La populosa Avenida de Mayo fue nuevamente escenario el pasado jueves de una gran marcha popular en demanda de la aparición con vida del testigo Jorge Julio López, al cumplirse cuatro meses de su secuestro.

Organizaciones populares y de derechos humanos, así como varios partidos políticos se sumaron a esta nueva manifestación, con la cual reclaman de las autoridades una acción más efectiva para buscar y encontrar al albañil de 77 años.

López declaró contra el capo policial Enrique Etchecolatz, quien lo detuvo, torturó y mantuvo desaparecido durante la última dictadura militar (1976-83).

El 18 de septiembre, un día antes de la condena a prisión perpetua del represor, salió de su casa y nada más se supo de él.

Las agrupaciones integrantes de la multisectorial Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia se concentraron frente al edificio del Congreso y marcharon por la avenida hasta Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del gobierno, donde leyeron un documento.

En la proclama, consensuada por unas 100 organizaciones, además de urgir a las autoridades a incrementar las acciones y los recursos para agilizar las investigaciones, se pide el total esclarecimiento del secuestro de Luis Gerez.

Testigo en una causa por violación de derechos humanos contra el ex comisario Luis Patti, el también albañil de 56 años desapareció el 27 de diciembre y fue liberado dos días después con evidentes signos de tortura.

Para las organizaciones de derechos humanos López fue secuestrado por grupos cercanos a ex represores, que buscan evitar los juicios reabiertos y para ello amedrentan a testigos.

El presidente Néstor Kirchner avaló la idea de que López fue secuestrado por grupos "paramilitares y parapoliciales" que quieren "extorsionar a través del miedo" para obtener impunidad, según aseguró por cadena nacional el 29 de diciembre, en medio de la conmoción por la desaparición de Gerez, un militante kirchnerista que había declarado contra el ex comisario Luis Patti en el Congreso y que estuvo 48 horas secuestrado.

Mientras sigue adelante la investigación, el cuerpo de delegados de Subterráneos, del Sindicato Ceramista de Neuquén, de Astilleros Río Santiago y la junta interna del Hospital Garrahan emitieron un documento en el que advirtieron que, además de la ola de intimidaciones a quienes participan de los juicios por violaciones a los derechos humanos, se está produciendo una serie de "ataques violentos contra distintos dirigentes y activistas del movimiento obrero y popular".