Tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de aceptar la posición del fiscal Enrique Moller de archivar el caso por la desaparición y asesinato de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, María Claudia García, al considerar que el caso estaba comprendido en la ley de Impunidad, el gobierno uruguayo aseguró que continuará con las excavaciones en su búsqueda y que en breve presentará un proyecto de ley para procesar a los militares responsables de estos crímenes.

Además, el gobierno se mostró de acuerdo con el planteo argentino de extraditar a siete militares y un policía por la desaparición de María Claudia García de Gelman. El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, afirmó que apenas llegue el pedido será elevado a la Justicia y que cuando regrese el presidente Vázquez habrá importantes medidas para revisar la Ley de Caducidad.

El gobierno dará curso a la Justicia para que decida sobre la extradición de ocho militares acusados de violar los derechos humanos que anunció el gobierno argentino.

Tras la decisión de la Justicia uruguaya de archivar la causa por el secuestro y asesinato de María Claudia García, el secretario de Derechos Humanos del vecino país, Eduardo Luis Duhalde, pidió al juez federal Norberto Oyarbide la captura internacional y extradición de los siete militares y el policía implicados en ese delito de lesa humanidad y como tal imprescriptible.

En la querella presentada por esta Secretaría de Derechos Humanos por el secuestro y desaparición de María Claudia García Irureta Goyena nos hemos presentado pidiendo que, a tenor de la decisión del Tribunal de Apelaciones uruguayo que ordenó el archivo de las investigaciones que se realizaban (...), el juez dispusiera la captura y solicitara la extradición de todos los militares y ex policías uruguayos involucrados, y hemos dado una lista de ocho nombres, explicó Duhalde.

Se calcula que el juez Oyarbide demorará unos 15 días en tener prontos los pedidos de extradición. Este es el mismo juez que durante la administración Batlle había pedido la detención y extradición de los represores implicados en el caso de la nuera de Gelman. En aquel momento se rechazó el planteo respaldándose en la Ley de Caducidad.

Todavía no se había dispuesto una captura de ellos con anterioridad a ese pedido y los mismos no concurrieron. Hoy hay suficientes elementos de juicio para pensar que Gavazzo y compañía fueron coautores de la desaparición forzada y al mismo tiempo del trágico final de María Claudia, opinó el secretario de Derechos Humanos de Argentina.

El secretario de Presidencia uruguaya, Gonzalo Fernández, dijo al diario argentino Página/12 que le parece correcta la decisión de la Argentina: tiene pleno derecho a reclamar la extradición y que apenas reciban el pedido se le dará curso.

Por su parte, el senador Enrique Rubio anunció que el gobierno impulsará un proyecto de ley que declararía imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Según el senador la decisión no está motivada en el reciente fallo judicial del caso Gelman, sino que se venía trabajando desde hace bastante tiempo. Se basa en la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, que considera que estos delitos son permanentes,  mientras no se establezca el destino de las víctimas. Así, el delito se sigue cometiendo.

Va a haber sin duda una iniciativa parlamentaria, afirmó Rubio, y agregó que obedece a un punto de vista compartido en su fuerza política y en el gobierno sobre el tema.

Hace 15 días, recordó el legislador, el presidente Vázquez dijo que si no aparecían evidencias, eventualmente se podía tomar el otro camino: considerar permanentes los delitos.

Si no aparecen evidencias materiales de acuerdo a como se había anunciado, entonces estaríamos en este marco de situación, sostuvo Rubio.

Agregó que en el período pasado impulsaron esta ley pero no tuvieron votos e insistió en que la idea no surge por los episodios de la últimas 48 horas.

En estas cosas no se puede improvisar, apuntó, y destacó que están en una etapa avanzada de consultas jurídicas y políticas.

Aunque en última instancia será la justicia quien laude en estos temas, el poder político va acatar de acuerdo a los compromisos éticos que tiene, comentó.