escribe Eduardo Andrade Bone

Después que los abogados que forman parte de la defensa del ex dictador Augusto Pinochet, hicieran uso de todos los resquicios judiciales para que no fuera interrogado, el juez Juan Guzmán pudo finalmente realizar la declaración indagatoria, para que posteriormente pueda resolver si somete a proceso al ex militar que se encuentra inculpado en la desaparición de 18 personas por acción de los aparatos represivos de la dictadura militar, en el marco de la denominada «Operación Cóndor», un sistema de coordinación de los servicios de inteligencia del Cono Sur latinoamericano durante la década del 70.

Como era de esperar, el «honorable y valiente soldado», se declaró inocente de los crímenes de la «Operación Cóndor» y deslindó responsabilidades ante el juez Guzmán, señalando «que él sólo se preocupaba de las cosas importantes del Gobierno, pero no de las cuestiones menores. De éstas se encargaron los mandos medios y el director de la DINA, Manuel Contreras».

Augusto Pinochet negó además haber tenido conocimiento de que los presos políticos desaparecieran en el marco de esas acciones represivas y rechazó que los servicios de inteligencia del Cono Sur de América detuvieran a chilenos en esos países y luego los entregaran a agentes de la DINA.

Sin embargo el abogado Juan Carlos Manns, defensor de Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la disuelta DINA, pocos días antes del interrogatorio a Pinochet, sostuvo ante la Sala Penal de la Corte Suprema «que su cliente y ese organismo represor dependían y recibían órdenes directamente del dictador Augusto Pinochet». Lo que significa, que de ser procesado el mayor responsable del régimen militar, éste tendría que ser careado con Contreras.

Ya realizadas estas indagaciones el juez Guzmán deberá ordenar que Pinochet sea sometido a exámenes médicos y psiquiátricos; una vez establecida la situación del salud del ex dictador éste deberá determinar si procede o no someterlo a un eventual juicio, lo declare reo o simplemente quede impune.

Mientras tanto, el abogado Hugo Gutiérrez informó el fin de semana que «lo que cabe, a nuestro entender es que Pinochet sea sometido a proceso. Esto al margen de las consideraciones que el ministro (Juan) Guzmán pueda estimar que pueden o deben hacerse exámenes médicos con antelación al auto de procesamiento, puesto que nadie puede estar al margen de la ley y menos por los crímenes que se están investigando», afirmó el destacado abogado de causas de Derechos Humanos. Ahora una vez que los abogados querellantes le presenten una solicitud a Guzmán para que someta a proceso a Pinochet, éste deberá ordenar su arresto domiciliario y proceder al embargo de sus bienes. Si bien es cierto que el abogado Eduardo Contreras admite que es difícil que se llegue más allá, porque el juicio puede alargarse años. «Pero desde el punto de vista ético, moral e histórico ya está condenado. Y la condena pública y mundial es lo más fuerte».

En todo este batallar por establecer la verdad y proceder con la justicia, uno de los aspectos más importantes es como el propio juez Guzmán actúa con consecuencia jurídica y de acuerdo a lo expresado con sus propias palabras cuando se hacía la siguiente pregunta: «¿Qué habría pasado si todos los jueces hubiesen cumplido sus funciones? Quizás no hablaríamos de más de cinco mil muertos ni mil desaparecidos», está fue la crítica o mea culpa que el juez Guzmán formuló al rol del Poder Judicial durante la dictadura militar al rechazar una centena de recursos de amparo. El magistrado pronunció estas palabras durante su intervención en la conferencia sobre la defensa de los Derechos Humanos que organizó la Universidad Internacional SEK hace algunos días atrás.

Guzmán basándose en el libro «Luchar contra la impunidad», del juez francés Louis Joinet, el magistrado señaló que «para que haya reconciliación y sanar la impunidad en un país después de un período difícil, se deben cumplir cinco factores: establecer la verdad, aprender de los errores del pasado, el juzgamiento y la reparación a las víctimas y sus familias. Además los instigadores no pueden quedar impunes en el sentido de que no sólo se debe perseguir a quienes llamó «segundos sables», es decir a los que cumplieron las órdenes».

Otro de los aspectos que ha destacado la prensa local al ser interrogado por Guzmán, es el hecho que tan sólo cinco de sus partidarios hayan llegado hasta las afueras de su mansión para expresarle su solidaridad, quedando en evidencia que Pinochet está más solo que nunca.

El ex dictador no solo afronta juicios por los crímenes perpetrados bajo su régimen y por ser el ideólogo de la «Operación Cóndor», sino que también es investigado por otro juez especial, que ya lo interrogó antes que se le despojara su fuero, en este caso por delitos de fraude, malversación de fondos públicos y cohecho. Causa que se abrió en Chile después de que un subcomité del Senado de los EE.UU estableciera que Pinochet acumuló entre 4 y 8 millones de dólares en cuentas corrientes en el banco Riggs, entre 1994 y 2002.

Guillermo Teillier , Secretario General del Partido Comunista, declaró a los medios de comunicación que «vamos a seguir actuando en los Tribunales realizando protestas y vamos aprovechar la presencia de lideres de la APEC para entregarles dossier donde explicamos la verdad sobre lo que sucede en Chile». De allí que los comunistas chilenos junto a las organizaciones de Derechos Humanos y los familiares de las víctimas, han reafirmado la intención de seguir luchando por lograr la verdad y la justicia, teniendo como principal objetivo evitar la impunidad de los criminales.