escribe Eduardo Andrade Bone

El retrógrado Senado chileno decidió no otorgar el indulto a los presos políticos chilenos, de los cuales cuatro de ellos estuvieron en huelga de hambre por más de 74 días, los que podían haber culminado en trágicas consecuencias.

El Senado de este país que está formado, en parte por ex funcionarios y asesores de la dictadura de Pinochet, lo decidió en una votación de 25 votos a favor del indulto, 17 en contra y una abstención. Sin embargo, la votación no alcanzó el quórum de 29 votos que se necesitaban para aprobar la ley de indulto, referida a los condenados por delitos políticos y que hubieran cumplido 10 años como mínimo de prisión, los cuales en su mayoría permanecen en la Cárcel de Alta Seguridad.

La sesión de la Cámara Alta discutió por más de cuatro horas la posibilidad de resolver el indulto, ante un Parlamento que se encontraba abarrotado de familiares de los presos, de representantes de organizaciones de derechos humanos, de abogados ligados a las causas de derechos humanos, periodistas y la presencia del Vicario de la Pastoral Social, monseñor Alfonso Baeza, quien en diversas oportunidades solicitó a los parlamentarios la aprobación del indulto. Luego de la votación del Senado, las personas que se encontraban en las graderias fueron desalojadas por las fuerzas policiales, ante posible disturbios dentro del reciento legislativo.

Mientras tanto, más de 300 personas estuvieron en la Plaza de la Constitución, esperando el resultado de la votación del Senado, una vez conocido los resultados de la decisión parlamentaria las personas que se encontraban en el lugar realizaron manifestaciones de protesta, para luego ser reprimidas por las fuerzas policiales, con el saldo de 22 detenidos, de los cuales 12 eran mujeres. En diversos barrios populares de Santiago se realizaron acciones de protesta, lo que en algunos casos culminaron con enfrentamientos con las fuerzas represivas.

El gobierno de Ricardo Lagos, tras conocer los resultados de la votación a través del ministro del Interior manifestó «que los proyectos de derechos humanos que están en el Parlamento constituyen ya un resultado global y reiteró su deseo de continuar conversando sobre estas materias». El ministro rechazo la posibilidad de que el primer mandatario hiciera uso de su facultad presidencial, para proceder con el indulto correspondiente, pués señaló «que esta medida era inconstitucional», dejando entrever una vez más las limitaciones de la Constitución del 80 heredada de la dictadura de Pinochet y con la cual han gobernado los gobiernos post dictadura, en donde el primer mandatario no es más que una figura decorativa y que solo puede resolver cuestiones ligadas al funcionamiento de la administración pública.

Ahora el Movimiento Poder Democrático y Social, a través de Mario Rivas, llamó al gobierno a «no endosarle solamente la responsabilidad al Parlamento sobre el indulto, porque la principal responsabilidad la tiene el gobierno y no necesita de ningún proyecto de ley para poner en libertad a los presos políticos» afirmó.

El ex asesor de la dictadura y actual líder de la derecha pinochetista, además de alcalde del municipio de Santiago, Joaquín Lavín, llamó «a tener mano dura con los presos políticos y a no conceder ningún tipo de indulto o beneficios a los reos por causas políticas y luego reiteró que en un eventual gobierno suyo no habría clemencia para los delincuentes políticos».

La presidenta del Partido Comunista Gladys Marín y su Secretario General, Guillermo Teillier han condenado la conducta asumida por el gobierno, ante la situación que viven los presos políticos. La dirigente en medio del tratamiento médico al que está siendo sometida por un tumor cerebral maligno, exigió la inmediata libertad de los presos.

«Tengo bastante restricciones médicas todavía, pero he querido venir a la Cárcel de Alta Seguridad a reafirmar mi compromiso total con la libertad de los presos políticos, absolutamente ese es mi compromiso,porque mi vida, cualquiera sean las condiciones, continúa siendo una vida de lucha por la libertad, por la democracia de todos los seres humanos», afirmó.

Guillermo Teillier, ha reiterado su más profunda solidaridad con los presos políticos, así como también ha manifestado su desaliento ante el papel asumido por el Parlamento, por «el hecho de que la derecha ha cerrado sus posiciones». Es más, los senadores del pinochetismo han reiterado la necesidad de buscar una solución global, tanto para los presos polícos, como para los responsables de los crímenes cometidos en dictadura, lo que significa que el proyecto de ley de indulto seguirá atascado en el Congreso.
Lo señalado por Teillier, fue reafirmado por el ministro José Miguel Insulza quién no descarto una solución integral a los derechos humanos, cuando el gobierno explora un indulto acotado para beneficiar a los violadores de los derechos humanos.

Hugo Gutiérrez abogado ligado a las causas de derechos humanos, expresó a los medios de comunicación locales que «el gobierno tiene la posibilidad de dejar en un 90% de los presos políticos, pero yo creo que se ha demostrado una desidia y falta de voluntad política por parte del presidente Ricardo Lagos», agregó.

El senador pinochetista Alberto Espina (RN) también mencionó la facultad individual del indulto presidencial, sostuvo que los «únicos caminos posibles es que el Gobierno vaya al indulto particular caso a caso, que es una materia que depende del gobierno en cuanto a la voluntad de querer hacerlo», agregó.
Finalmente las organizaciones de derechos humanos y los familiares de los presos, manifestaron su deseo de seguir bregando en su lucha por terminar con la existencia de los presos políticos en Chile, además de denunciar la situación en todas las instancias internacionales que sea posible, reiterando la necesaria solidaridad de todos aquellos que luchan por el respeto de los derechos humanos en el mundo.