escribe Andrés Solíz Rada

El nuevo YPFB debe cuestionar el derecho que se atribuye Petrobrás de anotar como suyo en las Bolsas de Valores el valor de las reservas que se adjudicó en contratos de producción compartida.

LA PAZ. La refundación de YPFB es una de las tareas más importantes del país para el 2007. De ella dependerá rectificar los retrocesos que sufrió la nacionalización del primero de mayo de 2006 con los contratos suscritos con las petroleras, el 28 y 29 de octubre últimos.

El nuevo YPFB debe cuestionar el derecho que se atribuye Petrobrás de anotar como suyo en las Bolsas de Valores el valor de las reservas que se adjudicó en contratos de producción compartida, cuyos anexos "f" (retribución del Titular) y "g" (inversiones realizadas), no fueron conocidos ni aprobados por el directorio del ente estatal. Las demás empresas, al imitar a Petrobrás, realizarán anotaciones similares por el total de nuestras reservas, las que ascienden a un mínimo de 200 mil millones de dólares.

El anexo "f" convirtió los contratos de operación, sujetos a "retribuciones", pactados en el contrato marco, en contratos de producción compartida, por los que el Estado reconoce "participaciones", que originaron la confusión existente. Así se ha desvirtuado el punto 4.3 del contrato marco, que establece la propiedad total y absoluta del Estado sobre sus hidrocarburos. Corresponde a YPFB anotar a su nombre el valor de nuestras reservas, el que debe servir para la emisión de bonos de garantía, que permitan obtener recursos de las Bolsas de Valores destinados a la industrialización del gas y la construcción de gasoductos internos.

YPFB, en cumplimiento del Decreto de Nacionalización, debe disponer que las auditorias a los campos sirvan de base para determinar las retribuciones o participaciones definitivas de las empresas. Lo anterior cuestiona las hipertrofiadas inversiones (3.500 millones de dólares), que dicen haber efectuado las compañías. Petrobrás, por ejemplo, asegura que invirtió 395 millones de dólares en Caranda y Colpa. Las auditorias demuestran que esa inversión sólo llegó a 21 millones de dólares (casi veinte veces menos).

YPFB puede controlar mucho más del 50 % más uno de los paquetes accionarios de las "capitalizadas", Chaco, Andina y Transredes. Para ello necesita ejecutar las deudas que estas empresas tienen con el Estado por delitos que cometieron en el país.

Chaco se acogió al "arrepentimiento eficaz", luego del contrabando de crudo realizado por varios años. Pero su "arrepentimiento" sólo llegó a parte de su delito.

Con la liquidación de las cuentas pendientes, Chaco será controlada por YPFB. Andina (administrada por Repsol) cometió "estafa agravada", por 171 millones de dólares, al vender gas a Petrobrás a espaldas de YPFB (contrato hedging), por más de tres años.

La suma es más que suficiente para que YPFB controle mayoritariamente la compañía.

Enron y Shell ganaron la licitación para constituir, junto a las AFP, la empresa Transredes y manejar casi todos los gasoductos y oleoductos del país, con la condición de invertir 263 millones de dólares.

El 16 de mayo de 1997, Enron y Shell hicieron el depósito en el City Bank de Nueva York. Luego de enviar la boleta de depósito a La Paz, en la tarde de ese mismo día transfirieron esa suma a cuentas de sus subsidiarias. Por esta estafa, hace rato que Transredes debió pasar al control de YPFB. Los contratos vigentes determinan que el IVA y el Impuesto a las Transacciones (IT) sean "costos recuperables" a favor de las empresas, además de otros gastos que incluyen hasta los riesgos exploratorios.

Sólo una empresa estatal, integrada por gente capaz, incorruptible y patriota, evitará que a título de "costos recuperables" continúe la incontrolable succión de recursos. La industrialización del gas, iniciada en los departamentos productores, y la construcción de grandes gasoductos al interior de Bolivia, es función de la nueva empresa estatal, la que, en última instancia, tendrá en sus manos parte vital del destino nacional.