Poco antes de que los jefes de Estado aprueben una Constitución para la Unión Europea, se realizan las elecciones al parlamento europeo. Elecciones que todavía no han logrado entusiasmar a los más de 300 millones de posibles votantes. La desinformación, o la escasa influencia de este organismo en los asuntos trascedentales para la Unión y para cada uno de los estados nacionales, como los asuntos financieros, ha contribuido a esta aparente apatía.

Una de las últimas votaciones del parlamento europeo que ya caducó su mandato, se refirió al informe de una comisión que estudió el desfalco de millones de dólares en uno de los máximos organismos de la UE, el Consejo Europeo. Pese a las evidencias del hecho, la mayoría del parlamento resolvió no continuar con las investigaciones y dar por zanjado el hecho, que involucraba al presidente del Consejo, el italiano Romano Prodi.

Entre el 11 y el 13 de junio próximo se vota en los 25 países de la Unión Europea los representantes al Parlamento Europeo que, después de la ampliación de 15 a 25 miembros, aumenta el número de curules de 626 a 732, aunque algunos ven reducida su representación.

Pese a la desconfianza, se considera que el parlamento europeo mantendrá su importancia en cuanto al control de las finanzas del organismo central, aunque sin posibilidades de incidir en los asuntos económicos financieros que rigen para los estados miembros, la legislación en diversas áreas, en especial las reglamentaciones ambientales, derechos laborales y otros.

En las elecciones al parlamento europeo, no se elige representantes nacionales, sino por sectores políticos, ya que las bancadas no se constituyen por país, y por lo tanto reflejan más la tendencia política general de Europa y de las naciones más importantes económicamente y en número de habitantes (que tienen mayor número de parlamentarios).

Aunque en el pasado parlamento existían siete bloques, en cada país varía el número de listas. También son diferentes los sistemas electorales nacionales para este órgano común.

Por ejemplo en España y Suecia, hay un solo distrito electoral, mientras que en la mayoría de países existen varios. La manera de contabilizar los votos también es diferente. Esto hace, por ejemplo, que exista una gran disparidad de listas. En España hay treinta y dos listas, tras la sentencia del Tribunal Electoral de ilegalizar la candidatura de los vascos de Herritarren Zerrenda.

En Polonia, país con una población casi igual a la española hay 203 listas, en Francia 114 listas, de las cuales treinta y cinco están encabezadas por mujeres, en Finlandia catorce listas, etc. Esto provoca la aparición de listas más o menos folclóricas: No al euro, Listas de cazadores, País Nuevo, Partido de pensionistas, todo tipo de Alianzas, etc.

La Constitución Europea

Cuatro días después de las elecciones parlamentarias, entre el 17 y 18 de junio, los jefes de Estado y Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunirán para aprobar una Constitución Europea. También se deberá designar, por mayoría calificada, al presidente de la Comisión Europea.

El borrador anterior de Constitución, presentado en diciembre por el presidente en ejercicio de la UE, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, no recibió el concenso suficiente para ser votado.

La Carta Magna, en caso de acuerdo entre los jefes de Estado, no necesitará la sanción del parlamento de la Unión, y en muchos casos ni siquiera la aprobación de los parlamentos nacionales, aunque por ejemplo Gran Bretaña ha anunciado que la someterá a plebiscito.

El actual reparto del poder en la Europa Comunitaria fue la cuestión clave de las negociaciones sobre el borrador de la Carta Magna Europea en diciembre y posteriormente. Entonces Polonia y España, sobre todo, luchaban por mantener el sistema de votos acordado en Niza y que permitía a países de mediano tamaño, y con alianzas adecuadas, frenar las iniciativas de los más poderosos. Por su parte, Alemania y Francia reclaman un nuevo sistema de votación que sería ventajoso para los estados más grandes. El mismo supone un nuevo mecanismo de voto basado en la "doble mayoría", es decir, más de la mitad de los estados que representen al menos al 60% de la población.

Las principales discrepancias vienen dadas fundamentalmente entre los países pequeños y grandes, y entre aquéllos que están más o menos inclinados a la idea de una Europa federal.

En términos generales, los países más pequeños tienden a defender el principio de una Comisión y un Parlamento europeos con amplios poderes.

Alemania, el país más grande de la Unión, es partidaria de una idea federal de Europa, pero otros miembros prefieren aplicar un concepto de cooperación intergubernamental a través del Consejo de Ministros.

Las principales discusiones están centradas en el voto en el Consejo de Ministros, el número de miembros de la Comisión Europea -equivalente al Ejecutivo de cada país-, el poder de veto en algunas cuestiones, y la referencia a la religion en el preámbulo de la Constitución.

El último borrador

La presidencia de turno de la UE, del primer ministro de Irlanda, Bertie Ahern, ha difundido un documento en el que traza las líneas de las discusiones.

En su opinión el sistema de "doble mayoría" -de Estados (50%) y de población (60%)- para las decisiones comunitarias es la variante que cuenta con más adeptos, aunque reconoce que hay países que no la amparan. Sin embargo admite por primera vez , la posibilidad de hacer "algunos ajustes" a la propuesta de la Convención.

Respecto al Parlamento Europeo la presidencia sólo se refiere ahora a que los países menos poblados deben disponer de un mínimo de escaños.

El otro tema fuerte de discusión, el número de integrantes de la Comisión Europea -que hasta ahora integraba a todos los países miembros- la presidencia presenta una etapa de transición donde se establece un Ejecutivo comunitario con un representante por país miembro hasta 2014, y a partir de esa fecha definir uno más reducido, de entre 15 a 18 miembros para lograr un funcionamiento más eficaz.

El otro tema que levanta la oposición, especialmente de Gran Bretaña, se refiere a las políticas que deben ser decididas por mayoría cualificada o por unanimidad. Londres pretende mantener el veto para las decisiones comunitarias que tengan que ver con la fiscalidad, Seguridad Social, (sobre todo en el campo de los trabajadores inmigrantes), o en la reforma del sistema de ingresos de la Unión.

El Secretario del Foreign Office, Jack Straw, ha advertido igualmente a sus socios de que en política exterior y de seguridad Londres ya ha hecho todas las concesiones posibles.

El voto en el Consejo de Ministros

Ese órgano intergubernamental de la UE agrupará a los gabinetes ministeriales de todos los países miembros. El proyecto establece que las decisiones en el consejo deben adoptarse por el sistema de "doble mayoría" (50% de Estados que a su vez representen el 60% de la población comunitaria)
España y Polonia se oponen a esta idea y quieren que se mantenga la fórmula acordada en el Tratado de Niza hace tres años, que les otorga casi el mismo número de votos que los grandes poderes del bloque (Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia) en el Consejo de Ministros.

Miembros de la Comisión Europea

El proyecto propone una comisión de quince miembros con derecho a voto y diez miembros sin ese derecho.

Sin embargo, en la reunión de finales de noviembre de Nápoles los negociadores acordaron una fórmula basada en el principio de "un país, un voto", por el que cada estado contaría con un representante de plenos derechos en la Comisión. Para algunos países, no es práctico contar con una comisión de 25 miembros votantes.

Poder de veto

El texto dice que el poder de veto de los estados miembros se mantendrá en área clave como política exterior, defensa e impuestos, como lo ha exigido el Reino Unido. Sin embargo no se ha alcanzado un consenso en este tema.

Religión

El preámbulo del texto constitucional no hace mención al cristianismo, ni a ninguna otra creencia religiosa, algo a lo que se opone Polonia, y durante el gobierno de José María Aznar, con el apoyo de España, Irlanda e Italia.

En cambio Francia, respaldada por Bélgica, Suecia y Dinamarca, opinan que no debe hacerse referencia en la Carta Magna a ninguna religión.

El borrador a discusión propone también la creación de una presidencia permanete del Consejo de Ministros que hasta ahora ha sido rotativa cada seis meses. También se propone convertir en un solo puesto las actuales responsabilidades de Comisario de Relaciones Exteriores y Representante de Política Exterior.

El borrador también propone conceder más poder al parlamento europeo que aprobará casi todas las decisiones de la Unión y designará al presidente de la Comisión Europea.