Víctimas del terrorismo de Estado y organismos defensores de los derechos humanos celebraron la activación de la causa contra la ex presidenta argentina María Estela Martínez, más conocida como Isabelita Perón.

La viuda de quien fuera tres veces mandatario de Argentina, el general Juan Domingo Perón, quedó en libertad condicional tras permanecer arrestada durante varias horas en Madrid, España, donde reside desde 1981.

Isabelita fue detenida luego de que el juez federal argentino Raúl Acosta libró el pasado jueves una orden de captura internacional en su contra, en relación con la causa por la desaparición de un joven durante su gobierno (1974-1976).

Se trata de Héctor Fagetti, desaparecido el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe militar que derrocó a la antigua gobernante e instauró en este país una de las más sangrientas dictaduras (1976-1983) de América Latina.

Elsa Sosa, viuda de Fagetti, confesó su agrado por la detención transitoria de la ex presidenta y demandó su enjuiciamiento en Argentina.

"Lo viví con mucha alegría, soñé 31 años con esta posibilidad", dijo Sosa a la capitalina Radio Mitre, y aseguró que la medida representa el principio del fin de la impunidad.

Manifestó, además, que la otrora jefa de Estado, de 75 años, tiene que asumir su responsabilidad en los hechos que se le imputan y ser juzgada por los tribunales locales.

Tati Almeida, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, cuyo hijo también se encuentra desaparecido desde el gobierno de Isabel, consideró la apertura del caso como "un logro que no imaginábamos".

Ahora esta en manos de la justicia y ella dirá qué grado de responsabilidad le cabe en esta tenebrosa historia, agregó.

"Tiene que salir a la luz lo que estas personas hicieron", remarcó Almeida, quien se congratuló de la repercusión de la noticia en todo el mundo, en particular en los medios escritos, radiales y televisivos españoles.

El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que de una vez por todas tenemos que llegar al problema en sí y descubrir cómo se generó el terrorismo de Estado.

"Esto se vino armando desde el tercer gobierno de (Juan Domingo) Perón", denunció el reconocido defensor de los derechos humanos.

"Creo que los argentinos hemos madurado lo suficiente como para llegar hasta el propio Perón en las investigaciones sobre los crímenes de los setenta", insistió Pérez Esquivel.

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, calificó de excelente la detención durante unas cinco horas de Martínez de Perón.

Abogó porque vayan a la cárcel otros colaboradores de la administración de Isabelita, porque ellos "pensaban que había que exterminar a nuestros hijos y por lo tanto tienen que ir presos", sentenció.

El magistrado que ordenó su captura estimó que la desaparición de Fagetti fue avalada por tres decretos firmados en 1975 por el gobierno de Martínez, los cuales habilitaron a las fuerzas de seguridad a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos".

"A la hora de la relación de los imputados con la causa, ella era mandataria del país y las detenciones en San Rafael (provincia de Mendoza) se produjeron en el marco de esos decretos y se hicieron por el Ejército y la Policía", indicó el juez.

Esos mismas medidas fueron utilizadas años más tarde por los jerarcas de las Fuerzas Armadas para justificar su accionar violento durante la cruenta dictadura, período en el cual desaparecieron más de 30 mil argentinos.

Pericia psiquiátrica

El juez español Juan del Olmo ordenó que se le realizaran pericias psiquiátricas a la ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón, Isabelita, para verificar si las ausencias y fragilidades mentales que exhibió durante su declaración son ciertas o sólo una simulación para complicar su trámite de extradición.

Del Olmo fue el responsable de informar a Isabel de su imputación en el caso del joven Héctor Fagetti, secuestrado y desaparecido durante su Gobierno, gracias a la firma de tres decretos en los que se ordenaba "aniquilar la subversión". Luego de tomarle declaración, la dejó en libertad provisional, con la condición de presentarse cada dos semanas para manifestar su intención de no escapar a la Justicia.

Tras ser consultada sobre si deseaba ser extraditada a la Argentina, Isabel respondió que no, mientras se encargaba de dejar bien en claro, y en reiteradas oportunidades, que sufría "problemas psiquiátricos", con "ausencias" y "alucinaciones". Del Olmo sospecha que se trata de una simulación y ordenó verificarlo mediante una pericia.