El gobierno del presidente Hugo Chávez -cumpliendo con muchos más de los requisitos que tanto exigen los paladines de la democracia occidental de Washington y Bruselas- es decir apoyado en el respaldo mayoritario de los venezolanos dado en un buen número de elecciones y consultas democráticas, ha resuelto este año devolverle al país bienes públicos que fueron robados en la avalancha de las privatizaciones de los años 90.

Cabe recordar, ya que tanto se habla de libertad, democracia y formas democráticas, que estas privatizaciones o apropiación de bienes de todos los ciudadanos de un país por manos privadas, se realizaron mediante oscuros manejos presidenciales y parlamentos que entre gallos y medianoche le dieron el visto bueno al despojo a cambio de coimas y variopintas corrupciones. En el caso de Venezuela como se sabe, la calesita histórica del poder oligárquico que tenían montada Acción Democrática y el Copei se vino al piso, con la salida estrepitosa del gobierno corrupto y represor de Carlos Andrés Pérez, que agotó la confianza y la paciencia de los venezolanos.

Ahora asistimos a todo un escandalete mediático, bien orquestado internacionalmente por la oligarquía venezolana y poderosos intereses económicos y políticos internacionales, preocupados de un atentado contra la libertad de expresión por el anuncio del presidente Chávez de no renovarle el permiso de emisión a Radio Caracas Televisión (RCTV).

En su negro prontuario RCTV tiene, el haber participado en la orquestación y apoyo al golpe de Estado de 2002 junto a otros tres, grandes medios privados que controlan el 90 por ciento de radios, canales de televisión, diarios y revistas del país.
Marcel Granier, el principal propietario de este canal el día del golpe, ordenó a sus empleados no transmitir ninguna información sobre Chávez, sus seguidores, sus ministros o cualquier otra persona que pudiera estar relacionada con él. Después cuando fracasó la intentona y Chávez fue liberado por militares leales y el pueblo insurreccionado, los golpistas de la TV se pusieron a emitir dibujos animados como si nada hubiera pasado ni nada tuvieran que ver con las muertes que provocaron en las calles y el haber sometido a prisión a un presidente democráticamente elegido.

Pero lo más interesante es que en la Venezuela del gobierno de Chávez, sólo un canal de televisión fue cerrado temporariamente por razones políticas. Le sucedió a Canal 8 que lo clausuró no Chávez, sino la junta golpista de Carmona el Breve, clausura que fue aplaudida por RCTV calurosamente durante esas 47 horas de festín fascista.

Y por el contrario hasta ahora, pese a toda las campañas de mentiras, manipulaciones e intentos subversivos contra la nueva y auténtica democracia venezolana, ni antes ni después del golpe de Estado, el gobierno bolivariano cerró a Globovisión, Televen, Venevisión y RCTV, todas en manos de activos participantes golpistas.

Si todos estos poderosos círculos políticos, eclesiásticos y empresariales que ahora acusan a Chávez de dictador, se interesaran realmente por la salud de la democracia y la soberanía popular no tendrían que preocuparse de que el Estado usando sus prerrogativas constitucionales controle y haga cumplir las leyes que protegen el derecho del ciudadano de poder expresarse y ser bien informado, e impedir que los medios de comunicación preconicen la subversión y el derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido. Legalmente además es el Estado el propietario de las señales de emisión y del derecho de concederlas en usufructuo. En ese sentido el ministro de Información William Lara, declaró que esta medida de cesarle el permiso a RCTV es irreversible y que su fundamento constitucional, legal y reglamentario es sólidamente incontrovertible. Lara aseguró de que no existe ningún peligro que amenace la libertad de prensa: El incremento del número de emisoras de radio, televisión, periódicos, revistas, páginas de Internet y su diversidad de orientaciones políticas, es la mejor garantía de que los venezolanos seguirán contando con información plural.

En Venezuela una cosa está clara, se acabó el tiempo de la libertad de unos pocos para poder robar y mentir. Aunque en Washington y Bruselas se ataquen de los nervios.