigo acusa al general Rito Alejo del Río. Por qué no se atreven a juzgar al general".

"Hay datos que Uribe no le ha contado al país: por qué defendió al coronel Santoyo, quien interceptó las comunicaciones de organizaciones de derechos humanos en Antioquia y por qué en ese momento en una de ellas, Asfades, desaparecieron a Claudia Monsalve. En el proceso en el que desaparece su hermano -el de Monsalve- , hoy estancado, se demuestra que había un grupo paramilitar con familiares del presidente Uribe metidos ahí.

Asesinan lider campesina
Aunque el presidente Alvaro Uribe expresó su dolor y rechazó el asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo ocurrido el pasado miércoles, y anunció una millonaria recompensa por la captura de los autores, no puede evitar el hecho de que los organismos del Estado facilitaron la acción de los asesinos.

Yolanda Izquierdo fue asesinada el pasado miércoles cuando salía de su casa y su esposo, Francisco Torreglosa, se encuentra malherido en una clínica de Montería.

Los medios informativos recuerdan que desde su asistencia a la primera declaración pública del desmovilizado jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, en diciembre pasado, la dirigente campesina comenzó a recibir amenazas de muerte.

El reporte precisa que cuando salía de su vivienda en el barrio Rancho Grande, de Montería, a recibir a su esposo, dos hombres en motocicleta se les acercaron, cruzaron varias palabras con ellos, y dispararon contra la pareja.

Yolanda Izquierdo, junto al agricultor Manuel Argel, encabezó la fila de víctimas de los paramilitares en las primeras audiencias de Mancuso, en diciembre pasado.

Izquierdo y Manuel, apuntan, se habían convertido en los voceros de los campesinos dueños de tierras arrebatadas, vendidas o abandonadas a la fuerza desde el 2000, cuando comenzaron las presiones de las AUC.
Hace una semana, Izquierdo denunció al diario El Tiempo que cuando regresó a Córdoba, después de participar en las audiencias de Mancuso, le informaron que había una orden para matar a la mujer que coordinaba a las víctimas de los despojos de los paramilitares.

Asimismo, el abogado Mauricio Caballero, quien representa a 863 víctimas de las AUC, reveló que una semana antes del asesinato, la víctima recibió una llamada telefónica donde la advirtieron: " Yolanda y Manuel, piérdanse que los van a matar.

Debido a esas amenazas, la líder campesina había recurrido en varias oportunidades a la Fiscalía General a solicitar protección, pero en todas las ocasiones le dijeron que debía esperar hasta que el pedido hiciera trámite, reveló el abogado. Caballero dijo que "si no se hace nada, el próximo muerto va a ser Manuel".
Antes del asesinato de Izquierdo también fue ultimado en la misma región, el presidente del Comité de Desplazados de la localidad de Cotorra, Freddy Espitia.