escribe Ricardo Daher

El próximo 20 de febrero, España someterá el texto de la Constitución europea a referéndum, el primero que se realiza en la Unión Europea, después que los parlamentos de Hungría, Letonia y Eslovenia lo ratificaron sin consulta con la ciudadanía. La Constitución deberá ser sancionada antes de finales de 2006 por los 25 estados miembros por cualquiera de esas vías -parlamento o referéndum- aunque no se prevé que sucederá si no todos los países miembros de la Unión la ratifican.

En una solución bastante ambigua la Unión Europea ha destacado que si en el plazo de dos años no se logra la aprobación de la Constitución por los cuatro quintos de los Estados miembros, y si alguno o varios tienen dificultades para ratificarlo, "el Consejo Europeo se ocupará de la cuestión".

De esta manera, los funcionarios que redactaron el texto y el parlamento europeo que lo aprobó, no consideraron la posibilidad de que la ciudadanía lo rechazara, y en último caso, dejan la decisión final al órgano más ejecutivo y menos democrático de la Unión.

España inicia el camino de la consulta popular del texto constitucional europeo pero con una trampita. La consulta a la ciudadanía no es vinculante, y una votación mayoritaria del NO puede modificarse cuando la Constitución europea sea puesta a consideración del parlamento español, donde el Partido Socialista a la Alianza Popular tienen mayoría y están a favor de la misma.

Portugal, que había anunciado un referéndum para abril de este año, podría aplazar la convocatoria según el resultado de las elecciones parlamentarias previstas para fines de este mes.

Para el mes de junio, Francia y República Checa convocarán a plebiscito para ratificar la Constitución, y también para mediados de año, sin una fecha aún definida, los Países Bajos e Irlanda convocarían a los ciudadanos a consulta. Luxembrugo ya fijó la fecha del 10 de julio para la consulta; Gran Bretaña convocará a las urnas para la Constitución europea recién en el 2006, después que se realicen las elecciones parlamentarias, mientras que Polonia y Dinamarca, que también han anunciado la realización de referéndums, no han fijado fecha.

El gobierno socialdemócrata de Suecia decidió ratificar la Constitución europea sometiéndola al parlamento, aunque sectores de diversos partidos, incluyendo el de gobierno, han iniciado la recolección de firmas para solicitar al gobierno que convoque a un plebiscito.

Una Constitución de la economía de mercado

El texto aprobado en el parlamento europeo fue redactado por una convención de 105 personas, presidida por el ex presidente de Francia Giscard D´Estaing y encontró su primer escollo cuando los gobiernos conservadores de España -presidido entonces por José María Aznar- y Polonia, insistían en hacer muy clara la referencia al orígen cristiano de Europa.

Posteriormente, con el cambio de gobierno en España, fue más fácil llegar a un acuerdo y el texto constitucional fue sancionado en el parlamento europeo.

En el proceso de elaboración, no se realizaron consultas a las organizaciones sociales y políticas de la Unión. Una vez que la convención de tecnócratas y/o ex políticos, acordó un texto, y tras un acuerdo político entre los gobernantes de los 15 países miembros de entonces (posteriormente se integraron otros 10 países a la Unión), fue puesto a consideración del parlamento.

En su primer artículo, el texto señala que la Constitución nace de la "voluntad de los ciudadanos y de los Estados", después que se cambió la redacción primaria que en lugar de ciudadanos, decía pueblos. El cambio tenía como objetivo limitar las posibilidades de los nacionalistas de reivindicar autonomías con el texto Consitucional y evitar la contradicción con otra parte del texto en donde se garantiza que las actuales fronteras de los Estados serán las definitivas.

Además de asegurar las actuales fronteras -que puede ser presentado como un elemento estabilizador habida cuenta de los antecedentes de las guerras mundiales- la carta magna establece de hecho un impedimento para la posible creación de un Estado europeo único y la creación de una "ciudadanía europea" al confirmar que la misma sólo se adquiere a través de los Estados.

El texto sostiene, y establece, que los Estados miembros se regirán por la economía libre de mercado. Es decir que consagra un modelo de sociedad y lo eleva a un grado constitucional, cuando siempre ha sido una opción política. Si los ciudadanos de un Estados votan un gobierno que promueva un modelo alternativo de desarrollo, con políticas estatales para eliminar las diferencias sociales y económicas, quedaría limitado en su acción, a riesgo de "violar" la Constitución europea.

El líder de Izquierda Unida de España, Gaspar Llamazares, afirmó que la constitución refleja un desequilibrio profundo en favor de la dictadura de mercado y niega aspectos sociales y ecológicos.

Subrayó que en el texto se habla 78 veces de la necesidad de la competencia de mercado, 28 veces de la estabilidad de precios, y son contadas con los dedos de una mano los aspectos sociales.

El integrante de la presidencia federal de Izquierda Unida de España, Enrique Santiago, reiteró que la Constitución consolida un modelo neoliberal y "limita casi hasta hacer imposible la intervención del Estado para corregir desigualdades".

Desde la vereda de enfrente, Iñigo Méndez, eurodiputado conservador, destaca este aspecto al sostener que "Europa apostó desde sus inicios por el modelo económico basado en el capitalismo renano" contrario a los modelos socializantes

Otro representante de Izquierda Unida, de España, contrario a esta Constitución, calificó a la misma de "texto neoliberal" ya que a su juicio, los elementos competitividad y libre mercado son los que prevalecen frente a los conceptos sociales" y que destaca más los aspectos de economía libre de mercado que los referentes a la protección del trabajador. En este sentido recordó que existe una directiva de la Comisión Europea, a tono con el texto constitucional, por la que un país miembro de la Unión, que instale una empresa en otro país miembro, tendrá la posibilidad de que los mecanismos legales, la normativa laboral, el nivel de los salarios y las prestaciones sociales, sean las del país de origen. Eso significa, por ejemplo, que una empresa polaca podría instalarse en Suecia, Alemania o España, y podrá contratar polacos y regirse por las leyes laborales y niveles salariales del país de origen.

Por ejemplo, la Constitución establece:

Art. I.3.2: "La Unión ofrecerá un mercado único en el que la competencia sea libre y no esté falseada".

Art. I.3.3: "La Unión obrará en pro del desarrollo basado en una economía social de mercado altamente competitiva".

Art III.177: "la instauración de una política económica que se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia".

Art. III.148: "Los Estados miembros se esforzarán por proceder a una liberalización de los servicios más amplia que la exigida en virtud de la ley marco europea".

Art III.167: "Quedarán prohibidas las ayudas estatales que falseen o amenacen la competencia".

Para muchos partidarios del NO, la Constitución es un retroceso en las garantías a los trabajadores. Se pone como ejemplo que sustituye el concepto de "derecho al trabajo" por "derecho a trabajar". El derecho al trabajo se considera el de la dignidad y estabilidad del único patrimonio de los trabajadores, el puesto de trabajo, y eso es lo que, en este Tratado, no solamente no se recoge, sino que se cercena. Ese "derecho a trabajar" no va acompañado de las condiciones de dignidad para ejercerlo, ni tampoco de los derechos a percibir un salario justo, prestaciones por desempleo o pensiones públicas suficientes, ni otros servicios públicos, que son eliminados o privatizados.

"Todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro" señala la Constitución. Es decir, el derecho al trabajo queda substituido por la "libertad" para buscar.

El artículo II-75 queda definida, además, la discriminación de los trabajadores inmigrantes "que estén autorizados": no se les garantizan los mismos derechos que el resto, sino "unas condiciones laborales equivalentes". Nada dice de los no autorizados, que existen y existirán a millones en la Unión Europea, a causa del empobrecimiento sistemático de sus países.

Contra las autonomías

El eurodiputado Méndez también fue claro al sostener que la nueva Constitución limita los deseos independentistas o autonómicos de cualquier pueblo, como por ejemplo el vasco. Sostiene que "está fuera de toda duda el rechazo de la Constitución europea a planes secesionistas, como el de Ibarretxe, (propuesta de ampliar la autonomía del país vasco del gobierno de Madrid presentada por el presidente del gobierno autónomo), porque la organización territorial es competencia de un Estado y no puede ser alterada unilateralmente por una parte de éste y porque las fuentes de legitimidad de la Unión son los Estados y los ciudadanos y no los pueblos".

Por otra parte, eurodiputados a favor y en contra del texto constitucional, coinciden en que la carta magna avanza hacia una Europa más militarizada. Bajo el supuesto de que Europa se debe convertir en un contrapeso al poder de Estados Unidos en el mundo, se apuesta a la militarización a través de imponer el compromiso de que los países miembros aumenten sus gastos en defensa, y otorguen un mayor papel a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El dirigente de Izquierda Unida de España, Enrique Santiago, destacó que la nueva Constitución "supedita las políticas de seguridad exterior de Europa a las obligaciones adquiridas en el seno de la OTAN". Esto es preocupante, añadió, porque en la OTAN hay países que no son países de la Unión Europea, como Turquía y Estados Unidos.

Además, el texto constitucional establece el principio de guerra preventiva, también bajo el supuesto de combatir el terrorismo.

"La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas", reza el texto constitucional.

"Los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares. Se crea una Agencia en el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa, la investigación, la adquisición y el armamento (Agencia Europea de Defensa) para identificar las necesidades operativas, fomentar medidas para satisfacerlas, contribuir a identificar y, en su caso, a aplicar cualquier medida oportuna para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa, para participar en la definición de una política europea de capacidades y de armamento, así como para asistir al Consejo en la evaluación de la mejora de las capacidades militares", expresa el artículo I-44 de la Constitución. Este desarrollo queda fuera del control del parlamento, el que sólo será informado.